Cuatro décadas para levantar una losa de 1.500 kilos

A las 14.10 del 23 de noviembre de 1975 fueron sepultados en el Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco, fallecido tres días antes. El notario mayor del reino, el ministro de Justicia, Sánchez Ventura, hizo jurar al primer y segundo jefe de la casa militar que el cuerpo que iban a enterrar correspondía a los restos mortales de Franco, que les habían sido entregados en el Palacio de Oriente la mañana del 21 de noviembre. La tumba se colocó en el interior de la basílica del monumento que Franco había ideado 35 años antes para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil, a 1,26 metros de profundidad, y fue forrada con una aleación de plomo y zinc. Nueve canteros colocaron encima, en apenas unos minutos, una losa de 1.500 kilos. La operación de exhumación será técnicamente sencilla, como fue la de inhumación, pero políticamente muy compleja.

La inminencia de la operación, adelantada el pasado junio por EL PAÍS.  ha deshecho el consenso alcanzado hace apenas un año, cuando una propuesta del PSOE para trasladar los restos del dictador fuera del Valle de los Caídos fue aprobada en el Congreso por 198 votos a favor, 140 abstenciones y solo un voto en contra, el de una diputada del PP que se equivocó, ya que su partido se abstuvo. Ahora, los populares aseguran que recurrirán el decreto del Gobierno; y Ciudadanos, que en 2017 votó a favor, dice que se abstendrá.

Este no ha sido el primer intento para democratizar el monumento. El Gobierno de Adolfo Suárez y el primero de Felipe González trataron de crear sendas comisiones para actuar en el complejo y ambos fracasaron. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero convocó a finales de su segunda legislatura a un comité de 12 expertos para elaborar un nuevo plan. Los especialistas, de distintas disciplinas (desde la filosofía al derecho, de la historia a la teología) presentaron su informe con el Gobierno ya en funciones tras haber ganado Mariano Rajoy las elecciones de 2011. Propusieron, tras seis meses de estudio exhaustivo de la situación legal del monumento, trasladar los restos de Franco y convertir el lugar en un museo de la memoria. El consentimiento de la familia nunca fue un impedimento, como sí lo hubiera sido, según los expertos, el veto de la Iglesia, al encontrarse la tumba en el interior de la basílica y tener ese lugar la categoría de cementerio religioso. Incluso los que emitieron un voto particular en contra de la exhumación de Franco, como los juristas Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (ahora en el Consejo de Estado), Pedro González- Trevijano (actualmente en el Tribunal Constitucional) y Feliciano Barrios (secretario de la Real Academia de la Historia) coincidían en que la familia no tenía derecho de veto. “Si en su momento, el Gobierno estimase oportuno el traslado de dichos restos con la dignidad que requiere la inhumación de un jefe de Estado debería valorarse el impacto que ello pudiera tener en la opinión pública para evitar la radicalización de la misma, contar con el más amplio consenso parlamentario al efecto y llevar a buen término la correspondiente negociación con las autoridades eclesiásticas competentes”, decían en su voto particular. Herrero de Miñón aclaró a EL PAÍS que “con dignidad” no quería decir “con honores” y que si no se refirieron entonces al permiso de los descendientes del dictador fue porque “la familia no tiene nada que decir”.

Fue el propio Franco el que se autoexcluyó de ser enterrado en el Valle de los Caídos, ya que no es una víctima de la Guerra Civil. Su salida del mausoleo supondría un cierto alivio para las familias de republicanos que fueron allí enterrados sin su consentimiento en caso de no poder recuperar sus restos por el deterioro del complejo, en el que filtraciones de agua han deshecho las cajas y mezclado los huesos de las criptas donde yacen más de 33.800 personas.

El Ejecutivo quiere actuar con discreción y probablemente repetirá el método que se empleó en las exhumaciones de Sanjurjo y Mola en Navarra (de madrugada, con el personal técnico imprescindible) o en la retirada, también de noche, de la estatua de Franco en la plaza de Nuevos Ministerios, en Madrid. Las concentraciones ultras en el Valle de los Caídos tras conocerse sus planes alarmaron al Gobierno.

Una vez exhumado el cuerpo de Franco, el siguiente paso será la democratización del monumento. Se baraja la idea de convocar un concurso público para repensar el complejo. No hay mucho margen presupuestario, pero el Ejecutivo ya ha invertido grandes cantidades de dinero en los últimos años solo en el mantenimiento del complejo: desde 2012, por ejemplo, han sido más de 12 millones de euros, incluyendo la subvención de 340.000 euros a la abadía benedictina. El propósito del Ejecutivo es orientar esa inversión a la resignificación del monumento, de forma que explique, por ejemplo, cómo fue construido: con el trabajo de casi 20.000 hombres, muchos de ellos, presos políticos. Se estudian distintos ejemplos, como el de la Escuela de Mecánica de la Armada, antiguo centro de torturas durante la dictadura argentina, convertido hoy en lugar de memoria.