El pasado franquista de Manuel Fraga esquiva la ley de memoria histórica

Más de una década después de aprobarse en España una ley de memoria histórica para borrar de las instituciones democráticas toda huella de exaltación de la dictadura, el currículum franquista de Manuel Fraga resiste. Todos los Ayuntamientos gallegos mantienen las distinciones que le otorgaron al fundador del PP y expresidente de la Xunta hace medio siglo, cuando como ministro de Información y Turismo de Francisco Franco inauguraba paradores y se encargaba de mantener a raya a la prensa. Una treintena de represaliados gallegos de la dictadura reclaman en un manifiesto presentado este martes en A Coruña que le sean retiradas porque "no merece reconocimiento social”.

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Según datos aportados por los promotores del manifiesto, son al menos ocho corporaciones locales (es hijo adoptivo de Santiago, Ferrol, Cedeira, Pontedeume, Verín, Tui y Cervo, y predilecto de Vilalba), además de la Diputación de A Coruña, las que otorgaron títulos a Fraga durante la dictadura. “Hay miedo a tocar a Fraga. PP y PSOE lo tienen porque fue una piedra angular de la Transición, pero hay otros partidos que no estuvieron en ese proceso y tampoco mueven ficha”, señala Manuel Monge, uno de los firmantes.

El texto firmado por una treintena de presos políticos de la dictadura fue presentado en A Coruña, donde se cumplen 50 años del nombramiento de Fraga como hijo adoptivo. Los promotores reclaman al Ayuntamiento de esta localidad que le aplique al fundador del PP la ley de memoria histórica y le retire el título que le concedió el pleno municipal el 24 de diciembre de 1968, una demanda que hacen extensible al resto de municipios gallegos que hicieron lo mismo.

 "Como servidor del franquismo y ministro de una dictadura criminal, Manuel Fraga no merece reconocimiento social", propugnan los firmantes, entre los que están el expresidente de la Real Academia Galega Xosé Luis Méndez Ferrín; los ex secretarios generales de Comisiones Obreras en Galicia Suso Díaz y Xan María Castro; la activista y escritora Elvira Souto; el exconcejal del BNG Manuel Monge y Celsa Díaz Cabanela, que con solo 17 años fue detenida en su instituto y encerrada en la cárcel.

El manifiesto revive el debate que vivió A Coruña hace ocho años, cuando el gobierno local de PSOE y BNG, con la abstención del PP, despojó a Franco y a otros 17 cargos de la dictadura excepto a Fraga. En la comisión de expertos que lo decidió reinó la división de opiniones, pero finalmente se impuso la que defendía, por ejemplo, el representante del Ateneo Republicano de Galicia y que salvaba a quien presidió el Gobierno gallego durante 16 años rebajando su papel en el régimen a un mero "tecnócrata o servidor ministerial".

Los represaliados por la dictadura que firman el manifiesto titulado No queremos al camarada Fraga como hijo adoptivo no están en absoluto de acuerdo con esta última afirmación. Entre 1962 y 1969, afirman, Fraga "fue partícipe y cómplice de toda la política represiva que se aprobaba en el Consejo de Ministros: fusilamientos, cárceles, campos de concentración, despidos, exilio, Tribunal de Orden Público (TOP), graves violaciones de los derechos humanos, expedientes a periodistas, cierre de medios de comunicación y asesinatos de trabajadores".

Además de "participar activamente en la política de represión contra el idioma gallego y los medios de comunicación", recuerdan que el político gallego fue vicepresidente para Asuntos de Interior y ministro de la Gobernación en el Gobierno que presidió Carlos Arias Navarro tras la muerte del dictador, cuando la policía mató a cinco trabajadores en Vitoria durante la represión de una huelga.

"Dentro de la biografía secuestrada de Fraga está su simpatía y admiración por las ideas del fascismo y la negación del Holocausto judío, y firmó en abril de 1971 con otros significados fascistas un manifiesto del Comité Español para la Liberación de Rudolf Hess (número dos de Adolf Hitler), que solicitaba su libertad porque estaba en la cárcel alemana de Spandau", exponen los firmantes del manifiesto, quienes destacan que Fraga "nunca manifestó arrepentimiento ni pidió perdón por los crímenes del franquismo".

Marea Atlántica, la candidatura de unidad popular que gobierna A Coruña, anunció en 2015 que estudiaría la retirada de las distinciones a Fraga, aunque el alcalde, Xulio Ferreiro, ya advirtió entonces de que se trataba de un asunto "controvertido" y que buscaría antes "el mayor consenso posible". En Santiago, Compostela Aberta prometió al llegar al gobierno local que Fraga perdería la distinción de hijo adoptivo que se le otorgó en 1965. El pasado verano, sin embargo, el nombre del expresidente de la Xunta no estaba en la lista de nueve ministros franquistas que se quedaron sin los honores municipales. “Se priorizaron aquellos casos en los que había consenso”, esgrime el gobierno compostelano, que asegura mantener su pretensión aunque la dejará para otro eventual mandato.