El Gobierno teme que el acercamiento a los independentistas acabe en fracaso

Durante años, Mariano Rajoy escuchó el mismo mantra que venía no solo de los independentistas, sino de muchos sectores en Cataluña y en el resto de España: “Muévase, haga política”. Desde que le relevó en La Moncloa, Pedro Sánchez, que al contrario que Rajoy necesita a los independentistas para gobernar, prometió que buscaría “soluciones políticas a un problema político”. Ocho meses después, todo el esfuerzo de gestos y decisiones con coste político en una parte del electorado socialista, que incluyó un cambio clave en la posición de la Abogacía del Estado y unos Presupuestos muy favorables a Cataluña, puede ser inútil si finalmente ERC y PDeCAT votan el próximo día 13 rechazar las cuentas a la primera.

Ese coste político que supone la negociación con los independentistas es tan alto en algunas zonas que barones y alcaldes socialistas han trasladado al Gobierno que lo mejor para ellos sería que no salieran los Presupuestos. Así podrían romper el eje de la campaña de PP, Ciudadanos y Vox, esto es, la “entrega” del PSOE a los independentistas. Pero el Gobierno ha decidido jugar fuerte y ahora, aunque no da la batalla por perdida porque las enmiendas se pueden retirar hasta el último minuto y la decisión no parece estar tomada, se arriesga a un enorme fracaso.

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Incluso en el juicio, el gran problema que complica cualquier negociación —las imágenes del traslado de presos han causado un gran impacto en el independentismo, señalan políticos de este sector consultados— el Gobierno había dado un paso simbólico que estaba convencido de que podía dar sus frutos. En el Ejecutivo creen que la posición de la Abogacía del Estado, controlada directamente desde La Moncloa, de apuntar al delito de sedición y no al de rebelión podía “ofrecer una alternativa”, en palabras del Gobierno, y lograr que el lento proceso del juicio, sumado a múltiples pruebas que señalan que nunca se hizo efectiva la declaración de independencia y que no hubo violencia armada, podrían conducir el proceso hacia ese delito de sedición. Los independentistas siempre consideraron este gesto muy insuficiente e incluso agresivo, porque la Abogacía no se quedó solo en acusar de malversación. El Gobierno insiste en que era lo contrario: una forma de defender otra opción más suave en un juicio muy complejo con una posición muy dura de la Fiscalía, sobre la que el Ejecutivo no tiene ahora ninguna influencia.

Con el tiempo, el Gobierno ha ido subiendo su apuesta para convencer a los independentistas, asumiendo costes cada vez más altos, aunque siempre con la línea roja de descartar de plano cualquier referéndum de autodeterminación y respetar la autonomía de los fiscales —entre otras cosas porque cualquier movimiento ahí habría tenido el efecto contrario, señalan en el Gobierno—. Los guiños han sido en pequeñas dosis, pero puestos todos en fila muestran hasta qué punto Sánchez ha jugado fuerte, visto desde el punto de vista del coste electoral, para lograr atraerse a los independentistas.

No solo se recuperaron las reuniones de las comisiones bilaterales y se retiraron recursos de inconstitucionalidad importantes que la Generalitat reclamaba. Además, se dio un salto político que hace solo dos meses se decía que era imposible por el coste para el PSC. Miquel Iceta ha llegado a ofrecer el apoyo de su partido para los presupuestos catalanes, una jugada arriesgada.

Después llegaron las cuentas del Estado, con un fuerte aumento de la inversión en Cataluña, que pasa del 13% del total en el último año de Rajoy al 18%, cumpliendo así una vieja reclamación de los independentistas. Y por último, el Gobierno de nuevo ha asumido el coste de proponer la creación de una “mesa de partidos que vehicule una propuesta política sobre el futuro de Cataluña”. Todo es cuestión de perspectiva. Para los independentistas, esta propuesta es la nada si se limita a los partidos catalanes, como reclama el Ejecutivo, porque es algo que ya se ha intentado y ha fracasado por el rechazo de PP y Ciudadanos y la división interna de los nacionalistas. Para la oposición, por el contrario, esa mesa es material inflamable que alimenta su discurso de que Sánchez es capaz de cualquier cosa para seguir en La Moncloa.

Los independentistas consultados insisten en que la decisión no está tomada y el próximo fin de semana habrá mucho debate interno. La guerra sin cuartel entre ERC y el PDeCAT y las fechas endiabladas —las enmiendas a los Presupuestos se votan al día siguiente del comienzo del juicio, con el impacto emocional que eso supone— hacen imprevisible el resultado. Los más favorables a permitir la tramitación de las cuentas, que están sobre todo entre los diputados de ERC y PDeCAT, reclaman al Gobierno “una propuesta final imaginativa” para desencallar la negociación antes del día 13. En La Moncloa insisten en que se han acabado los cartuchos y ya han hecho todo lo que podían. Miembros del Ejecutivo empiezan a temer que triunfen los sectores dentro del independentismo que creen en el “cuanto peor, mejor”, esto es que creen que pueden fortalecerse con un Gobierno de PP y Ciudadanos apoyado por Vox. “Sería una fábrica de independentistas como lo fue la última etapa de Aznar”, sentencia un miembro del Ejecutivo. “Los cascos azules siempre se llevan la peor parte”, resume con melancolía. Aun así, en el PSOE creen que si el independentismo tumba las cuentas a la primera, el relato que le queda a Sánchez es fácil de gestionar. No tendrá gobernabilidad, pero sí discurso: él lo intentó pero no pasó las líneas rojas y por eso no hay Presupuestos. Sería el mejor escenario para muchos barones y alcaldes.

¿Aguantaría el Gobierno el golpe de una votación así? La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que habría elecciones en 2019. El fantasma del superdomingo —generales, autonómicas, municipales y europeas juntas en mayo— no ha desaparecido del todo aunque en La Moncloa oficialmente no quieren ni oír hablar de ello. “Ahora mismo todos los números dan que las tres derechas sumarían, no parece el mejor momento. Habría que esperar, aunque es una decisión muy difícil que no está ni mucho menos tomada. Aún vamos a intentar sacar los Presupuestos”, sentencia otro miembro del Gobierno. “Ellos [los secesionistas] sabrán si quieren votar con el PP y Ciudadanos con la que está cayendo”, se indigna otro. Desde Cataluña los mensajes que llegan son muy contradictorios, y el Gobierno no sabe a qué atenerse. Queda solo una semana para conocer si ese pozo sin fondo en el que se ha convertido la negociación con el independentismo sirvió para algo o fue perfectamente inútil.