Vuelta de tuerca a los servicios públicos

Después de un mes vertiginoso de recortes para tranquilizar a los mercados, los servicios públicos en España siguen siendo públicos. Pero son más caros. Y para algunos colectivos la puerta se entrecierra. Cuando los cambios por decreto del Gobierno de Mariano Rajoy se pongan en práctica —la mayoría, en septiembre—, los ciudadanos pagarán más por las medicinas —y algunos que no pagaban lo harán por primera vez—, pagarán más por ir a la universidad, verán cómo la ayuda a la dependencia se restringe un poco más y tendrán que pensárselo dos veces antes de recurrir una sentencia judicial. El golpe más fuerte será para los inmigrantes sin papeles: pierden el derecho a la tarjeta sanitaria que se les reconoció por primera vez en 2000.

El PP alega que las reformas son necesarias porque las cuentas se han descontrolado y porque en los últimos años ha habido mucho abuso de los servicios públicos, financiados por unos exhaustos contribuyentes; la oposición sostiene que detrás de los recortes hay una "demolición del Estado de bienestar" y que el objetivo del Gobierno es deteriorar ahora los servicios públicos para, en un futuro, privatizarlos.

EL PAÍS ha hecho una recopilación de los principales cambios que los ciudadanos van a empezar a notar en sanidad, educación, dependencia y justicia. Por lo general, las novedades se traducen en problemas para el bolsillo, aunque en algunos casos implican, además, cierto cambio de modelo en las prestaciones que por el momento solo se apunta.

Este resumen no incluye el principal proyecto legislativo de estos cuatro meses: la reforma laboral, que ha dado la vuelta a muchos aspectos del mercado de trabajo —y recortado derechos— pero no afecta específicamente al funcionamiento de lo público. Y debe ser leído con dos cautelas: los decretos leyes, aunque ya están en vigor, podrían ser modificados mínimamente en el trámite parlamentario; y su aplicación concreta se deja, en muchos casos, en manos de las comunidades. Los Gobiernos autónomos decidirán hasta qué punto llevan el recorte.

SANIDAD

Los pensionistas pagan, los inmigrantes quedan fuera

El copago no ha llegado a la sanidad: ir al ambulatorio, al especialista o ingresar en un hospital sigue siendo gratuito (pagado con impuestos) para los ciudadanos con tarjeta sanitaria, que, en la práctica, hasta ahora, eran todos salvo los rentistas. Pero ahora hay un colectivo que va a quedar fuera: los 150.000 inmigrantes extracomunitarios sin papeles solo tendrán derecho a atención de urgencias, no a consulta o tratamiento habitual (salvo si son niños o embarazadas: en ese caso mantienen el mismo trato que los españoles). Esa situación de mayor desamparo es la que tenían los sin papeles hasta 2000; aquel año, el Gobierno del PP cambió la ley y estableció que bastaba estar empadronado para tener tarjeta sanitaria: extendió el derecho; ahora, el PP da marcha atrás: lo restringe.

Para el resto de ciudadanos el acceso a la sanidad no cambia: tienen tarjeta quienes coticen o hayan cotizado, o estén bajo cobertura de otra persona, o no tengan recursos. Es decir, casi todo el mundo, salvo rentistas. La redacción del decreto del Gobierno levantó la sospecha de si los mayores de 26 años que ya no tengan cobertura de los padres y estén en paro quedarían desasistidos; el ministerio responde que no, que estarán asistidos, como hasta ahora, si acreditan no tener ingresos. Sus derechos son los mismos que tenían. El problema es, más bien, que ahora hay muchos más jóvenes en esa situación, porque el paro juvenil se ha disparado hasta alcanzar el 50%.

La otra novedad clave del real decreto es el copago farmacéutico. Los pensionistas, que suponen el 75% del gasto en medicinas y que hasta ahora las tenían gratis, van a tener que pagar parte de la receta por primera vez (un 10% del precio del medicamento, salvo aquellos con rentas muy altas que pagarán el 60%); y el resto de ciudadanos, que ya pagaban el 40% de la receta, pagarán más: entre el 40% y el 60%, en función de su nivel de renta. Los enfermos crónicos seguirán pagando como ahora: un 10%; y los parados que hayan agotado todas las ayudas no pagarán nada.

La aportación de los jubilados tendrá un límite en euros: para la inmensa mayoría, entre 8 y 18 euros mensuales. Por ejemplo: si un pensionista con varias dolencias consume medicinas por valor de 200 euros al mes, le tocaría pagar 20 euros (el 10%); pero solo pagará 8 o 18 (depende de su renta) y el resto se lo devolverá la Administración. La Administración, eso sí, tiene seis meses para devolverlo, y eso si no se retrasa. La pensión media en España es de unos 800 euros mensuales.

También van a dejar de financiarse con fondos públicos algunos medicamentos para síntomas leves (se apunta, por ejemplo, a los antidiarréicos y antimucolíticos), que ahora se dan con receta y pasarán a ser íntegramente de pago; el Gobierno no ha dicho aún cuáles. Y las sillas de ruedas, muletas, prótesis, preparados alimenticios y ambulancias no urgentes las copagará el usuario con los mismos porcentajes que las medicinas (ahora también se pagan en la mayoría de las comunidades, no en todas, pero cada una establece en qué medida).

Está por decidirse algo fundamental: si se recortarán o no las prestaciones que ofrece la sanidad pública. Ahora hay un catálogo de servicios básicos, común para todas las comunidades autónomas, que luego estas pueden ampliar pero pagando las prestaciones extra con fondos propios. El Ministerio de Sanidad, que dirige Ana Mato, ha anunciado que revisará ese catálogo. No ha especificado más. Podría retirar prestaciones o cambiar los requisitos para acceder a ellas; o incluir otras nuevas, aunque eso, ahora mismo, es más que improbable.

EDUCACIÓN

Clases con más alumnos, universidad más cara

El recorte en educación —que se pone en marcha a partir del curso 2012-2013 y afectará tanto a la escuela pública como a la privada concertada— llegará por dos vías: en primaria y secundaria, exprimiendo los recursos: más niños por profesor y más horas lectivas (no más horas de trabajo) para los docentes. En la universidad, subiendo al máximo las tasas y con la previsión —esto aún no se ha aprobado, aunque se ha anunciado— de endurecer los requisitos académicos para tener beca.

El tope de alumnos por clase en primaria pasará de 27 niños a 30; en secundaria obligatoria, de 30 a 36; en bachillerato, de 37 a 42. Objetivo aparente: reducir plantilla no funcionarial (si cada profesor se hace cargo de más alumnos, sobrarán interinos y sustitutos). Un cambio que, según las asociaciones de profesores y de padres, empobrecerá la calidad de la enseñanza. A eso hay que añadir que las bajas solo se cubrirán pasadas dos semanas (ahora hay un plazo distinto en cada comunidad).

Los profesores, por otro lado, tendrán que dedicar más horas a dar clase. Su jornada laboral no cambia (37,5 horas semanales), pero varía el reparto por tareas. No tendrán más horas de trabajo, pero sí más horas lectivas: mientras que ahora dedican un máximo de 25 horas en primaria y de 18 a 21 en secundaria a dar clase —el resto es para corregir exámenes, preparar las clases, atender a los padres, etcétera—, ahora esos umbrales serán el "mínimo" de horas lectivas, no el máximo. Darán, por tanto, más horas de clase, a costa de todo lo demás.

En cuanto a la universidad, será mucho más caro estudiar en ella (aunque seguirá estando muy mayoritariamente financiada con fondos públicos). Ahora, el estudiante paga aproximadamente el 15% de la matrícula: unos 950 euros de los 6.000 que cuesta un curso. Y cada año las tasas suben, más o menos, entre el 2% y el 6,5% (el IPC más un extra que puede ser, como máximo, de cuatro puntos: lo decide cada comunidad).

Lo que hace el decreto del Gobierno es ampliar esa horquilla y permitir a las comunidades que cobren al estudiante entre ese 15% actual y un 25% de la matrícula. Eso quiere decir que las tasas para el curso próximo podrían subir hasta un 66% (hasta 540 euros más, según la estimación del Ministerio de Educación), aunque es imposible conocer la subida media (dependerá de qué horquilla aplique cada comunidad, cuánto se esté pagando ahora en cada una, cuánto cueste el curso...). Eso para la primera matrícula. Los repetidores lo tendrán peor, sobre todo los reincidentes: pagarán, en la segunda matrícula, entre el 30% y el 40% del coste; en la tercera, entre el 65% y el 75%, y en la cuarta, entre el 90% y el 100%, es decir, el coste íntegro del curso. Ahora, repetir también sale más caro, pero no tanto; cada comunidad decide qué penalización cobra a los repetidores.

Por último, las becas. El presupuesto baja un 12%. El Gobierno dice que las mantendrá, aunque ha deslizado que habrá cambios en los requisitos. No se tocarán los umbrales de renta máximos para obtener la beca. Pero sí lo que se exige luego al estudiante para mantenerla: ahora, el becado debe aprobar entre el 60% y el 80% de los créditos académicos (dependiendo de la dificultad de la carrera); Educación planea pasar al 65%-85% de los créditos y que no baste con el aprobado, sino que se exija una nota mínima de 5,5 para las becas de matrícula y de 6 para las becas-salario (las que se dan para que los alumnos no dejen los estudios para trabajar).

DEPENDENCIA

El calendario se paraliza

La ayuda a la dependencia sufre un recorte de 283 millones de euros: desaparece, íntegra, una de las dos partidas con las que el Gobierno la cofinancia. La otra partida, la principal (unos 1.500 millones), se mantiene porque no es eliminable: el Ejecutivo está obligado a pagar su parte, ya que la ayuda a la dependencia, como la sanidad, la educación o las pensiones, es un derecho desde 2006.

Pero hay algo igual o más duro que el recorte de presupuesto, y es que el calendario de la ley —que debía integrar progresivamente a los dependientes en función de su gravedad, hasta atenderlos a todos en 2015— se paraliza. Este año les tocaba entrar a los dependientes moderados de grado 2 (los más graves de los moderados), pero no entrarán. Y entre los grandes dependientes, teóricamente ya cubiertos, sigue habiendo miles en lista de espera.

Por otro lado, se reduce de 86 a 50 millones la partida destinada a la atención social que dan los Ayuntamientos a las personas más necesitadas. Puede ser la puntilla para unos servicios sociales, los locales, que ya no dan abasto.

JUSTICIA

Un recurso, 800 euros

Las tasas judiciales existen desde 2003, pero solo las pagaban las empresas, y no todas. Ahora las va a pagar todo el mundo: empresas y particulares. Y las tarifas se disparan: la horquilla actual es de 50 a 600 euros; la nueva, de 100 a 1.200 euros. Será, sobre todo, mucho más caro recurrir una sentencia: de 300 euros pasa a 800. El Ministerio de Justicia argumenta que hay que acabar con el "exceso de litigiosidad" en España y con el abuso que supone encadenar recursos para eternizar los pleitos.

Sigue exenta de tasas, como estaba, la jurisdicción penal; pero a la civil y la contencioso-administrativa se une ahora la jurisdicción de lo social (derecho laboral): recurrir una sentencia sobre un expediente de regulación de empleo, por ejemplo, costará 500 euros. Hasta ahora era gratis.

Con información de Emilio de Benito, Pilar Álvarez y Carmen Morán.