Rajoy y sus barones empiezan a levantar las alfombras del PSOE

Los socialistas proponen auditar también las comunidades gobernadas por los populares El líder del PP presiona al Ejecutivo y trata de marcar la agenda de la austeridad Mantendrá a Cospedal de 'número dos' del PP y dice que Rubalcaba debía dimitir Elena Salgado cree que no es necesario realizar auditorías en las comunidades autónomas

Mariano Rajoy.
Mariano Rajoy. Kote Rodrigo (EFE)

Mariano Rajoy aún tiene que ganarle a Alfredo Pérez Rubalcaba para llegar a La Moncloa. Pero ya tiene mucho andado. Casi todo el poder autonómico está en manos del PP desde el pasado 22 de mayo. Y el líder ha decidido utilizarlo desde el primer momento, con dos objetivos. Uno, acorralar al Ejecutivo, marcarle la agenda y ejercer toda la presión política posible, montándole una especie de Gobierno paralelo desde las comunidades autónomas. Y dos, mostrar, a través de ellas, las primeras líneas del que podría ser su programa de gobierno. Además, no se fía de las cuentas que se han hecho allí donde gobernaban los socialistas hasta el 22-M. Y las va a revisar a fondo.

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El anuncio de Rajoy de realizar auditorías en todas las comunidades autónomas gestionadas por el PSOE antes de pasar a manos de los populares no ha gustado a la ministra de Economía, Elena Salgado. Ayer, en unas declaraciones a la cadena SER, afirmó que el PP "debe incluirlas a todas porque no encontrará nada, todas las comunidades autónomas se rigen por unos criterios estrictos para su contabilidad pública". La vicepresidenta se extrañó de que únicamente quisiera investigar el estado de las regiones en las que los populares no gobernaban hasta ahora. "Contabilizando las comunidades en las que el PP ha obtenido mayoría absoluta y no gobernaba, suman poco más del 7% del Producto Interior Bruto, y las que gobernaba desde hace tiempo suman mucho más".

Salgado cree que las auditorías no son necesarias porque el cuerpo de interventores  es el que aporta la información de todas las comunidades

Salgado fue más allá y destacó que las auditorías no son necesarias, ya que la información sobre el estado de las arcas autonómicas la realiza el cuerpo de interventores, que es el que aporta la información de todas las regiones. "Esa información se la van a dar los interventores de las comunidades autónomas, exactamente el mismo cuerpo de interventores que se la va a dar en las otras comunidades. Nadie debe poner en duda su probidad, su eficiencia y su rigor". La titular de Economía no obstante saludó el compromiso del líder popular de controlar el déficit. "Si lo tiene también en las comunidades autónomas que gobierna, eso sí que es una buena noticia", afirmó.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha instado hoy al PP a auditar las cuentas de las comunidades autónomas en las que ha gobernado, porque, ha dicho, "no estaría de más".

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"No se trata de justificar a sus nuevos presidentes autonómicos, sino de dar la imagen de un país serio que no oculta déficit, y eso respecto de los mercados es importantísimo", ha insistido Jáuregui. "Que empiecen a hacerlas en las comunidades donde han gobernado", ha subrayado el ministro, quien no obstante ha considerado que "suscitar la sospecha de que hay déficit oculto" es "muy malo para la imagen del país" y, en su opinión, el líder del PP, Mariano Rajoy, "debería ser más responsable con esas cosas".

"Solo doy ruedas de prensa cuando tengo cosas que decir", dice en la primera del año

El jefe de la oposición aprovechó ayer miércoles una comida con todos sus barones en la calle de Génova, de Madrid, para presentar ante la prensa un documento muy trabajado con puntos básicos de un plan de austeridad que no toca el gasto social. Y lo ha hecho con todo el boato, en la primera rueda de prensa que concede este año en la sede nacional del PP. Le han preguntado si ahora que ha ganado hará más conferencias de prensa. “Las convocaré cuando tenga algo importante que decir”, ha contestado. No considera pues relevantes los discursos y mítines de los últimos meses. Ni siquiera se ha comprometido, pese a que prometió un gran plan de transparencia, a contestar más preguntas si llega a La Moncloa.

Lo cierto es que lo que ha anunciado sí tenía mucha importancia política. Rajoy se ve tan claro vencedor que no ha querido ni hablar de su rival. Ha descartado incluso con una ironía que el velocista Rubalcaba pueda ganarle. “Si fuera Usain Bolt [recordman de los 100 y 200 metros lisos]...“, se rió, aunque sí ha dicho que tendría que dejar los cargos que ostenta para ser candidato. "Yo lo hice".

El líder del PP se ve con tanto poder y vislumbra tan débil al Gobierno que ha empezado a marcarle la agenda. Ha reclamado un Consejo de Política Fiscal y Financiera —el órgano donde el Ejecutivo central discute las cuentas con las comunidades autónomas— que el PP dominará ahora y ha marcado hasta los puntos que deben estar en el orden del día: reforma de la Ley de Estabilidad para fijar un techo de gasto y cumplimiento de la ley de financiación autonómica —esto es, que el Gobierno central pague más a las autonomías—.

El dirigente popular fija un máximo de 10 consejerías por comunidad

Además, ha exigido que se reúna la Federación de Municipios y Provincias —que ahora también controlará— para poner en marcha políticas de austeridad e incluso una Conferencia de Presidentes, un órgano hasta ahora despreciado por el PP, con otra agenda: reformas económicas para la creación de empleo [sin concretar más], reformas educativas y garantía de los servicios públicos.

Rajoy ha anunciado un plan de austeridad con medidas concretas que están en su programa electoral —como fijar un máximo de 10 consejerías o racionalizar el uso de coches oficiales y teléfonos móviles, sin concretar—, pero ha evitado en todo momento las preguntas que se referían a las comunidades o Ayuntamientos del PP que precisamente van en contra de esta filosofía de la austeridad. En manos del PP está la autonomía más endeudada de España, la Comunidad Valenciana —una de las que más escándalos de despilfarro ha tenido, como el aeropuerto de Castellón— y algunas con el déficit más alto, como Murcia.

Las principales medidas

  • Se fijará para las comunidades autónomas un techo de gasto no financiero.
  • Se limitará el número de consejerías a un máximo de 10 por comunidad autónoma; se reducirán las delegaciones territoriales en cada provincia; y disminuirá el número de altos cargos, puestos de libre designación y personal eventual.
  • Cada comunidad autónoma y corporación local aprobará un Plan Estratégico de Racionalización del Gasto Corriente. Este plan contemplará la creación de centrales de compras; la suscripción de acuerdos entre comunidades para la contratación conjunta; la racionalización del uso de los teléfonos móviles; la reducción del parque móvil, y la reducción del número de entes y organismos públicos.
  • Se verificará la situación de tesorería con el cambio de Gobierno; se comprobará la realidad de estimación de ingresos del presupuesto 2011 y el grado de cobertura presupuestaria de las obligaciones previstas en el 2011.
  • Desarrollo de un "portal de la transparencia" que dé acceso a los ciudadanos a todos los procedimientos de información de las Administraciones como la remuneración de los cargos públicos, información periódica sobre la ejecución del presupuesto y de todos los expedientes de contratación y subvención.
  • Convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera y urgente de la Conferencia de Presidentes.
  • Compromiso de no subir impuestos.

Rajoy no ha querido explicar cómo van a cumplir comunidades como la valenciana o la murciana con el plan de austeridad que él mismo ha presentado y sobre todo con los objetivos de déficit sin tocar el gasto social y sin subir impuestos. Porque el líder del PP ha comprometido con su plan a todos los barones a no subir impuestos. De hecho, ni siquiera ha aclarado si la auditoría que van a hacer los dirigentes del PP que lleguen a las presidencias autonómicas se hará también allí donde el PP ya gobierna y hay problemas financieros. Ha dicho que él entiende que los que están gobernando “ya lo han hecho”, lo de revisar sus cuentas. Esto es, no se fía de la revisión que hicieron los funcionarios dirigidos por presidentes socialistas pero sí de la que han hecho los del PP. También ha anunciado un plan para luchar contra la morosidad que choca con el hecho de que algunas de sus autonomías y Ayuntamientos sean los más morosos.

El mensaje que recorre todo el plan de austeridad es muy claro: Rajoy quiere que sus presidentes reduzcan gastos con mucha carga de imagen, como los coches oficiales, las consejerías o los altos cargos, pero de ninguna manera les va a permitir que, al menos antes de las elecciones de 2012, toquen el gasto social —como han hecho Cataluña y Murcia, agobiadas por sus problemas financieros— y fuercen un otoño caliente con médicos y maestros en las calles.

Rajoy, que dijo en una entrevista en EL PAÍS que le gustaba el plan de recortes de David Cameron en el Reino Unido y fue muy criticado por ello, está convencido de que no llegará a La Moncloa si ofrece sangre, sudor y lágrimas. Así que el plan presentado el miércoles quiere ofrecer esa imagen del PP como gestor austero —a pesar de las contradicciones con algunos de los suyos— pero sin molestar en exceso a nadie. Aun así, algunas de las decisiones que se anuncian, como la reducción de entes públicos, supondrán despidos y por tanto conflictos y protestas.

Rajoy no se ha limitado a la austeridad. Ha prometido un plan de apoyo a emprendedores desde las autonomías, y un proyecto de reformas educativas para dar más autoridad al profesor, garantizar el bilingüismo o defender a los centros concertados, como si ya estuviera en La Moncloa. Y ha anunciado pactos entre sus comunidades como una especie de Administración paralela, controlada por el PP, para hacer acuerdos de compras y que las cosas salgan más baratas, algo que ya se estaba promoviendo desde el Ejecutivo central.

Rajoy ha confirmado que Dolores de Cospedal seguirá de secretaria general y no ha querido entrar en ninguna de las polémicas, ni siquiera la de Bildu. El líder del PP, que ha avalado a Francisco Camps, presente en la reunión, tampoco ha querido hablar del caso Gürtel. Aunque ha admitido implícitamente que no tiene coste electoral: “Supongo que a la hora de votar la gente hará un balance global, qué hizo bien o mal, cómo es el de enfrente, supongo que la gente vota por muchas razones, no pretendo saberlas”, ha rematado.

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