Detenido en Manila el expresidente filipino Rodrigo Duterte acusado de crímenes contra la humanidad

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte ha sido arrestado este martes en el Aeropuerto Internacional de Manila por orden del Tribunal Penal Internacional (TPI), que lo acusa de crímenes de lesa humanidad por la sangrienta guerra contra las drogas durante su mandato (2016-2022). Grupos defensores de los derechos humanos aseguran que, durante dicha campaña, decenas de miles de personas fueron ejecutadas de manera extrajudicial.

El líder filipino, de 79 años, ha sido detenido por la policía a su regreso de Hong Kong, donde estaba de viaje, y ha permanecido unas horas bajo custodia en la base aérea de Villamor, según el Gobierno filipino, hasta el despegue de un vuelo a La Haya, donde está la sede del tribunal que lo reclama. Cerca de la medianoche (siete horas menos en la España peninsular), el presidente del país, Ferdinand Marcos Júnior, ha confirmado que el avión con Duterte a bordo ha abandonado el espacio aéreo de Filipinas. “El avión está en ruta hacia La Haya, lo que permitirá que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas”, ha anunciado Marcos, al tiempo que ha subrayado que el Gobierno ha hecho su “trabajo” en cumplimiento de una solicitud de Interpol. “Estoy seguro de que la detención es correcta y ha seguido todos los procedimientos legales necesarios”, ha añadido Marcos.

Sara Duterte, hija del detenido y vicepresidenta del país, ha denunciado el traslado “por la fuerza” de su padre: “Esto no es justicia, es opresión y persecución”. Uno de los asesores jurídicos del detenido, Salvador Panelo, ha calificado el arresto de “ilegal”, alegando, entre otros motivos, que Filipinas se retiró en 2019 del tribunal. De hecho, el país se había negado hasta el año pasado a cooperar con la investigación del TPI, argumentando que no tenía jurisdicción sobre el caso.

“A primera hora del martes, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Manila recibió la copia oficial de la orden de arresto”, ha informado el Ejecutivo filipino. “El expresidente y su equipo gozan de buena salud y un médico del Gobierno los está examinando”, según el comunicado sobre la detención, recogido por la agencia de noticias PNA. Las autoridades aseguran que los agentes de policía que ejecutaron la orden de arresto iban equipados con cámaras corporales para garantizar la transparencia de la operación.

La orden emitida por el TPI contra Duterte lo acusa de crimen de lesa humanidad por los asesinatos de la campaña contra las drogas. Según el documento, de 15 páginas, el expresidente dirigió el llamado Escuadrón de la Muerte de Davao antes de asumir el liderazgo del país y luego supervisó la ofensiva antidrogas desde la presidencia. El TPI sostiene que estas operaciones constituyeron un ataque sistemático contra la población civil, con miles de víctimas. Además, señala que Duterte no solo permitió las ejecuciones, sino que también suministró armas, ofreció incentivos financieros y garantizó impunidad a los responsables.

“Tendrán que matarme primero”

Duterte y sus acompañantes aterrizaron este martes en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila poco después de las nueve de la mañana hora local (poco después de la una de la madrugada en la España peninsular). En ese momento, el fiscal general del país presentó la notificación del tribunal, y las fuerzas de seguridad nacional escoltaron al expresidente fuera del aeropuerto. Minutos antes de su detención, al bajar del avión, el político se mostró desafiante: “Tendrán que matarme primero”, declaró, fiel a su estilo, según recogen los medios locales.

“Muéstrenme ahora la base jurídica por la que me encuentro aquí”, se escucha decir a Duterte en un vídeo publicado por Rappler, en el que se le ve sentado en un sillón y con semblante serio. El ambiente parece relajado. “Deben responder por esta privación de mi libertad”, prosigue.

Una figura aún influyente

Aunque Duterte abandonó la política en 2022, continúa siendo una de las figuras más influyentes de Filipinas. De hecho, su hija Sara es la vicepresidenta de la República. El exmandatario ha disfrutado, además, de relativa inmunidad a pesar de las múltiples acusaciones que pesan en su contra. En Hong Kong, ciudad que acoge a una gran comunidad filipina (es la minoría étnica más numerosa de la urbe, con 130.000 personas), Duterte había participado en un acto electoral previo a los comicios de mitad de mandato del próximo 12 de mayo.

El exmandatario parecía mantener su impunidad bajo el mandato de su sucesor, Ferdinand Marcos Júnior ―apodado Bongbong―, el primogénito de Ferdinand e Imelda Marcos, cuyo régimen cleptocrático y déspota gobernó el país entre 1965 y 1986. Marcos Jr. llegó a la presidencia en 2022, tras forjar una alianza política con Sara Duterte-Carpio, hija del polémico exmandatario y favorita en todas las encuestas antes de decidir presentarse al cargo de vicepresidenta.

Pese al idilio inicial entre las dos poderosas familias, los lazos se rompieron con rapidez por las crecientes tensiones dentro de la coalición y a las ambiciones políticas de ambos bandos. Bongbong comenzó a distanciarse de los Duterte, principalmente en temas como la cooperación con el TPI y el control sobre las fuerzas de seguridad, lo que culminó en enfrentamientos públicos y el debilitamiento del respaldo de la vicepresidenta dentro del Ejecutivo.

A finales de 2023, el Gobierno de Marcos Júnior permitió discretamente la entrada de investigadores del TPI en Filipinas. Y el año pasado, la Cámara de Representantes inició sus propias pesquisas sobre la guerra contra las drogas. Rodrigo Duterte se negó a testificar, pero en octubre compareció en una audiencia en el Senado, donde aún cuenta con un importante respaldo.

“Hoy, nuestro propio Gobierno ha entregado a un ciudadano filipino —y ni más ni menos que a un antiguo presidente— a poderes extranjeros. Esto es una afrenta flagrante a nuestra soberanía y un insulto para cada filipino que cree en la independencia de nuestra nación”, ha expresado tras la detención de este martes Sara Duterte. Por su parte, la hija menor del exmandatario, Verónica, ha escrito en su cuenta de Instagram: “Nos han quitado a mi papá, lo han metido en un avión y no nos han dicho a dónde se lo llevan. Pueblo, despertad”.

En un vídeo publicado en esa red social, un policía explica tras el arresto a la familia que hay “un vuelo chárter preparado”; “son nuestras obligaciones. Podemos hacerlo por las malas o por las buenas. Deben elegir a tres personas que acompañarán [a Duterte] al avión”.

Guerra contra el narcotráfico

La guerra contra el narcotráfico de Duterte se convirtió en la piedra angular de su mandato. Su mensaje populista y la promesa de ejercer mano dura para limpiar las calles de traficantes y toxicómanos le llevaron a la presidencia, pese a que muchos expertos afirmaban que el país no enfrentaba un problema desproporcionado de consumo de drogas. En su mitin de cierre de campaña, llegó a instar a su electorado a “olvidar las leyes de derechos humanos”. “Traficantes, ladrones y vagos, será mejor que os larguéis, porque os mataré”, advirtió entonces.

Según datos oficiales de la Policía, en los operativos murieron unos 6.200 sospechosos, pero las ONG locales e internacionales elevan la cifra a más de 30.000. En 2021, el TPI inició una investigación en su contra por las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron entre 2011 y 2019, todas ellas bajo su mandato: primero (entre 2009 y 2015) como gobernador de Davao, la segunda ciudad más grande del país; y luego a escala nacional.

Duterte retiró a Filipinas del TPI de manera unilateral en 2019, un movimiento que activistas criticaron por considerar un intento para eludir la rendición de cuentas. Pese a su salida de este organismo, Filipinas continúa siendo miembro de la Interpol, que tiene potestad para solicitar la detención de Duterte en nombre del tribunal.

El arresto de este martes supone un paso clave en la búsqueda de la justicia de miles de filipinos que llevan años reclamando responsabilidades por la muerte de sus familiares. Muchos de ellos fueron abatidos por policías, sicarios y grupos de vigilantes sin ni siquiera llegar a juicio, según denuncian. Activistas locales aseguran que la mayoría de las víctimas de la cruenta campaña eran personas de pocos recursos económicos de zonas urbanas, muchos de ellos menores de edad y ciudadanos sin vínculos con el narcotráfico.

El caso será una importante prueba para el TPI, ya que medirá la capacidad del organismo para hacer valer su jurisdicción frente a mandatarios que han intentado eludir la justicia internacional.

El tribunal también ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza; contra el autócrata ruso Vladímir Putin y los altos cargos que planificaron la invasión de Ucrania; y contra Min Aung-Hlaing, el jefe de la junta militar de Myanmar y responsable del brutal golpe de Estado que ha sumido al país en el más profundo caos desde 2021.