ERE a la investigación biomédica

El cartel con la frase Se vende. Salas blancas a estrenar recibe desde hace semanas a las personas que acceden al Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia, abierto hace seis años, que afronta un futuro incierto tras despedir el viernes casi a la mitad de su plantilla.

Situado junto a la espectacular Ciudad de las Artes y las Ciencias, las banderas alineadas en hilera del acceso principal al centro ondean a media asta en señal de duelo desde hace un mes. Las lluvias de los últimos días solo han respetado la palabra "defunción" de la sábana-protesta que cuelga de la fachada principal. Decenas de carteles con crespones negros en los accesos y el vestíbulo del CIPF recuerdan a cada paso la profunda crisis por la que atraviesa la que fuera joya de la corona de la Generalitat en investigación biomédica.

El 70% de la construcción y el equipamiento salió de fondos europeos

El gerente del centro dimitió y ha sido candidato del PP por Valencia

La decadencia que se respira desde el verano en la institución se ha acelerado en los dos últimos meses. En septiembre dimitió el comité científico en bloque por los recortes de la Generalitat, presidida por el popular Alberto Fabra. Después llegó el expediente de regulación de empleo (ERE), ejecutado esta semana.

Tras reducir a la mitad el dinero que el Gobierno valenciano destinaba a la institución (de 9,8 millones de euros en 2009 a 4,6 millones en 2011) y recortar más las ayudas para 2012 (4,4 millones), el ERE al que se ha visto abocado el centro no solo ha supuesto el despido de 113 de los 244 empleados, sino una rebaja media salarial del 12% y la desaparición de 14 de los 26 laboratorios existentes. El centro también ha perdido 1,7 millones de ayudas del Ministerio de Ciencia, al rebasar la Generalitat su límite de déficit. En todo este tiempo, los ingresos a cuenta de los fondos conseguidos por los investigadores se han mantenido entre los cinco y los siete millones de euros anuales.

Nada hacía pensar el día de la inauguración, en marzo de 2005, que se pudiera llegar a la situación actual. El centro, 32.000 metros cuadrados de instalaciones de última generación capaces de albergar a 350 empleados, se construyó gracias a fondos estructurales europeos que sufragaron el 70% de los 60 millones de euros empleados en la construcción y equipamiento. La Generalitat se comprometió a darle contenido científico y garantizar su mantenimiento.

Su máximo responsable desde el primer día, Rubén Moreno, -número dos del Ministerio de Sanidad bajo el mandato de Celia Villalobos- explicaba que quería convertir el centro en un motor de transferencia de conocimiento y actividad económica al estilo de los parques científicos e industriales de California o del este estadounidense: "Un cinturón de empresas que alimentan y se alimentan del centro".

Seis años después, no existe ni una de estas empresas. Y la Consejería de Sanidad valenciana, con un presupuesto de 5.492 millones de euros para 2012, ha optado por no aportar los 10 millones anuales que garantizarían un CIPF a pleno rendimiento.

De nada han servido las protestas de los trabajadores contra el ERE y la eliminación de 14 líneas de investigación. Tampoco el llamamiento de 4.000 científicos, que en una carta hecha pública el viernes muestran su "más profunda preocupación y perplejidad por el tremendo recorte de financiación" de la Administración valenciana y el "gran golpe" que supone "a la investigación biomédica en el país". O que el CIPF alcanzara este año la quinta posición de una lista de 143, según la clasificación Scimago Institutions Ranking de 2011, que evalúa la actividad científica de las instituciones españolas -encabezada por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

La dirección sostiene que los grupos que podrán continuar con la actividad serán seleccionados por "datos objetivos", relacionados con la productividad, evaluaciones externas o la capacidad para obtener fondos. "Hay que potenciar la investigación productiva", argumenta. Los trabajadores no comparten este argumento y consideran que se han seguido criterios arbitrarios. Entre los 14 grupos que desaparecen se encuentran, por ejemplo, los dos únicos que trabajan en el cáncer y ocho de los nueve laboratorios de medicina regenerativa y células madre, una de las parcelas que más esperanzas despiertan para tratar enfermedades hasta ahora incurables como el alzhéimer, el parkinson o los infartos. Y el que mayor prestigio ha dado a la institución.

El proceso de despidos se ha llevado a cabo con el centro de investigación descabezado. Con la comisión científica dimitida, el gerente llevó las riendas, tutelado por la Generalitat. El gerente, Rubén Moreno, dimitió hace un mes. Muy próximo a él, el presidente de la Generalitat le ha dado un puesto en la candidatura del PP por Valencia y será diputado en el Congreso durante la próxima legislatura.

Moreno ha sido blanco de las críticas del comité de empresa, que le responsabiliza en buena medida de la crisis del CIPF. Durante su gestión se han producido patinazos como la explosiva salida -con denuncias incluidas- de la investigadora Almudena Ramón, que se hizo famosa al conseguir que ratas parapléjicas con la médula seccionada volvieran a caminar. Tampoco salió bien el fichaje como subdirector del primer europeo que clonó un embrión humano con fines terapéuticos, Miodrag Stojkovic -junto a su mujer y varios colaboradores-. Stojkovic dimitió en 2010, poco después de ver como la revista Stem Cells and Development retiraba un artículo firmado por él, entre otros, al comprobar que había párrafos copiados de otro trabajo publicado en Biology of Reproduction.

Los trabajadores del centro culpan a Moreno de haber destinado 1,5 millones de euros a cuatro salas blancas (a las que hace referencia el cartel de la entrada, unas zonas de experimentación que garantizan condiciones de aislamiento total) que no se usan. O contratos de difícil explicación, como el adjudicado por 113.700 euros a una empresa para que desarrollara una aplicación informática, que se amplió hasta los 227.300 euros. El trabajo nunca se hizo y meses después se encargó a otra firma -por 101.650 euros- la misma tarea.

"Precisamente en momentos de crisis es cuando se ve la importancia de invertir en investigación", advertía la carta suscrita por 3.100 científicos. Este no es el camino seguido por la Generalitat valenciana.