El Gobierno espera recaudar 2.100 millones hasta 2019 por la nueva tasa Google

El Ministerio de Economía envió en la madrugada del martes y en vísperas del día del Trabajo el programa de Estabilidad 2018-2021 a la Comisión Europea. El documento de 114 páginas contiene las explicaciones del Ejecutivo español para reducir los desequilibrios presupuestarios de deuda y déficit público. En los últimos años, las proyecciones oficiales vertidas en estos informes no suelen cumplirse por las continuas desviaciones del déficit público.

En el texto remitido este año a Bruselas, el Gobierno detalla cómo pretende financiar la subida "con carácter puntual" de las pensiones del 1,6% este año y del 1,5% el próximo. El Ejecutivo enfatiza de que estas mejoras son extraordinarias porque congelan la reforma de las pensiones de 2013. El informe dedica cinco párrafos a explicar a Bruselas esta iniciativa que retrasa la edad de jubilación, limita las revalorizaciones anuales e introduce el factor de sostenibilidad en 2019, un mecanismo que vincula la pensión con la esperanza de vida.

Subida puntual de las pensiones

Pero el Ejecutivo de Rajoy ha congelado la reforma de 2013 tras el pacto con el PNV para sacar adelante los Presupuestos. Este acuerdo aplaza a 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad y eleva las pensiones por encima del 0,25% previsto por el índice de revalorización. Esta subida de las pensiones por encima de lo previsto en el proyecto de Presupuestos supone un coste adicional de 1.522 millones, según las estimaciones recogidas en el programa de estabilidad. Y de otros 2.200 millones en 2019. En total, la mejora a los pensionistas en los dos próximos años supondrá un gasto adicional para las arcas públicas superior a 3.700 millones de euros.

Para financiar ese coste, el Ministerio de Economía explica a Bruselas que espera recaudar hasta 2.100 millones de euros por la nueva tasa Google, que aun no está ni creada. "El Gobierno planteará en el marco del Pacto de Toledo la adopción de nuevas figuras tributarias en línea con las iniciativas encuadradas en la cooperación y coordinación europea, que permitirá incrementar la recaudación prevista en 600 millones de euros en 2018 y en 1.500 millones adicionales en 2019", reza el proyecto oficial, que no define el impuesto, ni precisa cómo se aplicará.

Sin ofrecer detalles

Lo único que está claro es que el nuevo gravamen se aplicaría sobre determinados servicios digitales que gravaría las transacciones electrónicas de las grandes empresas como Amazon, Facebook, Apple o Google. Los grandes países de la UE están presionando para sacar adelante este impuesto sobre los gigantes tecnológicos dentro de marco comunitario.

Existe cierta preocupación por la actitud de estas corporaciones que se benefician de los resquicios legales para pagar tasas impositivas inferiores a las del resto de empresas. Bruselas lleva tiempo buscando fórmulas para que estos gigantes tecnológicos contribuyan con más impuestos.

La Comisión Europea presentó una propuesta el pasado 21 de marzo. La iniciativa pasa porque los grupos tecnológicos con una facturación global de más de 750 millones y 50 millones en Europa paguen en torno a un 3% sobre sus ingresos —en realidad deja margen para fijar la tasa entre el 1% y el 7%—. España debería fijar el gravamen en el tramo superior de la horquilla si aspira a recaudar hasta 1.500 millones en 2019.

"El objetivo de este impuesto es superar las deficiencias de los sistemas fiscales actuales y lograr que las grandes empresas de la economía digital tributen allí donde se crea valor añadido", explica el plan gubernamental. El ejecutivo comunitario ha diseñado una figura tributaria que gravará dos tipos de ingresos, los procedentes de la explotación de los datos de los usuarios a través de la publicidad o venta a terceros, y los servicios de plataformas de intermediación online, tipo Uber, TripAdvisor o Airbnb.

1.800 millones para rescatar autopistas en quiebra

Para sufragar las subidas de las pensiones, por encima de los límites establecidos en la reforma de 2013, el Gobierno recurre a este impuesto. También aprovecha el margen que deja el menor gasto en intereses de la deuda pública y el menor coste que tendrá las indemnizaciones por el rescate de las autovías en quiebra, según anunció el ministro Cristóbal Montoro, el pasado viernes. El plan de estabilidad cifra en 1.800 millones la cuantía para "atender la responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje que se encuentran en concurso de acreedores". Esta cifra supone una revisión a la baja respecto a los 2.500 millones previstos el año pasado.

El Ejecutivo detalla a Bruselas que está trabajando para relicitar las autopistas quebradas y rescatadas, por lo que estima "unos posibles ingresos de cerca de 1.000 millones de euros".

El documento remitido a Bruselas detalla el coste de la subida salarial a los funcionarios. El pasado marzo, Hacienda alcanzó un acuerdo plurianual con los sindicatos representativos de los empleados públicos para recuperar derechos perdidos durante la crisis. En el pacto se incluía una subida de las nóminas de hasta el 8,7% hasta 2020. El Gobierno estima que el incremento de las retribuciones de este año, un 1,75%, supondrá un coste adicional de 2.691 millones de euros. En esta cantidad también está recogida la equiparación salarial de la Guardia Civil con la policía autonómica. Para el próximo año, el coste del aumento retributivo ascenderá hasta los 3.653 millones en el mejor de los casos. Es decir, si se dan todas las condiciones, crecimiento del PIB, reducción del déficit, para que se incorpore la parte variable del aumento.

Impuesto sobre hidrocarburos

Los Presupuestos de 2018 también contienen un incremento del impuesto sobre hidrocarburos para adaptarlo a la normativa comunitaria. El Ejecutivo espera que esta medida tenga un impacto de 303 millones de euros. "En el impuesto especial sobre hidrocarburos se procede a integrar, con efecto a partir del 1 de enero de 2019, el tipo impositivo autonómico en el tipo estatal especial, al objeto de garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y carburantes, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las comunidades autónomas, y todo ello dentro del marco normativo comunitario", sostiene el programa de estabilidad.

El nivel de gasto público baja aún más

El Ejecutivo dibuja una paulatina reducción del peso del estado de bienestar en el producto interior bruto (PIB), hasta dejar el gasto público total en el 38,7% del PIB, entre los más bajos de la UE y casi siete puntos de PIB inferior al alcanzado en 2012, según figura en el Programa de Estabilidad 2018-2020 remitido a Bruselas.

En este escenario, el Ejecutivo español proyecta una reducción del déficit del 3,1% registrado al final del año pasado hasta lograr un leve superávit al final del periodo analizado. En los cálculos del ministerio de Economía figura que la Seguridad Social mantenga un déficit superior a 6.500 millones en 2020. A partir del año siguiente, está previsto que desaparezcan los números rojos de las pensiones.

Sin embargo, el Ejecutivo popular hace tiempo que no aprueba ninguna medida contundente para ajustar las cuentas públicas. Deja que el ciclo económico, que aligera gasto (se reducen las prestaciones por desempleo y los intereses) y estimula los ingresos, vaya comiéndose los números rojos. Este juego le permite sujetar el nivel de gasto público para que aumente menos que el producto interior bruto (PIB). Así, sin tener que reducir las partidas de gasto —incluso las puede aumentar— el peso del gasto público sobre la riqueza nacional se reduce.

Críticas del PSOE

En el lienzo que esboza el Gobierno, el gasto público en salud se reduce del 6,04% del PIB al 5,59% en 2021. Las partidas educativas también pierden peso en la producción nacional. Al igual que el gasto en protección social (pensiones y prestaciones por desempleo).

El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, lamenta que la perdida de peso del gasto social. Y critica que el 75% del ajuste previsto en el plan de estabilidad se realizará por el lado del gasto social y productivo. “La estrategia fiscal del Gobierno y su socio Ciudadanos está marcada por la improvisación, los parches y el cortoplacismo”, indica Saura, que advierte de que las cuentas no cuadrarán en 2018 y alerta de que la desviación del déficit será “escandalosa” en 2019.

Está previsto que España abandone el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), el brazo corrector de Bruselas, este año tras reducir el déficit por debajo del 3% del PIB. Entonces entrará otra vigilancia europea también exigente para reducir la deuda pública, que le obligará a mantener los ajustes. El Gobierno proyecta que la deuda pública disminuirá desde el 98,3% del PIB hasta el 89,1% en 2021.