Erradicar el hambre, un asunto de voluntad

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Chile es un país que ha presentado un bajísimo nivel de subalimentación en las últimas décadas: solo el 3,8% de su población sufría hambre entre los años 2017 y 2019, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Sin embargo, hoy en Santiago, su ciudad capital, han vuelto a surgir ollas comunes producto de la crisis económica originada por la pandemia de la covid-19, ya que de golpe muchos chilenos y chilenas no cuentan con alimentos suficientes.

Las ollas comunes en Chile, u ollas populares en Argentina o en Perú, es como se conoce a un fenómeno urbano que surge en tiempos de crisis y en el que los vecinos y vecinas colaboran para poder compartir un plato de comida.

Esto no solo está ocurriendo en Chile, sino que se encuentra a lo largo de América Latina y el Caribe, una región que había dado pasos agigantados hacia la erradicación del hambre, pero que ha visto un brusco recrudecimiento de la inseguridad alimentaria en los últimos años.

Ya en 2019 cerca de 48 millones de personas no alcanzaban a cubrir sus requerimientos mínimos de alimentación en la región, según la FAO. Al mismo tiempo, el sobrepeso y obesidad se convertían en dos de los principales problemas de salud pública: uno de cada cuatro adultos en la región es obeso. Ante el preocupante aumento de la malnutrición, se ha vuelto urgente tomar acciones de gran impacto, y de gran escala, por parte de todos los actores de la sociedad.

¿Pero cuáles podrían ser esas acciones? La respuesta no es simple, aunque sin duda la clave radica en avanzar hacia una transformación profunda de los sistemas agroalimentarios, razón por la cual el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, convocó para este año la Cumbre Mundial de los Sistemas Alimentarios. Pero impulsar esa transformación tiene una condición: la voluntad y la innovación política. Se necesitan políticas de Estado e instituciones más integrales que afronten la complejidad de los problemas y consideren el empoderamiento de la mujer y los más vulnerables como una parte central de las respuestas.

Si bien la mayoría de los países de la región son presidencialistas, los parlamentos cada día están jugando un papel más protagónico en la toma de decisiones.

Actualmente, más 500 legisladores de América Latina y el Caribe de distintos partidos políticos están instalando en la agenda pública, de manera coordinada, la importancia de reconocer el derecho a la alimentación, tanto en las Constituciones como en los cuerpos legales: se trata del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH), que recibe apoyo técnico de la Cooperación Española, la cooperación mexicana y la FAO.

Solo durante la pandemia, el Frente Parlamentario contra el Hambre ya ha impulsado más de 20 leyes para crear sistemas alimentarios más sostenibles, saludables e inclusivos

Solo durante la pandemia, el FPH ya ha impulsado más de 20 leyes para crear sistemas alimentarios más sostenibles, saludables e inclusivos, incluyendo la ley de alimentación escolar en Ecuador, las leyes de Colombia y El Salvador sobre compras públicas a la agricultura familiar, y la ley modelo de seguridad alimentaria y cambio climático del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).

A la fecha, el FPH está presente en 21 congresos nacionales y en cuatro parlamentos regionales. En algunas cámaras está reconocido por resoluciones institucionales y es abordado por los medios de comunicación como una nueva fuerza política que traspasa las fronteras.

Durante las Sesiones Parlamentarias Hambre Cero, uno de sus miembros, el senador chileno Guido Girardi, declaró que las ollas comunes son un síntoma de un problema mayor “de un sistema alimentario que enferma y que se agudizó con la pandemia”. El legislador explicó que el hambre y la mala alimentación no se pueden abordar solo desde la lógica del Estado-Nación. “Tenemos que tener a nivel internacional un convenio marco sobre alimentación saludable que obligue a los países que lo suscriben a perseguir este objetivo”, afirmó.

Reconociendo esta realidad, en 2021 el Parlamento Europeo, mediante la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), ya ha mostrado interés en trabajar junto al FPH y la FAO a fin de lograr que la alimentación y la agricultura sostenible sean considerados como asuntos estratégicos en los planes de recuperación de la pandemia.

A su vez, el Senado de España tomó como referencia la experiencia del FPH para crear una Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación.

Lo anterior es una pequeña muestra de lo que se nos está planteando desde América Latina y el Caribe. Si se potencia, sin duda, puede llegar a ser una fuerza clave para el cumplimiento de los objetivos de la próxima Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Luis Lobo G. es oficial de la alianza España – FAO para América Latina y el Caribe.

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