El hambre, un complejo entramado de vulnerabilidades

En las últimas semanas, nos hemos visto sacudidos por las alarmantes cifras del hambre en el mundo. Muchos han sido los titulares advirtiendo que el hambre ya afecta a 828 millones de personas, lo que supone un aumento de 150 millones desde el comienzo de la pandemia de la covid-19.

Todavía más preocupante es para América Latina y el Caribe, la región que ha sufrido un mayor incremento de la inseguridad alimentaria, y en la que 60 millones de personas no disponen de suficientes alimentos para comer.

El hambre es una cuestión de género. A nivel global, cerca del 32% de las mujeres padece inseguridad alimentaria moderada o grave, en comparación con el 27,6% de los hombres. De nuevo, las cifras más altas se registran en América Latina, donde la brecha de género en términos de seguridad alimentaria supera el 11%.

El panorama es desalentador, pues se prevé que 670 millones de personas sigan subalimentadas a fines de esta década, lo que nos aleja del objetivo de hambre cero marcado por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La paradoja de este mundo hambriento es que los sistemas agroalimentarios son capaces de producir alimentos suficientes para toda la humanidad. La pregunta inmediata es: ¿cómo es posible que esto ocurra, en qué estamos fallando? La respuesta pasa por preguntarse si en nuestros análisis abordamos las causas reales del hambre.

La guerra en curso en Ucrania y la pandemia de la covid-19, junto con el cambio climático, ponen de manifiesto la complejidad del problema del hambre. Demuestran que las crisis golpean con especial dureza a las personas en situación de vulnerabilidad, siendo el caldo de cultivo para el aumento de las desigualdades y la pobreza.

Por una parte, la guerra librada en Ucrania no solo frena el crecimiento económico y dispara la inflación, sino que también puede generar daños duraderos en las cadenas de suministro alimentario.

La inflación disminuye la capacidad de ahorro de los hogares más pobres, quienes tienden a gastar la mayor parte de sus ingresos en alimentos y a tener medios de vida menos resilientes. Las mujeres son particularmente susceptibles al alza de precios, dado que destinan más dinero al consumo familiar, sobre todo cuando son cabezas de familia.

El encarecimiento de precios dificulta el acceso a insumos agrícolas para los pequeños agricultores, y a una dieta saludable y nutritiva para los consumidores más pobres, sobre todo en los países de bajos ingresos.

Una reducción prolongada de las exportaciones por parte de Ucrania y la Federación de Rusia añadiría presión sobre los precios internacionales, en detrimento de los países más pobres importadores netos de productos alimentarios y de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Por otra parte, la pandemia ha agravado la situación de los colectivos más desfavorecidos, y ha agudizado las desigualdades existentes en el interior de los países. Como resultado, por primera vez en 20 años han crecido la pobreza extrema y la desigualdad de ingresos a nivel mundial. Igualmente, ha dejado al descubierto las desigualdades de género, puesto que las mujeres han dedicado más horas a las tareas de cuidado y la violencia contra ellas ha escalado. El empeoramiento de su situación nutricional conllevaría más recién nacidos con bajo peso y niños desnutridos.

Si la desigualdad y la pobreza son causas del hambre, también deben ser la solución. Ahora bien, esta regla de tres no siempre es evidente a ojos de todos.

Las desigualdades a menudo se pasan por alto en el discurso público, ya que son menos llamativas y visibles, pero sobre todo más complejas de tratar. El hambre es la punta del iceberg bajo el que subyacen un entramado de factores, entre ellos la desigualdad y la pobreza.

Para evitar el recrudecimiento de la crisis alimentaria, es urgente que los Estados consideren las desigualdades en sus políticas públicas, priorizando a los más vulnerables, marginados y excluidos. Es necesario que fortalezcan los servicios públicos de salud, protección social, educación, alimentación, agua y saneamiento, y vivienda, en favor de los más vulnerables y bajo un enfoque de género. Invertir en dichos servicios esenciales será beneficioso a corto plazo, en la medida que mitigará el impacto de las crisis, y a largo plazo, ya que fomentará el desarrollo humano, la productividad económica y la resiliencia, además de facilitar que las instituciones resistan a próximas crisis.

El enfoque basado en los derechos humanos brinda orientación en el diseño y la implementación de estas políticas y servicios públicos. Plantear la pobreza y el hambre desde un enfoque de derechos humanos tiene el potencial de poner en marcha intervenciones que abordan la raíz de los desafíos que mantienen a los más vulnerables en una espiral de pobreza y hambre. Permite dejar de lado las medidas temporales y ad hoc, así como apostar por políticas públicas inclusivas de largo plazo y servicios públicos dotados de suficientes recursos.

Los gobiernos que restringen las exportaciones han de proteger el derecho a la alimentación de su población

Este enfoque requiere cooperación internacional. Los gobiernos que restringen las exportaciones han de proteger el derecho a la alimentación de su población, a la vez que han de minimizar el impacto en el suministro y los precios de los alimentos en terceros países. Exige responsabilidades a las entidades gubernamentales y a las instituciones internacionales para que respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos. Asimismo, contribuye a que los gobiernos no solo creen servicios públicos, sino que aseguren que las personas conozcan sus derechos y se beneficien de este tipo de programas.

Los errores en la elaboración de políticas nos impiden vivir empoderados, con dignidad y arbitrio. Por eso, es más importante que nunca poner encima de la mesa de debate el papel clave que juegan en la lucha contra el hambre las políticas y los servicios públicos en pro de los derechos económicos, sociales y culturales. El objetivo no es solo la recuperación hacia un mundo mejor, sino más justo.

Al mismo tiempo que el mundo busca superar las crisis desencadenadas por la pandemia de la covid-19, los conflictos y el cambio climático, debemos impulsar, a través de los derechos humanos, reformas políticas para la transformación sostenible de los sistemas agroalimentarios. Esto es y será una condición sine qua non en aras de garantizar que todas las personas, en todos lugares, y en todo momento, tengan acceso a una alimentación adecuada.

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