La inversión en el Valle de los Caídos desde 2012 supera los 12 millones

Más de cuatro décadas después de la muerte de Franco, el Gobierno se dispone a trasladar los restos del dictador para convertir el Valle de los Caídos en un “memorial a las víctimas, de reconciliación”, en palabras de su portavoz, Isabel Celaá. Y eso supondrá, una vez realizada la operación, que las inversiones que se hagan a partir de ese momento se orientarán también a tal fin. Hasta ahora, la Administración ha desembolsado grandes cantidades de dinero cada año solo para mantener el Valle de los Caídos que, al no haber sido alterado en democracia, sigue siendo un monumento al dictador. Solo entre 2012 y 2017, se invirtieron 1,8 millones de euros en obras de reparación y mantenimiento, a los que hay que sumar los cerca de dos millones por año en gastos de personal y corrientes, incluyendo la subvención de 340.000 euros a la abadía benedictina, según los datos con los que el Gobierno de Rajoy respondió a una pregunta del senador Carles Mulet el pasado febrero. 

Esas inversiones, destinadas, por ejemplo, a restaurar la portada de la basílica (230.138 euros), las bóvedas en las arquerías (106.412 euros) o las humedades (42.498 euros), no han impedido el deterioro acumulado durante años en las criptas donde fueron enterradas más de 33.800 personas. Los informes técnicos encargados sobre el estado de los columbarios —se envió a especialistas en 1980, 1990, 2010 y 2018— señalaron, con algunas excepciones dependiendo de la cripta (hay ocho) que la identificación individual de los restos sería de una “complejidad alta” o “extrema” por derrumbes y filtraciones de agua en el interior. El comité de expertos nombrado por el ministro Ramón Jáuregui en 2011 calculaba en 13 millones la cantidad necesaria únicamente para “evitar la ruina” del complejo.

En los últimos años, una decena de familias ha reclamado la exhumación de sus seres queridos por considerar una aberración que estén enterrados junto a Franco. Sus peticiones fueron rechazadas hasta que, tras un recurso en la Audiencia Nacional y otro de casación en el Supremo, el abogado Eduardo Ranz —que ahora asesora desde el Ministerio de Justicia sobre el traslado de Franco— logró una sentencia firme que obligaba a intentarlo. Los expertos del CSIC enviados al mausoleo en abril para examinar las criptas han dado esperanza a una de esas familias.

Según su informe, es posible acceder al nivel tres de la cripta adyacente a la capilla del sepulcro donde se cree fueron enterrados los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, desaparecidos en 1936. El análisis de los forenses enviados por el Gobierno en 2010, estableció que en los dos niveles anteriores, los columbarios estaban “fracturados, aplastados” y los huesos, “incontables”, “esparcidos” por lo que su identificación era de una “complejidad extrema”. Patrimonio Nacional asegura que accederá al nivel de los hermanos “cuanto antes”, posiblemente a mediados de julio, por lo que su exhumación podría coincidir con la de Franco. También ha encargado un nuevo informe sobre el resto de criptas. Otras seis familias esperan, dos de ellas, de víctimas del bando nacional.