Arde el Estado autonómico

Arde también otra España. Los incendios forestales y sus secuelas —junto a la dana, la quita en la deuda territorial y otras emergencias— están ocasionando una hoguera en las costuras del Estado autonómico.

Como en todo régimen federal (o casi), estas son claras: la convivencia de distintos niveles de gobernanza; los principios de subsidiariedad (proximidad) y coordinación (visión de conjunto), y el reparto de competencias. Engrasa el sistema la lealtad federal entre administraciones (respeto y colaboración), hacia arriba y hacia abajo.

La cuestión competencial es compleja: todos los días, en la UE. Y en los más añejos EE UU. Se dividen en exclusivas, compartidas y de acompañamiento. El grueso lo componen las compartidas. Terreno fértil para derivar las lógicas discrepancias a batallas campales. Y estériles (para la ciudadanía).

Usar los intersticios de indefinición o las zonas grises competenciales para erigir una dialéctica divisiva resulta nefasto para el sistema. Y para nosotros, sus usuarios y propietarios últimos. Pero es golosa estrategia partidista. Y sectaria (no todas ellas lo son).

Aprovechando la tendencia del Gobierno a frecuentar la vía directa del resultado inmediato (orillar pactos, excederse en el decretismo), la oposición conservadora maneja la complejidad competencial como palanca de oposición sin prisioneros. Esteriliza así el factor de la coordinación/colaboración/cooperación, clave en el sistema autonómico, pilar de la Constitución. La desnaturaliza.

¿Cómo? Inyectando confusión. Según le convenga en cada ocasión, exige que el Gobierno central asuma las competencias, pero no lo desencadena desde abajo, como podría (la dana); rechaza, enfática, esa salida (en los incendios), o las entrega al instante (en el apagón). Y prioriza siempre (en lo que bastantes veces incurre también el Gobierno) resaltar los déficits ajenos como truco que opaque la ineficiencia propia. En los incendios, la carencia de planes de previsión e inversión, la negativa a las ofertas de colaboración de agentes forestales en vacaciones; la precariedad de sus fuerzas de extinción… Lo que en algún caso deriva de haber adjudicado antes las consejerías de Medio Ambiente a los ultras más negacionistas del cambio climático.

Este esquema de boicot cuelga de la exasperación por la imposibilidad de llegar al Gobierno por la vía rápida de asfixiar a quien lo ostenta. Entendible la causa. Y rechazable la receta. Más, si erosiona o desnaturaliza las instituciones: un Senado convertido en ariete contra el Congreso, y sus comunidades autónomas, en cañón Berta contra el Gobierno; una continua petición de rendición de cuentas ajenas y nunca propias (incendios); un absentismo de aroma secesionista (manipulando la judicatura y contra la jefatura del Estado)… Pero, ¿para qué les servirá achatarrar el sistema si algún día llegan a encabezarlo?