Los mayores retos económicos son la financiación autonómica, las pensiones, el empleo y los impuestos

La inusitada rapidez con la que Pedro Sánchez ha desembarcado en La Moncloa ha dejado al Ejecutivo saliente con un ramillete de tareas a medias. Proyectos esbozados, pero sin acabar. El nuevo presidente apenas tendrá capacidad para sacar adelante alguna de estas reformas que estaban en marcha y en cuya negociación habían participado los socialistas. La inestabilidad parlamentaria de Sánchez no le da margen más que para maquillar algunos proyectos pendientes.

Reforma de las pensiones

Las pensiones son el gran reto de las próximas décadas. El déficit de más de 18.000 millones al año en la Seguridad Social fuerza a buscar soluciones. En las negociaciones del Pacto de Toledo, el PSOE ha puesto todo su empeño en echar abajo la reforma de 2013, aprobada por el PP. Para ello, ha defendido volver a revalorizar las pensiones con el IPC, es decir, que se mantenga el poder adquisitivo de los pensionistas. La otra pata de aquella reforma es el factor de sostenibilidad, que vincula la prestación inicial con la esperanza de vida. Los Presupuestos de este año, que Sánchez ya ha dicho que ejecutará, ya han arrumbado temporalmente esa reforma.

Esto pone al nuevo Gobierno ante el reto de cómo financiar las pensiones, con un gasto creciente y difícil de atajar. La abrupta salida del PP del Gobierno anticipa un bloqueo del Pacto de Toledo y aleja una solución para las pensiones. Pero el desafío pendiente es doble: a corto plazo hay que enjugar el déficit que ha ido creciendo desde 2012. En las conversaciones de estos meses, las propuestas del PSOE van desde la reordenación de gastos (asunción de la reducción de cotizaciones o gastos de gestión) hasta la creación de dos impuestos (banca y transacciones financieras). No obstante, el primer paso, sitúa Magdalena Valerio, responsable socialista de Seguridad Social, será “recuperar la metodología de trabajo de acuerdos en el Pacto de Toledo y con los agentes sociales”.

Nuevos impuestos

La recaudación está llenando las arcas públicas con más dinero que nunca. Está previsto que este año el Estado ingrese cerca de 210.000 millones por los principales impuestos. Pero es una cantidad insuficiente para sufragar el modelo público que imaginan los socialistas y para financiar el agujero de las pensiones. El sistema tributario español está repleto de deducciones, bonificaciones, exenciones, que hacen que parezca un queso gruyer, por cuyos agujeros se escapan alrededor de 35.000 millones al año. Y deja la carga fiscal de España muy alejada de la media europea, más próxima al de los países anglosajones. Todas las organizaciones internacionales (Comisión Europea, FMI, OCDE) advierten sobre este problema y aconsejan despejar el IVA de estos tratos ventajosos. Uno de los agujeros tributarios está en el impuesto de sociedades. Las multinacionales apenas pagan un 8% de su resultado contable. El sistema permite que las pérdidas que registraron en la crisis les sirvan ahora para rebajar los impuestos. Las empresas del Ibex 35 acumulan más de 100.000 millones de estos créditos fiscales, que les sirven para reducir cada año su factura fiscal. La recaudación de este impuesto sigue muy por debajo de los niveles precrisis.

Sobre la mesa del anterior ministro de Hacienda quedó un proyecto para establecer un impuesto sobre las actividades de las multinacionales tecnológicas como Google, Facebook, Apple o Amazon. El Ejecutivo popular pretendía crear este nuevo impuesto para recaudar unos 600 millones este año y otros 1.500 millones el próximo. Ahora será el próximo ministro socialista quien decida qué hacer con este tributo.

Mercado laboral

El gran reto de Sánchez y su equipo en el mercado laboral es que continúe el altísimo ritmo de creación de empleo y revertir el avance de la precariedad. En el discurso socialista de estos años de oposición, la reforma laboral de 2012 aparece como la gran responsable de esa precariedad, pero eso solo es verdad en parte y, probablemente, en la parte más pequeña, porque la temporalidad, el mal laboral más extendido, llegó mucho antes. Más cierto es que la reforma laboral facilitó el boom de las empresas multiservicios, con sus bajos sueldos, y la devaluación salarial.

Revertir la reforma laboral al completo no será fácil con la actual aritmética parlamentaria. Solo si el PSOE logra, como es su intención, que sindicatos y patronales se pongan de acuerdo en un nuevo diseño del Estatuto de los Trabajadores habría posibilidad de lograrlo. Pero esto, no es fácil a medio plazo. Más sencillo puede ser hacer cambios parciales. Para ello, explica Toni Ferrer, secretario de Empleo del PSOE, su intención es aprovechar propuestas parlamentarias que ya están en marcha y hacer cambios en subcontratación, negociación colectiva, jornada laboral o protección social.

Financiación autonómica

En los últimos meses el anterior Ejecutivo había avanzado en la reforma de la financiación autonómica, que ya se tenía que haber revisado en 2014. Pese al retraso, el Gobierno de Rajoy encargó a un grupo de expertos que presentaran una propuesta para mejorar el sistema con el que las autonomías financian la sanidad, la educación y los servicios sociales, entre otros servicios públicos. Esta fue analizada por los técnicos de las comunidades. Y esta semana estaba previsto la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que Hacienda presentara su propuesta base para comenzar a negociar sobre puntos concretos. Las comunidades discrepan en muchos puntos pero casi todas coinciden en que el Estado central tendrá que poner más dinero sobre la mesa para que puedan deshacer definitivamente los recortes de la crisis. También están de acuerdo en dar más peso a los universitarios y en considerar el nivel de población envejecida de cada territorio en el reparto de recursos. La gran mayoría aspira a que el sistema sea más solidario y homogéneo. Sacar adelante esta reforma es uno de los retos más difíciles en política porque tienen que contar con el respaldo de las comunidades.

Deuda autonómica

Entre las tareas pendientes del próximo titular de Economía estará también qué hacer con la deuda autonómica. Las comunidades deben al Estado alrededor de 165.000 millones de euros por el plan de pago a proveedores y los Fondos de Liquidez Autonómica (FLA), unos créditos que Hacienda les prestó para que superaran su falta de ingresos en lo peor de la crisis. Ahora el próximo ministro tendrá que decidir si reestructura esta deuda como pretendía el anterior titular de Hacienda y en qué condiciones.