El derecho a la alimentación, piedra angular hacia sistemas sostenibles

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En 2020, el Secretario General de las Naciones Unidas lanzó el proceso que culminará en 2021 con una cumbre mundial para movilizar a la opinión pública, alcanzar compromisos y adoptar medidas en favor de una transformación sostenible de los sistemas alimentarios. El objetivo es que dichos sistemas cumplan su cometido de facilitar el acceso a dietas adecuadas para toda la población, contribuyendo a recuperar la salud del planeta y la equidad social, y a garantizar el derecho a una alimentación adecuada para todas las personas.

La producción mundial de alimentos –al menos en lo que al aporte energético de las dietas se refiere– ha seguido el ritmo del crecimiento de la población de forma holgada. De hecho, ese crecimiento ha sustentado la expansión vertiginosa de la población (que en los últimos 100 años se ha cuadruplicado), mediante un proceso tecnológico que ha cambiado profundamente la agricultura, la cría de animales, la pesca y la acuicultura, así como los sistemas de procesamiento, transporte, conservación, logística, negocio y gestión de las cadenas de valor. Esto ha llevado a constatar la finitud de los recursos del planeta, hasta el punto de que en la actualidad la viabilidad de la humanidad está en riesgo.

En el último milenio, la superficie terrestre ha experimentado un cambio de uso del suelo del 75%, mientras que solo en los últimos 60 años ha sido del orden del 17%. El sistema alimentario en su conjunto, desde el campo a la mesa, es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero, además de estar asociado al 80% de la pérdida de biodiversidad y al 80% de la deforestación.

En el último siglo, esa evolución ha intensificado su globalización. Con ello, se han amortiguado los efectos de las malas cosechas en la estabilidad de los suministros y la diversificación de la variedad de alimentos en muchos países. Pero a la vez, la desvinculación creciente de esta cadena ha dificultado la incorporación de los costes sociales y ambientales, con el consiguiente impacto en términos de eficacia, justicia y sostenibilidad.

En 2019, 750 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria severa y cerca de 2.000 millones no tuvieron asegurado un acceso regular a una cantidad suficiente de productos nutritivos e inocuos. Se estima que al menos 3.000 millones de personas no tienen ingresos suficientes para poder llevar una dieta que incluya la diversidad y composición necesaria para una vida saludable. Sumado a ello, la pandemia de la covid-19 podría aumentar en 130 millones el número de hambrientos. Ahora bien, frente a estos datos alarmantes, un tercio de la comida producida sigue perdiéndose o desperdiciándose.

Frente a los datos alarmantes de hambre y pobreza, un tercio de la comida producida sigue perdiéndose o desperdiciándose

En ese contexto, la población adulta con obesidad crece a tasas anuales del 2,6%, tendencia que se produce en todas las partes del mundo y que afecta también a la infancia. En paralelo, las enfermedades no contagiosas asociadas a la dieta crecen de un modo vertiginoso. Por ejemplo, la diabetes tipo 2 pasó en 25 años de afectar del 4% al 6% de la población mundial, y en 2030 podrían hacerlo al 7%.

Entre 2015 y 2019, anualmente en promedio, 388 defensores de derechos humanos fueron asesinados y otra treintena desaparecieron. Dos tercios de esos casos estarían relacionados con la defensa de los derechos a la tierra, de los pueblos indígenas o del medio ambiente, y a su vez en gran medida con los recursos naturales.

Pero las estructuras siguen sosteniéndose en la desigualdad de género. Las mujeres representan el 43% de la mano de obra de la agricultura, pero solo el 15% de las personas titulares o poseedoras de tierras. Las mujeres y las niñas realizan el 75% del trabajo no remunerado en el ámbito del cuidado, se encargan en el 85% del tiempo de la preparación doméstica de alimentos, y dedican dos veces y medio más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado del hogar.

Los sistemas alimentarios siguen sosteniéndose en la desigualdad de género. Ellas representan el 43% de la mano de obra de la agricultura, pero solo el 15% de los titulares de tierras

Las dinámicas de las últimas décadas han mantenido, y en algunos casos aumentado, el impacto negativo sobre los derechos humanos. Sin una transformación profunda de los sistemas alimentarios no alcanzaremos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es decir, no podremos establecer las bases para asegurar la salud del planeta, y un futuro compartido en paz y con equidad.

Un reto de esa magnitud precisa de una fuerte orientación política enraizada en un contrato social que sea válido para todos. Solo bajo ese enfoque será posible realizar tres cambios imprescindibles para lograr tal transformación.

Primero, redirigir los flujos económicos para que incorporen los costes sociales y ambientales. Segundo, incorporar los enfoques territoriales para que lo económico, lo ambiental y los modos de vida puedan encontrar soluciones a sus contradicciones sin dejar a nadie atrás. Tercero, redefinir la gobernanza de los sistemas alimentarios y de algunos bienes y aspectos conexos (como la propiedad intelectual, el uso del genoma o el acceso a la información) para equilibrar las asimetrías que introducen los cambios tecnológicos o la concentración económica.

Asimismo, requiere de acuerdos concretos que permitan a todas las partes tener una perspectiva de futuro y un sentimiento de justicia. Un reto que no es fácil, pero que es posible. Los derechos humanos ofrecen el marco para que ese contrato social sea una realidad. El derecho a comer bien posibilita anclar propuestas concretas en estándares que aseguren la inclusión de todos.

La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios solo será un punto de partida para esa transformación. Su éxito dependerá de que los acuerdos sean firmes y amplios, y de que estén respaldados por un sistema de monitoreo centrado en indicadores comprensibles que apunten a los problemas estructurales. Un éxito que implica un proceso sostenido y colaborativo de varias décadas para realizar los cambios en los flujos económicos, el equilibrio entre lo local y lo global, y la gobernanza. Solo así, las generaciones presentes y futuras podrán disfrutar de su derecho a una dieta adecuada.

Juan Carlos García y Cebolla es el jefe del Equipo de Derecho a la Alimentación de la FAO

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