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La reunión entre Sánchez y Torra se abre paso pese a los recelos mutuos

La Generalitat trata de garantizar que en dicho encuentro se aborde la raíz del conflicto catalán

José Luis Ábalos, Isabel Celaá y Nadia Calviño, tras el Consejo de Ministros.

El Gobierno y la Generalitat tratan de calmar las aguas antes del Consejo de Ministros del 21-D en Barcelona; no parece fácil. Los dos ejecutivos se tantearon este viernes, con muchas dificultades por los recelos mutuos, y exploraron una posible reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra. La Generalitat trata de garantizar que en dicho encuentro se aborde la raíz del conflicto catalán. Esta exigencia hace que la cita siga en el aire. Sánchez defendió este viernes en Bruselas el viaje a Barcelona como “un gesto de concordia”, pero se ha convertido en un problema político que ambas partes intentan reconducir.

La relación entre la Generalitat y el Gobierno se parece cada día más a una montaña rusa. El lunes, todo parecía camino de la ruptura, cuando el Ejecutivo envió tres cartas amenazando con tomar el control de la seguridad en Cataluña. Solo dos días después, el presidente Pedro Sánchez lanzó en el Congreso mensajes muy duros contra el independentismo. Pero tras un sin número de conversaciones —discretas— para intentar bajar la tensión, tanto el Ejecutivo como la Generalitat suavizaron este viernes sus mensajes, aunque aún no hay acuerdo definitivo. Con todo, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, avisó, tras la celebración del Consejo de Ministros, a preguntas de periodistas, que la reunión no puede ser una cumbre con presencia de consejeros y ministros. El Govern, por su parte, insiste en que el formato no será un problema.

Desde Bruselas, al terminar la reunión del Consejo Europeo, y pese a la presión de sectores de su partido para que rompa con los independentistas, Sánchez volvió al discurso de diálogo, y reivindicó su decisión de trasladar el Consejo de Ministros a Barcelona. “La celebración en Barcelona es una muestra de respeto a Cataluña. Acercar el consejo a la España autonómica es un gesto de concordia. Estuvimos en Sevilla, vamos a estar en Barcelona y en otras ciudades. Es un reconocimiento a la diversidad territorial admitir que no toda la vida política pasa en Madrid. Es una muestra de cariño a la sociedad catalana”, insistió.

El Gobierno lanzó otros mensajes de consenso a lo largo de la jornada. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ofreció por carta formalmente la reunión entre Sánchez y Torra y pidió colaboración. Su homólogo, Pere Aragonès, contestó por la tarde sin dar por cerrada la reunión —pese a que hay indicios de que el encuentro se celebrará— y mostró en un tono constructivo su “voluntad de encontrar los términos y contenidos para hacer efectivo” el diálogo. En plata: se sigue negociando el formato y el guion de la reunión, pero el tono ha cambiado y parece que se hará.
Desde Bruselas, Sánchez parecía aceptar lo que al menos en parte pide la Generalitat: que no sea una cita protocolaria, sino con contenido, con enjundia política. “[Torra] querrá hablar de autodeterminación y yo de precariedad laboral, de la calidad de los servicios públicos, de ver cómo reforzamos el Estado del bienestar”, sentenció.

Fuentes de Presidencia sostienen que no se han movido de la posición que fijaron en la última reunión celebrada entre ambos en julio pasado: que en esa cita se debe de hablar de todos los temas sin excluir nada, en clara alusión al derecho de autodeterminación. “No se trata de hablar, sino de abordar a fondo todos los asuntos”, afirman. “Si no se está en disposición de abordarlos a fondo no hace falta hacer reuniones”, señalan las mismas fuentes. “Para eso ya están las bilaterales entre consejerías y departamentos”.

Sánchez, que se sometía a una rueda de prensa por primera vez después de las elecciones andaluzas, no quiso entrar en el debate que se está generando dentro del PSOE sobre la posibilidad de que la ola de derecha que se ha visto en Andalucía se imponga en toda España y acabe llegando a La Moncloa. Tampoco quiso rebatir abiertamente el temor de algunos dirigentes socialistas de que sea la política del ibuprofeno en Cataluña, como la ha definido Josep Borrell, la que esté perjudicando las expectativas electorales del PSOE.

El presidente se concentró en pedir “sosiego” porque la crisis catalana lleva larvándose al menos 10 años y tardará muchos más en resolverse. Al final, en una repregunta, sí admitió implícitamente que está dispuesto a asumir el coste que puede tener su política en relación con el procés. ¿Teme usted que la política del ibuprofeno en Cataluña acabe con su Gobierno?, le preguntaron. “Yo asumo mi responsabilidad”, contestó con gesto serio.

Desde Berlín, la consellera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, acompañada del diputado fugado Antoni Comín, defendió el derecho que tiene la ciudadanía catalana para protestar por el Consejo de Ministros en Barcelona. “El Gobierno de Cataluña garantizará los derechos de todo el mundo, tanto el de reunión como el de manifestación y de protesta. Recortar el derecho de expresión, el derecho de manifestarse, es un camino muy peligroso que han seguido algunos países europeos y que nosotros nos negamos a transitar”, dijo Artadi tras denunciar la “represión” que en su opinión sufre el independentismo en España, informa Enrique Müller. Con todo, Artadi dijo que el formato de la reunión “no será un problema”. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, confió en que la reunión del 21 no suponga “la militarización del centro de Barcelona” para garantizar su celebración, informa Daniel Cordero. El ambiente de la cita, en fin, no es el ideal, pero ambos gobiernos parecen ahora buscar espacios para bajar la presión.

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