El Supremo multa con 2.500 euros a dos exdiputados de la CUP por negarse a testificar

Dos dirigentes del partido antisistema CUP, Antonio Baños y Eulália Reguant, han protagonizado este miércoles el primer incidente serio en el juicio del procés que se sigue en el Tribunal Supremo. Ambos políticos, citados como testigos por la acusación popular de Vox y también por algunas defensas, han sido sancionados con una multa de 2.500 euros por no querer contestar, como es su obligación legal como testigos, a las preguntas del partido de extrema derecha. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, tras advertirles de que estaban obligados a contestar a las preguntas de todas las partes y explicarles la diferencia con la condición de acusados, que tienen posibilidad de no contestar o de mentir, ha optado finalmente por imponer la multa y darles cinco días para que se replanteen su decisión o  pondrá el caso en manos del juzgado de guardia por si su actitud fuera constitutiva de desobediencia grave.

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El artículo 716 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "el testigo que se niegue a declarar incurrirá en la multa de 200 a 5.000 euros, que se impondrá en el acto" y que "si a pesar de esto persiste en su negativa, se procederá contra él como autor del delito de desobediencia grave a la Autoridad", penado con prisión de tres meses a un año o multa de seis a 18 meses.

El primer incidente lo protagonizó Baños, portavoz de la CUP en el Parlament en la legislatura de 2015, que anunció que no iba a contestar a las preguntas de Vox “por dignidad democrática y antifascista”. "No nos puede negar la posibilidad de responder y sepa que no contestar puede tener consecuencias penales para usted que el tribunal no quiere poner en marcha. Si usted se niega hacemos constar en acta que se ha negado y usted tiene asumir las consecuencias", le ha advertido Marchena.

"Con el fin de evitar el desenlace que no queremos poner en marcha, le pregunto al señor letrado si tiene algún problema de formular las preguntas a través de la presidencia". Vox ha accedido y el juez Marchena ha comenzado a repetir las preguntas que dictaba el abogado del partido de extrema derecha.

A la tercera pregunta, Baños ha hecho ver que las preguntas que dice Marchena son las que plantea Vox. "Hemos terminado, se va a dejar constancia en acta de que usted no quiere contestar a través de la presidencia. Vamos a poner término a su testimonio, dejamos constancia de que se niega. Lo que ha dicho usted está muy claro y la solución está muy clara. Vamos a suspender cuatro minutos".

A la vuelta de ese receso, Marchena ha anunciado que el tribunal “va a deducir testimonio”, es decir, poner el caso en manos del juzgado. “Puede usted recoger su carné de identidad”, le ha dicho.

Después ha entrado a declarar Eulália Reguant, concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona, también citada por Vox, a cuyas preguntas se ha negado también a responder. "Me gustaría poder declarar en catalán si es posible" y "asumiendo las consecuencias frente a un partido machista y xenófobo no contestaré a un partido de extrema derecha", ha manifestado.

"Puede usted marcharse, usted es testigo en respaldo de una acusación, si no permite que la acusación le haga las preguntas para respaldar su escrito no tiene sentido que se le deje contestar a las defensas. Coja su carné y no pasa nada, se actúa como exige la ley con los testigos que no quieren declarar", ha dicho Marchena, que ha dado paso después a la declaración como testigo de Núria de Gispert, expresidenta del Parlament.