Todo por la ciencia (pero en precario)

Alba González, de 26 años, prepara una tesis doctoral en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia sobre la encefalopatía hepática (una enfermedad neurológica). Percibe una beca de 980 euros que apenas le permite llegar a final de mes.

La crisis ha ahondado los problemas de precariedad que tradicionalmente han acompañado a los investigadores españoles. Las ayudas, que nunca han sido generosas, se retrasan, se recortan o se suspenden. La posibilidad de consolidar una carrera investigadora es cada vez más remota. Y no parece que la recién estrenada Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada en mayo de 2011, pueda revertir la situación. La norma nació con un claro objetivo que recoge desde su primer artículo: “Fomentar la investigación científica y técnica” como factor esencial para impulsar la competitividad y la sociedad basada en el conocimiento, creando “un entorno económico, social, cultural e institucional favorable al conocimiento y a la innovación”.

Sin embargo, las principales asociaciones de investigadores sostienen que todo son obstáculos para alcanzar la ansiada nueva sociedad del conocimiento que debería sentar las bases del desarrollo futuro de España. Primero fue la desaparición del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, degradó el departamento y lo convirtió en la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, enmarcada en el Ministerio de Economía y Competitividad. Luego llegó el anuncio a principios de legislatura de un recorte de 600 millones de euros que, según los últimos datos del Ministerio, serán 742 millones (531 en subvenciones y 211 en préstamos). Ello supone un recorte del 8,65% respecto a 2011.

Esta medida “será una bomba letal para el sistema de I+D+i en España”. Puede dañar “a corto y a largo plazo el ya muy debilitado sistema de investigación español y contribuiría a su colapso”. Con este dramatismo se manifestaron la Confederación de Sociedades Científicas de España, la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI)-Precarios y la Plataforma Investigación Digna, en una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno que cuenta ya con más de 36.000 adhesiones (23.000 científicos de 80 países, entre ellos seis premios Nobel).

La Ley de Ciencia nació para impulsar "la sociedad del conocimiento"

Antes de que se anunciara esta poda al tejido científico español, la situación de partida ya era delicada. La inversión en I+D+i ya había ido sufriendo recortes en los últimos años: un 4,2% en 2010 y un 7,3% en 2011. El ajuste del 8,65% previsto inicialmente para este año supone, pues, una clara progresión ascendente en los recortes. Con estas cifras, no parece fácil que España abandone el mediocre 18º lugar (de 27) que ocupa en la clasificación de innovación en los países de la Unión Europea (con datos de 2010).

Tanto las entidades que agrupan a los investigadores como las sociedades científicas se están movilizando para advertir de las trágicas consecuencias que tendrán los recortes después del desarrollo que ha tenido la ciencia en los últimos decenios. La Real Sociedad Española de Física advertía recientemente: “Un retroceso en la investigación no podrá compensarse después con años de fuerte inversión cuando la situación económica mejore”. “La pérdida sostenida de jóvenes investigadores requerirá muchos, demasiados años para subsanarse”, añadía.

La oferta de plazas públicas nuevas en centros de investigación ha caído en picado. De 681 convocadas en 2007 para todos los niveles investigadores se ha pasado a 55 en 2011. “La situación es insostenible. El conjunto de todos los organismos públicos de investigación agrupa a 140 centros con [investigadores de] una edad media de más de 50 años”, denuncian las entidades en su escrito. La renovación generacional está en punto muerto.

Respecto a las becas (ahora contratos), la situación no es mucho mejor. Nunca ha estado bien pagado comenzar a dedicarse a la investigación en España. El caso de Alba González y sus 980 euros de beca de formación de personal investigador (FPI) del Ministerio de Economía y Competitividad (antes Ciencia) es el habitual. Pero se puede considerar afortunada, dado el recorte de ayudas existente.

"La norma es empezar a trabajar sin cobrar", según FJI-Precarios

Algunos de los casos más sonados en la suspensión de becas han sido los sucedidos en prestigiosos centros como el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo o el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), que interrumpieron a mitad de tesis las ayudas doctorales de investigadores jóvenes dejándolos con los trabajos a medias. En este caso se trataba de ayudas financiadas por las comunidades autónomas.

Beatriz Pérez, de 28 años, es una de las afectadas del CIPF. “En un primer momento me negaron el acceso al centro, pero tras el cambio de director, pude volver a entrar”. Ello supone que podrá realizar los experimentos que le han solicitado de una revista científica para publicar sus trabajos y retomar su tesis, centrada en el papel de una proteína en el desarrollo de linfomas, un tipo de tumor. Pero sin cobrar. “Trabajo gratis, la única forma que tengo de acabar el doctorado”.

En Murcia, la Fundación Séneca, la agencia regional de ciencia y tecnología, pasó de convocar 49 becas predoctorales y 18 posdoctorales en 2009 a 18 y 16 en 2010, respectivamente. Las de 2011 aún no han salido.

Los casos de Valencia y de Castilla-La Mancha, pero también otros episodios como la eliminación del Ministerio de Ciencia o los recortes presupuestarios, han traspasado las fronteras españolas y han merecido la atención de algunas de las más reputadas revistas científicas, como Nature y Science.

Hay predoctorales que esperan más de un año el dinero de las becas

En los artículos que las publicaciones han dedicado al tema, también se han reflejado otras de las trabas denunciadas repetidamente por las asociaciones de investigadores: el retraso y los problemas burocráticos tanto en el cobro y adjudicación de las becas como en las ayudas para las estancias temporales en el extranjero, uno de los puntales del intercambio de conocimiento en ciencia.

Las becas más prestigiosas (y con mayor demanda), las de formación de profesorado universitario (FPU) que concede el Ministerio de Educación, tampoco se han visto libres de problemas.

“La norma es comenzar a trabajar durante los primeros meses sin cobrar”, relata Ester Artells, de FJI-Precarios. “Lo normal es acabar el curso antes del verano y entrar en el laboratorio en septiembre”, pero hasta enero —en el mejor de los casos, este año aún no se han convocado— no salen las ofertas de plazas, y no se resuelven hasta bien entrado el año. En Francia, “en julio ya sabes si tienes beca, en septiembre firmas el contrato y en octubre ya está cobrando”, indica Artells.

Consuelo Rubio Guerri, de 24 años, lleva año y medio en su tesis y aún no ha comenzado a cobrar su FPU. A Rubio no le ha valido de nada ser premio extraordinario de carrera en Veterinaria (fue la segunda de su promoción), que cursó en la Universidad Complutense de Madrid. “Vivo con un préstamo de 500 euros mensuales [que espera devolver en cuanto empiece a recibir las ayudas] y he ido tirando con ayudas puntuales de mi director de tesis y de mis padres, aunque trato de evitarlo”, explica. “En los momentos peores he echado el currículo en Mercadona y Zara para trabajar media jornada y sacar algo de dinero”.

La oferta de plazas públicas en centros de investigación ha caído en picado

Esta joven investigadora sabía lo que es dedicarse a la ciencia. Es hija de Consuelo Guerri, jefa del Laboratorio de Patología Celular del CIPF, que se hizo famosa el año pasado por destinar los 25.000 euros de un premio que reconocía su trayectoria a contratar becarios (en la práctica, becario), en un momento en el que su centro de trabajo afrontaba un expediente de regulación de empleo que acabó con la mitad de sus trabajadores.

Rubio Guerri entró en septiembre de 2010 en el Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Complutense para realizar una tesis sobre virología de los delfines. “La oferta de becas de formación de profesorado universitario (PFU) de 2010 salió en enero de 2011. En febrero presenté los papeles y en la primera lista preliminar, de octubre, no salí”. Hubo un error y 150 personas (hay 950 becas anuales) quedaron fuera. El proceso, que ya iba retrasado, aún se postergó más. En noviembre del año pasado se subsanaron los errores. Consuelo Rubio ya aparecía entre los seleccionados, pero aún tardaría en comenzar a cobrar. De hecho, aún no ha recibido ni un euro. “Desde el ministerio nos comentan que tendremos que esperar a abril”. Justo el mes en el que se le acaba el préstamo. Desde la convocatoria de 2010 no ha salido ninguna más. La próxima, que se debe publicar y gestionar en 2012, se ha retrasado por el cambio de Gobierno y problemas de gestión presupuestaria, indican fuentes del Ministerio de Educación, que sostienen que estas ayudas no se reducirán.

Otro motivo de incertidumbre entre los jóvenes investigadores tiene que ver con las ayudas para estancias de formación en centros de investigación extranjeros (entre tres y seis meses). Hasta esta semana no las ha anunciado el Ministerio de Economía. "Los que las pidieron para los primeros meses no las han podido disfrutar" , explica Alba González. Ella comienza en abril una estancia en el departamento de psiquiatría experimental de la Universidad de Cambridge.

Tampoco funcionan adecuadamente las siguientes ruedas del engranaje de la incorporación de los investigadores: los contratos posdoctorales Ramón y Cajal (2.257 euros mensuales). Se crearon en 2001 para dar opción de estabilidad a los investigadores con experiencia e incorporar jóvenes científicos al sistema español de I+D+i. Un 90% de los investigadores que participaron en la primera convocatoria logró establecerse permanentemente en España. Solo un 37% lo logró en la convocatoria (de 2006), que concluía en 2011. Son 250 y todo apunta a que este año se reducirán.

En este escenario de precariedad se suceden las ideas para buscar fondos que apoyen a la investigación. Una de ellas consiste en incluir en la declaración de la renta una casilla para destinar el 0,7% del IRPF a la ciencia. Tiene más de 291.000 apoyos en Internet. Más allá de parches, el futuro de buena parte de los investigadores españoles pasa por el extranjero. A Ester Artells le ha ido bien. “A los 10 días de llegar a Marsella ya estaba trabajando, y pude elegir entre tres ofertas”. Tiene un contrato posdoctoral y trabaja en los laboratorios del Instituto Mediterráneo de Biodiversidad y Ecología Marina y Continental y en el Centro Europeo de Investigación y Enseñanza de Geociencias Ambientales. “Mi madre tenía razón. Me dijo ‘estudia y llegarás lejos’. De momento, ya he llegado a Francia”, apunta divertida.