Valores europeos a la deriva cuando se trata de migración

El Consejo Europeo de los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea recibió el 9 de febrero pasado en Bruselas, con todos los honores, al presidente ucranio Volodímir Zelenski y le garantizó su apoyo continuado. Un apoyo que, entre otras cosas, se ha traducido en la activación de la directiva de protección temporal que tanto ha facilitado la acogida de refugiados ucranios en Europa. Ese mismo Consejo acordó financiar la construcción de más vallas antimigrantes. La pregunta que surge inmediatamente, en este caso, de la boca de un sudanés que saltó la valla de Melilla es: “¿Por qué no me tratan igual que a un ucranio?”. La respuesta, aunque resulta difícil decirla cara a cara, es que una parte de la población europea, y de sus dirigentes, diferencia entre nacionalidades de los refugiados, y que las personas que huyen de Ucrania son blancas y cristianas.

Europa está girando hacia partidos que rechazan abiertamente la migración, en vez de verla como una oportunidad. Los partidos de ultraderecha Demócratas de Suecia y los Verdaderos Finlandeses han entrado en los gobiernos de sus países. Fratelli d’Italia fue el partido más votado (26% votos) en las últimas elecciones y su líder, Giorgia Meloni, preside su Consejo de Ministros. la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen tiene 89 diputados en la Asamblea Nacional, sobre un total de 577 escaños, frente a ocho en la legislatura anterior. El partido (muy) conservador de Kyriakos Mitsotakis acaba de conseguir la mayoría absoluta en Grecia. En Hungría, Viktor Orban y su partido Fidesz obtuvieron un 54% de los votos y el PiS (Ley y Justicia) dispone también de mayoría absoluta en Polonia. Y Alternativa para Alemania (AFD) ha subido mucho en las últimas encuestas de intención de voto.

Recientemente, la Unión Europea ha firmado un principio de acuerdo con Túnez para contener la llegada de migrantes por vías irregulares al Mediterráneo. Bruselas pone en la mesa apoyo financiero para Túnez a cambio de proteger las fronteras e impedir la salida de migrantes provenientes de África subsahariana hacia las costas italianas. Este acuerdo llega tras los estallidos de violencia contra los migrantes en la ciudad portuaria de Sfax y cuyas autoridades han expulsado a cientos de migrantes en el desierto.

Una parte de la población europea, y de sus dirigentes, diferencia entre nacionalidades de los refugiados, y las personas que huyen de Ucrania son blancas y cristianas

En este contexto, alcanzar consensos europeos en torno a una política migratoria equilibrada resulta muy difícil. La puerta se cierra a las personas que migran o buscan refugio en Europa. La gestión de las fronteras vulnera derechos humanos y las restricciones crecientes al asilo ponen en cuestión el Convenio de Ginebra sobre los refugiados. La Unión Europea es vista como un espacio de derecho compartido (a veces con dificultad), pero desgraciadamente, la imagen de un espacio de valores compartidos se resquebraja si miramos el trato a las personas migrantes y refugiadas.

El Convenio de Dublín regula el sistema de reparto de solicitantes de asilo donde el Estado responsable de tramitar las solicitudes es aquel al que llega primero el demandante, aunque desee establecerse en otros países. Esto ha llevado, por ejemplo, al colapso del sistema de acogida en Grecia (principal país de acceso para las llegadas desde Oriente Medio y Asia) y, aunque no estén permitidos, a la proliferación de movimientos secundarios hacia otros países como Alemania, Francia o Austria.

La gestión de las fronteras vulnera derechos humanos y las restricciones crecientes al asilo ponen en cuestión el Convenio de Ginebra sobre los refugiados

La crisis de llegadas en 2015 se salvó con la decisión de la canciller Angela Merkel de abrir las puertas de Alemania a quienes huían de las guerras en Siria, Afganistán o Irak. Fue un gesto que pasará a la historia, aunque no fue imitado por los demás Estados. Se acordó una redistribución geográfica de los refugiados, pero solo se realizó parcialmente. Con estos antecedentes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció en 2020 su intención de sustituir el sistema de Dublín por un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, basado en la responsabilidad compartida y la solidaridad. Desde entonces, se trabaja con los Estados miembros en temas como incrementar los retornos, forzosos o voluntarios, la redistribución de los solicitantes de asilo en caso de llegadas numerosas, un sistema común de reconocimiento del asilo, el refuerzo de la base común de datos biométricos Eurodac, etcétera.

Sin embargo, los intereses dentro de la Unión Europea son diversos y alcanzar acuerdos parece misión imposible. Polonia y Hungría, por ejemplo, se oponen a la redistribución geográfica, que preveía una contribución de 20.000 euros por demandante de asilo no aceptado, y han bloqueado en el reciente Consejo Europeo el acuerdo alcanzado por mayoría cualificada de los ministros de Interior.

Mientras tanto, asistimos a tragedias como el naufragio de más de 700 personas en la madrugada del 14 de junio, después de 12 horas de seguimiento de su embarcación por los guardacostas griegos, sin que interviniesen. Las muertes de hace un año en el salto de la valla de Melilla, los afganos muertos de frío y cansancio en la frontera cerrada de Polonia tras ser atraídos a Bielorrusia por el régimen de Lukashenko, o la famosa imagen del cadáver del niño Aylan Kurdi en una playa turca.

La presidencia semestral de la Unión Europea, que España inaugura estos días, deberá lidiar con la patata caliente de un pacto migratorio que es hoy más indispensable que nunca. Europa debe gestionar de forma colectiva las migraciones y no puede ser que echemos por la borda los valores europeos cada vez que hay una crisis migratoria.

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