El rastro perdido de los refugiados en la frontera entre Polonia y Bielorrusia

Las severas condiciones del invierno y la presión de la UE frenaron en seco la crisis migratoria de 2021 orquestada por el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, en la frontera de su país con Polonia. Parecía que se había perdido el rastro a los cientos de migrantes y refugiados que intentaban llegar a la Unión Europea por esta ruta y el Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS) ha dado por zanjada la situación con la construcción de una valla de 5,5 metros de alto y 186 kilómetros de largo. Cada día siguen entrando a su territorio, sin embargo, decenas de personas. Continúan produciéndose violaciones de derechos humanos con las devoluciones en caliente, según las organizaciones de defensa de los derechos humanos y ONG. Y casi 700 migrantes y demandantes de asilo permanecen encerrados en centros de detención, incluyendo mujeres y niños.

El año pasado, la Guardia Fronteriza polaca registró 40.000 intentos de entrar ilegalmente al país, un número que incluye a quienes hicieron varias tentativas. Polonia, igual que los países bálticos que lindan con Bielorrusia, tomó medidas extraordinarias frente a lo que la UE y los gobiernos de la región consideraron tácticas de “guerra híbrida”, el uso de migrantes para desestabilizar la Unión. El Gobierno decretó el estado de emergencia el 2 de septiembre, prohibió el acceso a una franja de tres kilómetros a lo largo de la frontera y aprobó una ley para avalar las devoluciones en caliente. El pasado 1 de julio, Varsovia levantó esa medida y dio la valla por finalizada, a falta de instalar elementos electrónicos como cámaras y sensores de movimiento. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, declaró el 30 de junio a los pies del muro coronado por concertinas: “Gracias a nuestra política, hoy podemos centrarnos en la que es la mayor prioridad de Europa, esto es, ayudar a una Ucrania en lucha por mantener su soberanía”.

Hay zonas donde la orografía, con ríos que atraviesan bosques y zonas pantanosas, ha dejado huecos en la infraestructura. Y está también el hecho que siempre repiten los expertos en migración y que enuncia en conversación telefónica Hanna Machinska, comisaria adjunta de Derechos Humanos de Polonia, una figura pública independiente del Gobierno: “Una valla no es una solución; no va a impedir la entrada de quienes intentan desesperadamente salvar su vida”. Como explican miembros de Grupa Granica, una red de activistas y organizaciones que da ayuda humanitaria y legal a los migrantes, quienes intentan entrar en la UE salvan el obstáculo cavando túneles, usando escaleras o escalando.

Marysia Zlonkiewicz, de la asociación Chlebem i Solą (Pan y Sal), que lleva desde septiembre viviendo entre Varsovia y la frontera, explica que este verano realizan intervenciones con unas 200 personas a la semana en el lado polaco y ha habido días donde el número ha llegado a 50 en 24 horas. En lo que va de 2022, los intentos de entrada han sido 6.000, según los datos oficiales.

Si en 2021 los miles de personas que buscaban entrar en Polonia venían principalmente de Minsk en viajes organizados por el régimen de Lukashenko, procedentes de Siria, Irak, Afganistán y países subsaharianos, este año el origen principal de la ruta es Rusia. “Todo está organizado por el régimen bielorruso y dirigido por las autoridades rusas”, sostiene Anna Michalska, portavoz de la Guardia Fronteriza. Zlonkiewicz explica que se encuentran con muchos extranjeros a quienes les ha caducado el permiso de residencia en Rusia o jóvenes con visados de estudiantes en ese país. También migrantes que escaparon del este de Ucrania hacia Rusia, según Katarzyna Slubik, presidenta de la Asociación de Intervención Legal, miembro también de Grupa Granica.

Este año hay menos mujeres y niños y han aparecido también nuevas nacionalidades, como cubanos, haitianos y yemeníes. Si en 2021, cuando los activistas los encontraban en el bosque, muertos de frío y cansancio, los migrantes y demandantes de asilo buscaban el amparo de las autoridades polacas, este año, alertados por las historias que han oído de devoluciones en caliente e internamiento en centros de detención, intentan evitarlas y continuar camino hacia otros países europeos, según Slubik. Machinska subraya que han muerto 20 personas a ambos lados de la frontera. El estado de salud de los que llegan ahora, excepto por roturas en pies o piernas y cortes por escalar la valla, es bastante aceptable en esta temporada veraniega.

Comparada con la política de puertas abiertas a los refugiados ucranios de Polonia, que nadie discute y todos celebran, el trato que reciben las personas que llegan al país por la frontera bielorrusa, aunque son muchos menos, es “cínico, cruel e inhumano”, según el diputado de Los Verdes Tomasz Anisko. “Todos los refugiados deben ser tratados de la misma forma con independencia de dónde procedan y cómo lleguen a la frontera”, afirma Rafal Kostrzynski, portavoz en Polonia de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). Su organismo aboga antes el Gobierno polaco “por un trato más humano, acceso a los procedimientos para solicitar asilo y abstenerse de realizar devoluciones en caliente”.

La Guardia Fronteriza se defiende: “Si alguien quiere pedir el estatus de refugiado, registramos la solicitud en todos los casos. Pero no ayudamos a los que usan nuestro país solo como un paso en su viaje ilegal para llegar a otros países europeos”, dice su portavoz por correo electrónico. Todos los que han trabajado observando o ayudando en la frontera denuncian, sin embargo, la devolución sistemática de migrantes al lado bielorruso que efectúan los guardias de frontera, incluso en los casos en los que se manifiesta la voluntad de demandar asilo. “Algunos han llegado a ser expulsados hasta 30 veces”, incide la comisaria adjunta, cuya institución ha sido la única con acceso a la zona de acceso prohibido durante la crisis. Esta práctica es “ilegal y una violación de las leyes y los estándares internacionales, además de la Constitución polaca”, subraya.

A quienes la Guardia Fronteriza sí registra como demandantes de asilo o están a la espera de ser deportados, son internados en centros de detención durante varios meses mientras se tramita su caso. Hay casi 700 personas en los seis que existen en el país. En el pico de la crisis de 2021, a las malas condiciones de algunos se unía el hacinamiento. Ahora tienen más espacio, pero se siguen produciendo revueltas, huelgas de hambre e intentos de suicidio. El nombre de uno de ellos, Wedrzyn, aparece en casi todas las conversaciones. “Es como Guantánamo, con condiciones peores que la cárcel”, describe Anisko. Allí, relata, los internos están desconectados del mundo exterior a merced de la buena voluntad o no de sus guardianes. En este centro, enclavado en un área militar, “los guardias no utilizan los nombres [de los recluidos], solo números; es inhumano”, añade Machinska.

“Algunas de las organizaciones no gubernamentales que han criticado nuestro servicio nunca han dedicado tiempo a hablar con nosotros ni a visitar nuestros centros”, se queja Michalska, portavoz de la Guardia Fronteriza. Pero tanto Anisko, por su condición de diputado, como Machinska, como representante de la Oficina de Derechos Humanos, han tenido oportunidad de conocerlos por dentro. La comisaria adjunta recuerda, además, que las personas vulnerables como mujeres embarazadas, personas con discapacidad y menores no deberían ingresar nunca en este tipo de centros, igual que las víctimas de tortura y, sin embargo, allí se los ha encontrado. Quienes están dentro deben tener acceso garantizado a ayuda psicológica y médica, a abogados e intérpretes y a condiciones de vida dignas, recuerda. “La mayoría de la sociedad piensa que esta crisis se ha acabado”, alerta Anisko. La existencia de los centros y la actividad en la frontera demuestran que no, aunque la guerra en Ucrania haya desviado los focos.

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