El Gobierno suspende la subvención de 340.000 euros a la abadía del Valle de los Caídos
El Ejecutivo paraliza la partida de este año porque la fundación no justifica las ayudas, según la portavoz del Gobierno
Patrimonio Nacional, dependiente de Vicepresidencia y responsable de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, ha congelado la ayuda anual de 340.000 euros que reciben los monjes benedictinos en concepto de gastos corrientes para cumplir con el encargo del rey Juan Carlos I de custodiar los restos del dictador Francisco Franco. Sin embargo, tal y como ha señalado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, la cantidad para 2019 no se ha hecho efectiva porque "no se estaba cumpliendo razonablemente con lo que significaba la justificación de esas subvenciones", tal y como adelantó este lunes EL PAÍS.
Este ha sido el motivo por el que Patrimonio Nacional ha exigido a la abadía del Valle de los Caídos que presente “un presupuesto equilibrado, fundamentado y veraz” para poder recibir la subvención anual. La partida, recogida en los Presupuestos Generales de 2018, será transferida cuando los monjes presenten “un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado” que se pueda analizar “económica y contablemente”. Hasta el momento, la Fundación ha vivido sin la necesidad de justificar sus gastos.
En el informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas de 2013, ratificado en 2017, se subraya la “necesidad de una regulación más completa y precisa (...) a fin de que se esclarezca suficientemente el régimen jurídico [de la fundación]”. El informe describe “insuficiencias” en la regulación económico-financiera, así como en el modelo de gestión, y recomienda a Patrimonio Nacional que registre de forma “separada y rigurosa el patrimonio, los gastos y los ingresos”. El organismo ya apuntó entones que “no se elabora un presupuesto de ingresos y gastos, ni se rinden cuentas de su ejecución”. Y señalaba que de la subvención ahora congelada “no se ha rendido nunca cuenta justificativa".
La Fundación del Valle de los Caídos no tiene regulación, ni patronato que la gestione, ni estatutos, ni protectorado desde su fundación, hace más de seis décadas. Los especialistas reclaman un marco jurídico que defina y aclare su misión en democracia. Hasta ahora, ha mantenido aquella con la que nació: custodiar la memoria y los intereses del dictador. Es, en fin, una fundación fuera de la Ley de Fundaciones, porque tiene carácter público y está adscrita a Patrimonio Nacional. Altos cargos de Patrimonio Nacional aclararon a este periódico que “no rinde cuentas”. Este organismo explica que sus labores de gobierno las ejerce “transitoriamente” desde 1982, a la espera de que el Ejecutivo de turno adapte el régimen jurídico de la fundación.
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