El PP teme descubrir más deuda y miles de facturas por cobrar

El equipo de Cospedal cree que hay 100.000 facturas por pagar en Castilla-La Mancha El PP cree que descubrirá más deuda

El Partido Popular (PP) está lanzando serias dudas sobre las finanzas que va a heredar de los socialistas en las comunidades autónomas y ayuntamientos donde va a tomar el relevo. Los populares presidirán a partir de este mes Castilla-La Mancha, Baleares y Cantabria y, con toda probabilidad, Aragón. Todos los futuros presidentes, sin excepción, ordenarán auditorías sobre las cuentas de sus antecesores al poner en tela de juicio, en algunos casos, el déficit declarado, una eventual deuda oculta y las facturas acumuladas sin pagar en el cajón. Francisco Álvarez-Cascos, de Foro Asturias, futuro presidente de esa comunidad, aún no se ha pronunciado al respecto tras su victoria pero sí dijo, hace varias semanas, que quiere evaluar la necesidad de la existencia o no del entramado de empresas públicas que dependen del gobierno socialista de Vicente Álvarez-Acebes.

Soraya Saénz de Santamaría, portavoz del PP en el Congreso, ya anunció la semana pasada que los futuros presidentes darían instrucciones nada más asumir el cargo para examinar la tesorería que recibirán de los socialistas. Con mayor o menos intensidad, todos han cuestionado el estado real de las arcas públicas. Mariano Rajoy, presidente popular, se ha reunido este jueves con la nueva familia autonómica del PP y ha abordado el asunto. La queja sobre las cuentas recuerda enormemente a lo que sucedió en otoño en Cataluña cuando se realizó el cambio de gobierno: Convergència i Unió (CiU) se pasó la campaña lanzando sospechas sobre las cuentas del tripartito y sus críticas arreciaron cuando asumió el poder hasta el punto que su número dos, Oriol Pujol, afirmó que ni habría dinero ni para pagar las nóminas de las funcionarios.

La queja sobre las cuentas recuerda a lo que sucedió en otoño en Cataluña

En Andalucía, donde el PP gobernará por primera vez el Ayuntamiento de Sevilla, el equipo del popular Javier Arenas sostiene que se han encontrado en el consistorio miles de facturas por cobrar de distintos proveedores, algunas todavía con las cuentas en pesetas, lo que remarcaría su antigüedad. Aunque el futuro alcalde, el popular Juan Ignacio Zoido, lo primero que ha prometido ha sido sustituir el nuevo mobiliario urbano y retirar el nombre de una calle en la ciudad a la actriz Pilar Bardem.

En cuanto a los nuevos barones del partido, la más observada será la número dos del PP, la secretaria general María Dolores de Cospedal, La futura presidenta de Castilla-La Mancha es una de las que mantiene el discurso más agresivo al señalar que su comunidad arrastra el mayor déficit (lo sitúa en un 6,4%); cifra la deuda en unos 7.000 millones de euros –el equivalente a un presupuesto anual, avisa uno de los colaboradores de Cospedal- y no descarta que exista además otra parte de deuda oculta. Y calcula que en los cajones hay unas 100.000 facturas sin pagar. La número dos del PP sostiene que quiere cuadrar las cuentas sin recortar los servicios sociales porque cree que se puede ahorrar eliminando otros gastos superfluos.

“Las cuentas están muy mal"

Cristina Matas acusó al gobierno de Revilla y socialistas de llevar a Cantabria “a la ruina”

En Cantabria, el mensaje es parejo. “Las cuentas están muy mal, muy mal, muy mal”, asegura Ignacio Diego, futuro presidente de Cantabria, que encargará una doble auditoría: una contable y otra para valorar la eficacia de los organismos públicos creados por el Gobierno. Diego pinta un paisaje desolador: dice que la comunidad debe 1.000 millones a los bancos y que se adeudan 35 millones al Servicio Cántabro de Salud. Y desliza acusaciones sobre una eventual malversación de fondos públicos contra Revilla en la gestión de la empresa de fibroyeso GFB. Cristina Matas, probablemente nueva consejera de Economía, ya acusó al gobierno de Miguel Ángel Revilla y de los socialistas de llevar a Cantabria “a la ruina”. Los socialistas consideran que todo es una estrategia para recortar y reducir el gasto social.

José Ramón Bauzá, futuro presidente de Baleares, se muestra cauto y prefiere el resultado de la auditoría antes de enjuiciar. “Para tener un tratamiento adecuado hay que lograr un diagnóstico adecuado y no lo podremos aplicarlo si no tenemos las pruebas analíticas sobre la mesa”, avisó el martes. Pero, de entrada, ha señalado que no podrá hacer frente a las facturas que se adeudan a diferentes colectivos, como la Federación de Transportes de Balares. “La situación de las comunidades autónomas va a ser difícil, habrá que hacer frente a pagos de proveedores pendientes y las facturas van a ser cuantiosas”, afirma. Baleares es la única comunidad que ha prorrogado sus presupuestos.

La popular Luisa Fernanda Rudi, que está negociando su nombramiento como presidenta, cuestiona también la herencia que recibirá del socialista Marcelino Iglesias. Rudi conviene que la deuda de Aragón no es “demasiado exagerada” pero avisa que el 14% del presupuesto de la comunidad se gestionar a través de sociedades. “Y no hemos podido someterla a control parlamentario”. Y teme que las facturas que se encontrarán en el cajón y avisa del retraso con que se está pagando a los proveedores. “Por eso hablo de hacer una auditoría: no por una situación extraña sino para tener un buen diagnóstico y para poder hacer unos buenos presupuestos”.

Si el debate sigue el mismo guión que en Cataluña, será largo. El presidente Artur Mas ordenó poco después de la investidura una auditoría de las cuentas cuyo presupuesto se elevó a más de un millón de euros. “No es que no nos fiemos de las cuentas del tripartito, pero es mejor tener el estudio”, afirmó en su día el portavoz del Gobierno Francesc Homs. El cruce de acusaciones ha sido constante y CiU esgrime datos para llenarse de razón: en junio, el tripartito se comprometió a cumplir el objetivo del déficit en un 2,4%. Pero cuando pasó el testigo, lo elevó al 2,66%. Y, tras un primer examen, situó el listón en un 3,9%. Los nacionalistas sostienen que por todo ello y por no cobrar el Fondo de Competitividad, no podrán cumplir el déficit del 1,3% fijado por el Gobierno.

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