La paz social de España no durará sin esfuerzos por integrar a los migrantes

En el ámbito internacional, España destaca por la ausencia de graves conflictos sociales en torno a la integración de las personas inmigrantes. Excepción son los episodios violentos ocurridos en El Ejido (2000) y Elche (2004), atípicos, por desarrollarse en un contexto rural y por la violencia que se ejerció involucrando a varias decenas de personas.

Las ciudades españolas concentran tasas altas de población inmigrante (récord histórico de 6.227.092 personas extranjeras a 1 de abril de 2023), que habitan en un clima de aparente paz social. Esta situación no se ha visto afectada ni siquiera tras las dos crisis socioeconómicas (en 2008 y la reciente vinculada a la pandemia de covid-19).

Pero, a diferencia de otros contextos, ¿por qué no surgen conflictos sociales en España, a pesar del número tan elevado de personas extranjeras y de la situación social tan vulnerable en la que se encuentran?

Una población inmigrante “subintegrada”

Para analizar la situación de integración de la población extranjera, hemos adoptado la Teoría de los Marcos de Ruptura (TMR) y hemos seguido los trabajos de Nancy Fraser sobre las Escalas de Justicia. Como resultado, encontramos que la población inmigrante en España refleja una integración parcial en los tres principales aspectos: socioeconómico (acceso a los derechos frente a desigualdad), político-institucional (ejercicio de la ciudadanía frente a deslegitimación), y etnocultural (reconocimiento identidad frente a discriminación). A esto lo hemos definido como “subintegración”.

Los datos de pobreza severa (21%), endeudamiento (11,7%), y desempleo de larga duración (16,7%) afectan con mayor intensidad a los hogares con población inmigrante

En el primer ámbito (socioeconómico), un análisis de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre 2008 y 2021 muestra que la población extranjera residente en España se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad económica. Entre 2020 y 2021, mientras la población española apenas vio modificado su nivel de renta, se produjo un descenso significativo en la renta media de la población extranjera (no comunitaria) superior a los 1.000 euros. De la misma forma, la tasa de pobreza relativa alcanzó en 2021 un 59% en la población extranjera no comunitaria.

Un análisis de la Fundación Foessa (2021) presenta una realidad similar. Los datos de pobreza severa (21%), endeudamiento (11,7%), y desempleo de larga duración (16,7%) afectan con mayor intensidad a los hogares con población inmigrante.

En cuanto al ámbito político-institucional, desde la pandemia, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha mantenido una acelerada actividad normativa. Se han sucedido numerosas instrucciones, órdenes, leyes y reformas legislativas que, fundamentalmente, han supuesto una mejora en las condiciones laborales y de contratación de las personas inmigrantes. Sin embargo, las reformas han continuado reorientando a la población extranjera hacia un mercado laboral estratificado y segregado, obligándoles a insertarse en los sectores de actividad que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha denominado como sucios, peligrosos y degradantes (en inglés se denomina con las tres D: “dirty, dangerous and difficult”).

En España, estos sectores son la hostelería, agricultura, ganadería, pesca, construcción, empleo doméstico y los cuidados, donde existe gran precariedad y temporalidad y hay gran cantidad de mano de obra migrante. En este sentido, las reformas legislativas no han logrado incrementar los bajos niveles de integración social de las personas migrantes, porque han continuado centrándose en suministrar mano de obra barata a estos sectores laborales que la demandaban.

Por último, en el ámbito sociocultural, España se encuentra entre la tolerancia y el distanciamiento. Durante la última década, los barómetros de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia presentan a la población española con actitudes tolerantes y comprensivas hacia los migrantes. Investigaciones y estudios recientes en los barrios más vulnerables de las áreas metropolitanas señalan que las relaciones intergrupales entre ambos permanecen tranquilas, aunque distantes. Una gran mayoría de españoles comparte actitudes abiertas y comprensivas hacia las personas extranjeras, gracias, a la apreciación de que “hacen los trabajos que los españoles no quieren hacer”. Esta segregación laboral, que en ocasiones deriva en una discriminación salarial y residencial, permite que el racismo explícito permanezca contenido.

El capital social, clave para sobrellevar la situación socioeconómica y legislativa

Las relaciones sociales son portadoras de capital social (ayuda material, influencia y acceso a otras relaciones) y de bienes relacionales (afecto, seguridad, marcos de referencia y significado vital). Este capital social ha ayudado a sobrellevar la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes en España y así lo corrobora un análisis de los indicadores referidos a la calidad de las relaciones entre la población extranjera durante el periodo de crisis. Los resultados fueron positivos y apenas existía diferencia en comparación con la población española.

Así, el capital social ha jugado un papel determinante en la prevención de los conflictos sociales en nuestras ciudades. Estas redes han tenido la capacidad de aliviar las desventajas socioeconómicas experimentadas durante las crisis, permitiendo estrategias de sobrevivencia, apoyo y canalización del malestar social. No obstante, esta protección limitada no ha facilitado que se pudieran producir cambios en el tipo de empleos, ni en el estatus social, ni en la renta, ni en los salarios de individuos o familias.

El dilema ético

Estos resultados se traducen en una paz social frágil, derivándose en una subintegración de la población inmigrante por el rol preventivo que juega el capital social. Es decir, sea cual sea la situación, las personas migrantes no tienen las herramientas suficientes para integrarse y el capital social ha ayudado solo a sobrellevar su vulnerabilidad, aunque no podemos esperar que sea por mucho tiempo.

Esta incómoda realidad plantea el dilema ético: ¿revertir o no el statu quo injusto para alcanzar una plena integración de las personas extranjeras? En aras de esta armonía quebradiza, ¿puede la población de origen inmigrante continuar ocupando las peores posiciones sociales y económicas respecto a la población nativa? ¿Es legítimo continuar empujándoles hacia posiciones laborales, residenciales, y educativas, más secundarias y vulnerables?

Optar por la falta de acción supone una paz social frágil e injusta, que conducirá en el futuro a un escenario de graves y complejos conflictos sociales, cuyo abordaje tendrá que ser represivo y policial. Esto no ocurre con una acción política o una intervención social dirigida a promover los derechos y la igualdad de oportunidades. Aunque desencadenaría en el corto plazo un conflicto social, esta sería fácil de abordar por los responsables políticos y, a la larga, nos llevaría a la convivencia.

Enfrentados a este dilema ético, y tomando en cuenta la tendencia de crecimiento constante de la población extranjera en España, defendemos la necesidad de revertir la injusticia que conlleva la subintegración para prevenir futuros estallidos sociales, y garantizar la convivencia en el largo plazo.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.