Ni hormigón ni dinero: la cooperación europea en América Latina se centra en las políticas públicas contra la desigualdad

Piense en un cooperante al desarrollo. Ahora, en un magistrado de la Audiencia Nacional de España. ¿Se parecen? Más que eso, Joaquín Delgado Martín es ambas cosas. El juez español no implementa programas de potabilización de agua en Libia, ni formula proyectos para vacunar niños contra la polio en Pakistán o reducir la mortalidad materna en África subsahariana; él comparte sus conocimientos con funcionarios del sistema judicial de países y regiones en vías de desarrollo para apoyar sus procesos de reforma, modernización, fortalecimiento institucional y profesionalización en su ámbito. Siempre con un propósito: “Que todas las personas sean capaces de defender sus derechos ante la justicia y que, cuando lo hagan, se les trate bien”.

Fue en su etapa al frente de las relaciones internacionales en el Consejo General del Poder Judicial, hace más de dos décadas, cuando Delgado conoció y se involucró en esta modalidad de cooperación internacional para el desarrollo. Se trata de mejorar la vida de las personas “desde el corazón de las instituciones”. “Vamos a la esencia del poder”, explica.

De este modo, si un país solicita apoyo a los organismos que implementan este tipo de cooperación internacional para desarrollar su sistema de carrera judicial, por ejemplo, un funcionario como Delgado se desplaza para trabajar con los expertos locales en las posibilidades. “Al principio tratas de aplicar tus soluciones a sus problemas, pero con el tiempo, cambias y comprendes que tú no vas a enseñar”, continúa el juez. “La idea es compartir mis conocimientos y ser útil a otros Estados”.

En esta faceta de juez cooperante, Delgado es experto asesor del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea para el fortalecimiento de las instituciones y la elaboración de políticas públicas en Latinoamérica con el objetivo de reducir la desigualdad en la región e incrementar la cohesión social. El acceso a la justicia en los términos que plantea el magistrado español es una de las áreas que trabaja la cooperación europea en este sentido. Los otros tres ámbitos de actuación son la transparencia y lucha contra la corrupción, la fiscalidad al servicio de una redistribución que cierre brechas entre ricos y pobres y, finalmente, la ordenación territorial inclusiva.

Somos la parte desconocida del sistema español de cooperación internacional al desarrollo

Anna Terrón, directora de FIIAPP

“Somos la parte desconocida del sistema español de cooperación internacional al desarrollo”, afirma Anna Terrón, directora de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), presente en más de 120 países para fortalecer sistemas públicos mediante el intercambio de conocimiento entre administraciones públicas. Este organismo es uno de los encargados de implementar desde hace 15 años, junto con instancias de Francia e Italia, el programa EUROsociAL+, que ha celebrado entre el 12 y el 14 de enero en Valparaíso (Chile) un encuentro para compartir y evaluar su actuación, así como planear los siguientes pasos en materia de políticas públicas para una salida justa a la crisis desencadenada por la pandemia.

“Menos geográficamente, Latinoamérica es nuestra vecindad más cercana”, subraya Terrón. Frente a la cooperación de hormigón y ladrillo por la que está apostando China en la región y una más tradicional y asistencialista de Estados Unidos, Europa busca “subir la agenda de la cohesión social y la desigualdad”, anota Juan Manuel Santomé, director de EUROsociAL+. “Se habla de las agendas verdes y digital, pero no nos podemos olvidar de priorizar a las personas”.

A diferencia de un modelo de exportación o imposición de programas y políticas, este proyecto europeo trabaja a petición de los países. “Una cosa es buscar replicar, eso es cooperación de los setenta y no funciona; y otra es inspirar, acompañar, a demanda. No se impone nada”, defiende Santomé.

Esta agenda de cooperación europea en Latinoamérica se centra, en definitiva, en los retos que señala un reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El documento advierte de que la concentración de poder, la violencia y los sistemas de protección social ineficientes obstaculizan el progreso de la región. Y la covid-19 ha acentuado estos problemas que antes de la pandemia ya habían desencadenado manifestaciones sociales de una ciudadanía frustrada por la persistencia de las desigualdades y un exiguo avance en la mejora de su bienestar; como sucedió en Chile a finales de 2019.

Tras un lustro de crecimiento de la pobreza extrema en la región, en 2021 marcó su máximo en 20 años por el coronavirus: el 12,5%, uno de cada ocho latinoamericanos, estaba en esa situación el año pasado, alertaba la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Más allá de sus consecuencias socioeconómicas, la propia enfermedad de la covid-19 ha resultado ser un ejemplo de la desigualdad que aqueja la región. Latinoamérica acumula ya cerca de una quinta parte de los casos confirmados y alrededor del 30% de las muertes en todo el mundo, a pesar de tener solamente el 8,4% de la población mundial. Ahora toca “reconstruir mejor”, como se repite desde los organismos internacionales, lo que, en opinión de los responsables de EUROsociAL, pasa por “nuevos pactos políticos y sociales con un denominador común anclado en la equidad, el respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia”.

Redistribución contra la desigualdad

“El mayor mal de América Latina es la desigualdad. Por eso, son necesarias políticas que cierren brechas y restablezcan la confianza entre personas e instituciones”, analiza Santomé. Uno de los problemas que destaca el estudio del PNUD en este punto son las políticas fiscales, poco eficaces para la redistribución de ingresos. Pese a las evidencias, no todos los países están igual de dispuestos a implementar medidas para abordar esta realidad, reconoce el director de EUROsociAL+. “Pero siempre hay senderos para avanzar”, anota zigzagueando con la mano.

Una de esas carreteras secundarias que explora la cooperación europea son los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) en las universidades de la región. Estudiantes de carreras de Ciencias Contables y Empresariales proporcionan asistencia gratuita a personas de baja renta y a microempresarios, al mismo tiempo que ellos mismos mejoran sus capacidades profesionales.

El modelo nació en Brasil y EUROsociAL+ ha intermediado para su expansión en otros territorios. Lucy Sallo Llihuac es estudiante de contabilidad y gestora del NAF de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Perú). Ella, la primera mujer de su familia que ha llegado al más alto nivel educativo, ejerce de enlace entre sus vecinos en Chinchero, de población indígena a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y la administración tributaria. “Sensibilizo sobre la necesidad de pagar impuestos para el desarrollo de un país, para la educación, vacunas, obras públicas, hospitales...”, enumera frente al público del encuentro de EUROsociAL+ en Valparaíso. “Los emprendedores tienen que ser conscientes de la importancia de formalizarse: tiene ventajas para importar y exportar, y para acceder a créditos financieros”. Ella contribuye a lograrlo en un país en el que el 75% de la población activa tiene trabajos informales, según la Cámara de Comercio de Lima.

La corrupción y la impunidad que erosionan la democracia

Para Jorge Bermúdez, contralor general de la República de Chile –órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado–, el principal desafío de Latinoamérica es la corrupción. “Es el cáncer de la democracia”, asevera. “Corroe el sistema democrático porque quienes detentan el poder dicen una cosa y hacen otra. Eso genera una cultura tóxica de desconfianza y para cooperar hay que confiar”. ¿Cómo combatir esta deriva? “Haciendo aquello a lo que nos comprometemos”, zanja.

Por eso, con apoyo de EUROsociAL+, Chile ha establecido una Estrategia Nacional contra la corrupción. “Más de 20.000 personas participaron en la elaboración. Ahora toca llevarla a la práctica y que no se quede sobre el papel”, expone ante la audiencia del encuentro en Valparaíso.

Por su parte, Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial de España y miembro de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana, opina que otro gran generador de desconfianza es la impunidad. “Un sistema judicial saludable tiene que poner el acento en el acceso real y efectivo”, afirma. Sin embargo, la región registra uno de los mayores índices de impunidad en el mundo, según un estudio de la Universidad de las Américas de Puebla (México). “Honduras, Paraguay, Guyana y México se encuentran entre los 10 países con sistemas de justicia y seguridad más endebles y donde menos crímenes se resuelven”, determinan los autores.

La justicia es la llave de todos los derechos. De nada sirve que los tengan reconocidos si, cuando se incumplen, no pueden acudir a quienes pueden restituirlos

Joaquín Delgado, magistrado de la Audiancia Nacional de España

Los numerosos casos de feminicidios, asesinatos tránsfobos o de activistas ambientales sin condena son prueba de ello. América Latina es, de hecho, la región más mortífera del planeta para los defensores de la tierra. Solo en Colombia y México se produjeron 95 de los 227 ataques letales a nivel global de este colectivo, de acuerdo con el más reciente informe de la organización ecologista Global Witness.

“La justicia es la llave de todos los derechos. De nada sirve que los tengan reconocidos si, cuando se incumplen, no pueden acudir a quienes pueden restituirlos. Los poderosos tienen esa llave, pero muchas personas no, por su situación de vulnerabilidad, por pobreza, porque son niños, con discapacidad o indígenas”, comenta Delgado. Para garantizar ese acceso equitativo insuficiente en la región, el magistrado español participó con su chaqueta de cooperante de EUROsociAL en la redacción de las 100 Reglas de Brasilia en 2008 y su actualización una década después. 23 países se han adherido a este documento de recomendaciones que él desea que sea “de obligado cumplimiento” en un futuro próximo, incluso en España. “A las personas con más obstáculos para acceder a la justicia se les tiene que ayudar más”, resume.

Cooperación de ida y vuelta

El aprendizaje en este tipo de cooperación Europa-América Latina es bidireccional. Así lo constata el magistrado de la Audiencia Nacional. “Esta labor te hace salir de tu zona de confort y adquieres otra perspectiva de tu trabajo”. Delgado tira de ejemplo práctico para hacerse entender: confiesa que, cuando va al hospital, le gusta que el médico le detalle qué le van a hacer, qué va a pasar a su paso por el centro. Eso mitiga sus miedos. Ese mismo nivel de información piensa que demanda alguien que acude a un juzgado, que no tiene por qué conocer su funcionamiento. “Ahora les explico, antes de empezar, quién es cada persona en la sala, cuál es el proceso... Y luego me pongo serio”. Esta práctica es una de las que ha incorporado a su quehacer gracias a su aprendizaje en sus periplos como cooperante, “hablando con unos y otros”.

Así contribuye, dice Delgado, a la consecución del décimo Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU sobre la reducción de las desigualdades. Pues las brechas no solo se cierran con hormigón y dinero, sino que, según los postulados de la Unión Europea y sus programas de cooperación al desarrollo en América Latina, hacen falta instituciones fuertes, libres de corrupción, que promuevan políticas encaminadas a una mayor distribución de la riqueza, más y mejores servicios públicos en todos los territorios y un acceso la justicia universal. Y en eso ha puesto a trabajar a una legión de trabajadores de la administración pública. Como cooperantes.

Más que políticas públicas

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, pide a la Unión Europea algo más que cooperación para el desarrollo de la región. “Es el momento de poder provocar y pasar de la declaración de intenciones a los propósitos”. Así, reclama la restitución de los “bienes naturales comunes” que se han apropiado para su enriquecimiento las transnacionales. “También europeas”. Para que el agua no sea priorizada para la industria extractiva o el cultivo de aguacate mientras la población de sus comunidades depende de la llegada de camiones cisterna para beber. Él quiere una América Latina autodeterminada, “que sea capaz de proteger su biodiversidad y poner en el centro la vida de las personas”.

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