Las heridas sin cerrar en Marruecos tras la tragedia de Melilla: “Nunca podremos salir de aquí”

Assam Y., de 26 años, un mecánico que dejó Sudán hace cinco años para huir de la muerte o de un porvenir incierto se resigna: “Llevo más de dos años en Marruecos y temo que no podremos salir nunca de aquí”. Sombrío y tempranamente maduro a pesar de su juventud, parece estar de vuelta de todo en la vida. Rodeado de un pequeño clan de refugiados subsaharianos con los que malvive al raso, se oculta para hablar tras unos contenedores de basura en las inmediaciones de la principal estación de autobuses de Casablanca. Todos participaron hace un año en el asalto a la valla de Melilla, en la que perdieron la vida al menos 23 personas, aunque las principales ONG humanitarias elevan hasta 37 la cifra de víctimas mortales y a 76 la de desaparecidos. Eran casi dos millares los que intentaron irrumpir por el puesto fronterizo del Barrio Chino de Melilla. Una cuarta parte logró penetrar en territorio español, pero la mayoría fueron devueltos a suelo marroquí. “Utilizaron todas las formas de violencia contra nosotros, muchos no pudieron resistirlo”, asegura Assam, que muestra una cicatriz en la frente causada, según dice, por un golpe con la porra de madera de un agente marroquí.

La mayoría de los 470 migrantes que lograron entrar en la ciudad autónoma de Melilla por la fuerza en el salto a la valla fueron devueltos sin procedimiento legal a Marruecos. Ahora vagan por las calles del país magrebí, sobre todo por el área metropolitana de Casablanca, la capital económica. Junto a Assam, el obrero de la construcción Yussuf H., de 27 años, se expresa con gesto serio, enmarcado con una barba cerrada. “No quería dejarme matar en mi país y casi pierdo la vida aquí”, reflexiona. Como otros de sus compañeros, huyó hace siete años del servicio militar obligatorio en un país en conflicto. Su viacrucis le hizo atravesar Egipto, Libia y Argelia antes de llegar a Marruecos e intentar al menos en dos ocasiones saltar la valla fronteriza de Melilla.

Para todos ellos, como Alí S., de 25 años, la supervivencia es muy difícil en la periferia de ciudades como Casablanca o Rabat, en la costa atlántica, o en el árido interior de Benimelal, o las zonas agrícolas del sur del país, como las que rodean Agadir. El pasado día 19, Alí desgranaba junta a la gran estación de autobuses de Casablanca un sentimiento compartido de frustración. Con las fronteras de Ceuta y Melilla selladas para la inmigración irregular, ha pensado en subirse a una patera. “Necesitaría muchos años de trabajo para conseguir los más de 5.000 euros que nos piden”, alega. Sus compañeros reconocen que al menos ellos siguen vivos. A otros los perdieron para siempre en la valla de Melilla. El infierno en vida les espera, sin embargo, cotidianamente, en sus noches sobre colchones sucios y húmedos, o sobre el mismo suelo. Con el temor siempre de despertar a golpes si son sorprendidos por la policía.

El Ministerio del Interior de Marruecos señala que solo 40 sudaneses han retornado voluntariamente a su país en los últimos 12 meses, según informa Efe. Más de 1.400 sudaneses se inscribieron al programa en 2022, pero el estallido de un nuevo conflicto en abril de este año en Sudán ha obligado a suspender los planes de repatriación. En 2023, las autoridades marroquíes no han detectado ningún intento de aproximación a la frontera de Melilla. El pasado 14 de abril, aseguraron haber contenido la irrupción de unos 150 subsaharianos en la frontera de Ceuta.

Muchos de los refugiados sudaneses que saltaron la valla de Melilla hace un año reclaman ahora una vía de visados para no tener que arriesgar la vida en las verjas de Ceuta o Melilla o atravesando el mar hacia territorio español. Buscan poner a prueba la legislación española sobre asilo en un momento en el que el Gobierno defiende que hay fórmulas para entrar de forma legal en España. Pero los migrantes consideran que es una vía muerta, sin salida, en la que solo pierden tiempo y dinero en trámites costosos y eternos, sin que les garantice la opción de solicitar asilo de forma efectiva.

Por ahora, como en el caso del sudanés Basir (nombre ficticio para proteger su identidad), que lo solicitó hace seis meses en la Embajada en Rabat, la Administración española está gestionando la posibilidad de pedir protección en delegaciones diplomáticas en el extranjero de forma restrictiva y discrecional. El pasado febrero, la mayoría de grupos parlamentarios, —con el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos—, abogaron porque se trasladara al joven Basir a España. El Gobierno aún no ha respondido a esta propuesta parlamentaria no vinculante, para que pueda viajar con visado hasta España a fin de solicitar asilo de forma oficial.

Los sudaneses viven atemorizados en los alrededores de la estación de autobuses de Casablanca. Están amenazados por la deportación a Argelia, cuyas fronteras con Marruecos están cerradas, o el alejamiento hacia las provincias más periféricas de Marruecos. O, simplemente, con la cárcel, junto con los 87 sudaneses condenados a penas de entre uno y tres años de prisión por su implicación en el asalto a la valla de Melilla del año pasado. También, confiesan en voz baja que volverán a intentar saltar la valla cuando lo crean de nuevo posible. ”No vemos otra alternativa, si no se nos ofrece asilo o visados de entrada”, asegura Assam en nombre de todos los demás. “Las veces que sea necesario”.

Varios transeúntes observaban al grupo de migrantes indocumentados. “Nos miran con desprecio, como si no fuéramos humanos. Los marroquíes no nos quieren aquí”, remacha Assan. Su presencia en las zonas marginales de las ciudades se ha vuelto común en los últimos meses. ”Quienes solo tenemos documentos de la ONU, y no contamos con permisos de residencia, nos arriesgamos a ser detenidos o deportados”, apostilla Alí, que fue carpintero en Jartum. “La policía nos rompe los papeles de Naciones Unidas en la cara y nos detiene con malos tratos”, denuncian. El miedo se refleja en sus miradas. Cuando termina la conversación, se reintegran en la multitud de grupos de subsaharianos que compran comida o intercambian ropa en las cercanías de la estación de autobuses.

Los entre 2.000 y 4.000 migrantes irregulares sudaneses asentados en Marruecos se sienten abandonados a su suerte. Sin poder trabajar en el país ni tener otra vía de salida que la repatriación al suyo, sumido en un nuevo enfrentamiento armado.

El Gobierno de Marruecos ha definido como violentos a los grupos de inmigrantes sudaneses que asaltaron la valla de Melilla y les acusó de haber empleado “técnicas de guerra” en la avalancha contra la frontera del Barrio Chino del 24 de junio. El Ministerio del Interior marroquí consideró el suceso como un “acto premeditado de una violencia no habitual”. Para los refugiados, escapar en dirección a Europa es un deber. Un mandamiento para poder sobrevivir.