“Volveremos a intentar saltar la valla de Melilla”

“Volveré a intentarlo, aunque sé lo que significa. En junio conté unos 25 cadáveres solo en una parte de la valla, pero si regreso a Sudán del Sur me espera un destino peor. No veo alternativa. Lo intentaré las veces que haga falta. Toda mi vida si es preciso”.

John Maruot, sursudanés de 25 años, de religión cristiana, es uno de los supervivientes de la tragedia del pasado 24 de junio, en la que al menos 23 migrantes perdieron la vida, la mayoría aplastados o asfixiados, mientras intentaban saltar la valla de Melilla” para entrar en España.

Lleva ocho meses en Marruecos tras vagar cinco años por el norte de África desde que salió de Yuba, la capital de Sudán del Sur. Mira a uno y otro lado con inquietud mientras relata su peripecia en un parque de Rabat. Dice percibir un profundo rechazo de los paseantes en ese distrito acomodado de la capital marroquí. “Los marroquíes no nos quieren aquí”, remacha.

Ha declinado la invitación para conversar en la terraza de un café: prefiere un lugar más discreto. “El dueño llamará a la policía, como de costumbre”, alega. Le acompañan los sudaneses Osmán Alí, de 22 años, y Yamal Yaher, de 27, que también participaron en el dramático salto a la valla. Otros inmigrantes vigilan en los alrededores por si se presentan las fuerzas de seguridad.

John y Osmán aseguran que la policía española les devolvió a Marruecos el 24 de junio, tras haber recorrido decenas de metros en territorio español al otro lado de la valla que rodea la ciudad de de Melilla. El primero recibió golpes en la cabeza. El segundo se hirió en una pierna. El tercero del grupo, Yamal, había sido interceptado por los gendarmes en territorio marroquí.

“Luego nos llevaron a Uchda [al este] y nos dejaron tras la frontera argelina, pero regresamos de inmediato a Marruecos. Si volvemos a nuestros países estamos muertos”, relata John, que aparenta ser el líder del grupo.

Malviven en las afueras de Rabat entre seis decenas de subsaharianos, casi todos compatriotas. “La policía se presenta cada noche a las cuatro o las cinco de la madrugada para identificarnos. Quienes solo tenemos documentos de la ONU nos arriesgamos a ser detenidos y deportados a la frontera de Argelia”, explica. “Nos quitan las mantas. Nos rompen los papeles de Naciones Unidas en la cara y nos detienen con malos tratos”, denuncian los tres.

“Los vecinos de los barrios populares son los únicos que nos ayudan. Nos traen algo de comida y ropa de abrigo”, agrega John, mientras sus compañeros asienten. Dejó a sus seis hermanos menores en un campo de refugiados en Uganda —su madre murió y de su padre no tiene noticias— antes de emprender un peligroso periplo por el norte de África: Egipto, donde permaneció tres años, Libia y Argelia. “Se ofrecían a embarcarnos para cruzar hasta Europa, pero no teníamos dinero”, rememora. “Y otros subsaharianos nos revelaron que las mafias les habían dejado en tierra tras haberles cobrado miles de euros”.

Todos vinieron hace semanas a Rabat. “Aquí están las oficinas del ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados). Son los únicos que nos reconocen”, señalan, mientras muestran la documentación que les reconoce como refugiados procedentes de zonas en conflicto o demandantes de asilo. “El ACNUR no hace nada más. No tiene dónde acogernos. Nos dicen que esperemos. Pero en Marruecos no tenemos futuro”, advierten.

El miedo se refleja en sus miradas. Caminan muy rápido y evitan detenerse mucho tiempo en el mismo lugar. Temen ser siempre los primeros en ser identificados si pasa la policía. “Si en tus papeles pone que eres sudanés, estás acabado”, lamentan.

Yamal dejó una esposa y dos hijos en su país en 2018. Osmán salió de allí en 2020 para ayudar a sus seis hermanos. Ambos llevan casi un año en Marruecos. Dicen hablar en representación de un amplio grupo oculto en la periferia de Rabat. “No tenemos otra opción que dirigirnos hacia España, hacia Europa, antes de poder traer a nuestras familias”, justifican la obstinación por llegar a Ceuta o Melilla, “pero ahora estamos atrapados y tampoco podemos regresar a nuestra tierra”.

Admiten que alcanzar las ciudades autónomas españolas es ahora muy peligroso. “Te pueden detener en cualquier parte. En una carretera, en una estación de autobuses”, aseguran. “Nos tratan como animales. No como a ser humanos. Solo si alguien nos lleva hasta allí podremos saltar a España”, zanjan.

Los entre 2.000 y 3.000 migrantes irregulares sudaneses en Marruecos se sienten, como Maruot y sus compañeros, abandonados a su suerte. “No podemos ir al hospital. No tenemos acceso a medicinas. No nos dejan ganarnos la vida con nuestro trabajo, a pesar de contar con la documentación de la ONU”, desgrana el refugiado sursudanés un memorial de agravios. Sus compañeros admiten que en Libia la vida era aún peor, y que en Argelia también resultaba difícil sobrevivir.

“Tenemos que salir de aquí como sea”, tercia Osmán. “En Marruecos no me siento seguro. No reconocen nuestros derechos. Nos arrojan a las calles, a dormir al raso. Nos expulsan a golpes de casas en ruinas”, concluye.

Necesitarían contar con al menos 3.500 euros por persona para intentar llegar en patera hasta Canarias, como el también sudanés Yusef Abu Obaida, de 25 años. Dos meses después del salto a la valla de Melilla, él alcanzó las costas de Lanzarote. Desde allí se dirigió hasta Sevilla y más tarde recaló en París, desde donde conversa por teléfono. “Acabo de recibir la documentación de residencia como refugiado durante un año, pero aún no puedo trabajar”, explica Abu Obaida, quien aspira a estudiar en la capital francesa para convertirse en intérprete.

Su testimonio ha formado parte del documental Muerte en la frontera, emitido la semana pasada por la BBC. “Llegué a cruzar las vallas de Melilla, y entré en España, pero la Guardia Civil me expulsó por la fuerza de nuevo a Marruecos”, condensa su peripecia en la avalancha de junio. “Salim, unos de mis mejores amigos, desapareció el 24 de junio. No he vuelto a saber nada de él”.

“Ahora estoy bien. Mi vida en Marruecos era un infierno. Teníamos muchos problemas con la policía. ‘No sois nadie, no sois humanos’, nos decían los agentes entre golpes y empujones”, afirma. “En cada ciudad nos expulsaban, como si fuéramos animales”, recuerda. Después del salto de Melilla, Yusef fue trasladado a Agadir (más de mil kilómetros al sur por carretera). De esa ciudad portuaria pudo salir para emprender después la travesía hacia Canarias. “Unos senegaleses me ayudaron a cruzar en barco hasta Lanzarote”, se limita a aclarar ahora. “Intenté pedir asilo en Marruecos, pero a los sudaneses no nos respetan en ese país. Por eso queremos ir a Europa. Mis amigos solo me cuentan malas noticias sobre su vida en Marruecos”.

La Organización Internacional para las Migraciones y el ACNUR han recordado a los Estados tras la tragedia de la valla de Melilla la necesidad de respetar los derechos fundamentales de los migrantes. Ambas organizaciones subrayan la importancia de encontrar “soluciones duraderas” para las personas desplazadas para prevenir los “intentos de paso peligrosos”.

El Gobierno de Marruecos define como violentos a los grupos de inmigrantes sudaneses. Los acusa de haber empleado “técnicas de guerra” en la avalancha del 24 de junio y de estar “habituados a los enfrentamientos”. El Ministerio del Interior marroquí consideró el suceso como un “acto premeditado de una violencia no habitual”. El tránsito de migrantes en situación irregular, de jóvenes procedentes de países en conflicto o con guerras recientes, es visto por Rabat como un problema de “seguridad pública”.

“Marruecos no va a cambiar su política de firmeza en la contención de la inmigración irregular porque ha recibido el respaldo de la Unión Europea y de España para que controle las fronteras del sur de la UE, sobre todo con Ceuta y Melilla”, analiza Khadija Inani, responsable del área de inmigración de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). “En nuestra organización pensamos que se va a instrumentalizar la cuestión de la inmigración para demandar más apoyo financiero de la UE”, agrega. “No hay voluntad real de cambio. Marruecos no tiene un sistema legislativo de asilo, a pesar de que ha ratificado la Convención de Ginebra [de 1951 sobre refugiados y demandantes de asilo]. Y los refugiados van a intentar siempre ir hacia el norte para acogerse a ese derecho”.

Inani considera que el contexto marroquí actual está caracterizado por la regresión en materia de derechos humanos en general, a la vista de la detención de periodistas y comunicadores, incluso de ciudadanos que escriben en las redes sociales y que son encausados. “La restricción del espacio de la sociedad civil tiene repercusiones muy negativas sobre los inmigrantes”, advierte.

Ibrahim, de 24 años, también es un refugiado sudanés en Marruecos. Prefiere ocultar su apellido y comunicarse a través de WhatsApp desde la ciudad costera de Casablanca, adonde llegó hace apenas cuatro días desde Beni Melal, en el interior rural del país. “Las autoridades españolas me arrestaron [tras atravesar la valla de Melilla] y me devolvieron a Marruecos”, relata con voz nerviosa a través de un teléfono móvil prestado por otra persona. “Si se hacen públicos los vídeos [del 24 de junio] se podrá comprobar que muchos atravesamos la frontera y entramos a fondo en territorio español”.

“Cuando llegué a Marruecos por primera vez, en 2021, nos perseguían las fuerzas de seguridad, pero ahora nos están tratando como a criminales. Sin piedad. Si eres sudanés, estás perdido”, define su situación y la de sus compatriotas indocumentados. “Solo tengo los documentos [de refugiado] de la ONU. A veces sale algún trabajillo en la construcción o recogiendo fruta. Pagan entre 50 y 70 dirham, no más de 100 (nueve euros) por día, a veces por jornadas de hasta 12 horas”, describe la penuria de su vida cotidiana. Se aloja en una infravivienda semiderruida en las afueras de la mayor urbe marroquí, como si durmiera al raso.

“Quiero irme. España es nuestra única salida. En patera es muy caro. No tenemos más remedio que volver a saltar la valla [de Ceuta o Melilla] una y otra vez. Es mejor morir intentándolo que volver a Sudán”, resume el sentimiento compartido por la gran mayoría de los sudaneses en Marruecos. “Si vuelvo a mi país, mi vida no vale nada”, sentencia cuatro años después de haberlo abandonado. “Los documentos que nos da la ONU son papel mojado”, solo sirven para malvivir. “Nadie me ha ayudado en Marruecos. Cada día que sigo aquí es como si fuera mi ultimo día”, apostilla.

Ibrahim precisa que uno de sus compañeros en el salto permaneció encarcelado más de un mes en Nador. Pero luego fue liberaron. “Sé que otros han recibido condenas de cárcel”, confirma con desesperación después de haber pasado un año en Marruecos, más de dos en Egipto y varios meses en Libia y Argelia. “Creía que aquí las cosas iban a ir mejor, pero todo está siendo igual de peligroso. La ONU no hace nada por nosotros”, responsabiliza a la comunidad internacional.

Mohamed Amín Abidar, presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Nador, puntualiza que los presos juzgados por el salto a la valla de Melilla han sido 96, 28 de ellos por el Tribunal de Apelaciones, para las acusaciones más graves, y el resto por el de Primera Instancia. Suman 300 años de cárcel en total. “En lugar de juzgar a los traficantes de seres humanos, se ha procesado a los inmigrantes”, cuestiona. “Siempre hemos defendido que los demandantes de asilo deben ser tratados como víctimas y no como delincuentes. En estos procesos no se han respetado los derechos de los demandantes de asilo y de los inmigrantes”, afirma Abidar.

Responsabilidad compartida

El activista sostiene que, en cierta manera, los juicios han servido para dar una imagen distinta sobre lo que realmente ha pasado. “España y Marruecos intentan criminalizar a los inmigrantes cuando se producen tentativas de entrada en la frontera”, argumenta el responsable de la AMDH en Nador, “pero nuestros abogados han seguido el proceso desde el primer día y han observado irregularidades en los atestados de la policía judicial marroquí, que no reflejaban las declaraciones de los inmigrantes, efectuadas en ocasiones en ausencia de intérprete”. Anticipa que se van a revisar todos los casos en los que los testimonios no han quedado bien detallados para estudiar si se recurren ante un tribunal superior.

“Es necesario que España entregue las imágenes tomadas desde sus cámaras [en la valla de Melilla] para que se pueda hacer justicia”, completa sus declaraciones desde Nador. “Lo contrario implica ocultar la realidad y escapar a las responsabilidades, cuando se ha utilizado la violencia contra los inmigrantes. Y hay una responsabilidad compartida entre Marruecos y España, así como con la UE”, asevera.

En la actualidad, en los alrededores de Nador y Melilla no hay inmigrantes que quieran seguir intentando cruzar la frontera, según confirman los observadores de la ONG marroquí defensora de los derechos humanos. “Toda la zona está militarizada. Y los migrantes tampoco tienen medios para llegar hasta aquí”, puntualiza el presidente de la AMDH en la provincia rifeña.

El despliegue de fuerzas de seguridad, detalla, es masivo tras la normalización de relaciones entre Marruecos y España, en marzo de este año, a raíz del giro dado por el Gobierno español al abandonar la posición de neutralidad en el conflicto del Sáhara Occidental. “Lo que ocurrió el 24 de junio en la valla de Melilla fue el reflejo de esa normalización”, remata Abidar. “Solo esperamos que la UE pueda encontrar una solución humanitaria para la situación inhumana que sufren estos inmigrantes”.