Un informe advierte de la “creciente irrelevancia” del Parlamento frente al Gobierno por el abuso del decreto-ley

El 27% de las normas con rango de ley aprobadas en el año 2022 (20 de 74) eran reales decretos-ley, un instrumento previsto en la Constitución para situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad” y que aprueba directamente el Gobierno —aunque luego, una vez en vigor, tenga que ser convalidado por el Congreso—. El año pasado, la proporción se había elevado ya al 32% (8 de 25). Un informe de la Fundación Hay Derecho presentado este viernes llama la atención sobre este dato que, según los autores del estudio, certifica una “creciente irrelevancia” del Parlamento, “eclipsado por el Gobierno” en su función principal, que es la legislativa.

La “normalización de los decretos-ley como fuente ordinaria de regulación” supone la “degradación del propio proceso legislativo”, señala el texto, que pone el foco en otras situaciones que considera “anomalías democráticas”, como “la sombra de politización” que se cierne sobre los nombramientos de la élite judicial y fiscal o el incremento de perfiles políticos en el Tribunal Constitucional.

El Informe del Estado de Derecho de 2024 es el segundo de este tipo que realiza la Fundación Hay Derecho, una organización sin ánimo de lucro que promueve la regeneración institucional y la defensa del Estado de Derecho contra la corrupción. El documento, que pretende medir con datos la salud de la democracia española, recoge cifras de los años 2022 y 2023, aunque se incluyen algunas referencias a hechos más recientes, como el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la elección como presidenta de Isabel Perelló, la primera mujer que llega a este puesto. El texto se centra de forma casi exclusiva en las “patologías” del sistema, que atribuye en parte al clima de “estrés institucional” relacionado directamente con la polarización política y a la politización de las instituciones.

El documento ha sido presentado en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid durante un acto en el que ha intervenido Javier Zarzalejos, eurodiputado por el PP y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que ha asegurado que hay un “deslizamiento” en algunos países, entre ellos España, hacia prácticas que tienen “poco que ver” con lo que debería ser la plasmación del Estado de derecho. Zarzalejos ha puesto el foco en el “deterioro” de la separación de poderes y la “degradación de la calidad” del proceso legislativo, y ha lamentado que, a su juicio, la democracia española es “cada vez menos parlamentaria”.

El abuso del real decreto-ley es una de las anomalías que cita el texto en el caso del Poder Legislativo. El informe advierte de que este instrumento “presenta menos garantías de participación democrática y calidad técnica” que las previstas para la elaboración de leyes ordinarias y orgánicas. Además, señala, ningún decreto-ley de los tramitados como proyecto de ley en 2022 y 2023 han terminado siendo aprobados como ley, por lo que siguen vigentes en la forma en la que los concibió el Gobierno.

El documento reprocha también la frecuencia con la que se recurre a las proposiciones de ley (presentadas por los grupos parlamentarios) para dar cauce, en realidad, a proyectos de ley “encubiertos” (la vía exclusiva para iniciativas de ley del Gobierno y que habría de pasar por más trámites y consultas); el “abuso” en la declaración de urgencia o de lectura única en las tramitaciones legislativas; la introducción de enmiendas “heterogéneas” en la fase final de la tramitación parlamentaria para acelerar su aprobación; y, en sentido contrario, la congelación vía prórroga indefinida de los plazos de enmiendas.

En 2022, un total de 21 proposiciones de ley (sobre 96) provinieron de los grupos parlamentarios que conformaban el Gobierno, según los datos recabados por la fundación. En 2023, la cifra asciende a 18 de 95 proposiciones de ley. “De esta manera, el Gobierno, aun contando con la vía del proyecto de ley, que es más garantista, presenta iniciativas a través de los grupos parlamentarios que lo conforman, lo cual permite eludir informes y consultas en la fase de elaboración de la propuesta de texto”, subraya el informe.

Según el texto, “falta planificación y sobra imprevisión” en materia legislativa: más de 200 normativas aprobadas en 2023 no estaban previstas en los Planes Normativos anuales. El informe destaca también que España está a la cabeza del incumplimiento de las obligaciones legislativas europeas. Abundan los incumplimientos relacionados tanto con la transposición o aplicación incorrecta de las directivas europeas (47) como con la incorporación tardía de las obligaciones comunitarias a través de leyes españolas (24).

La politización del Constitucional

En materia judicial, el informe concluye que faltan jueces (al menos 350, según el CGPJ), lo que sitúa a España como el quinto con menos jueces por habitantes en la UE. La secretaria general de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez, encargada de presentar el informe, ha destacado esto: los datos apuntan a que el gasto en justicia es “ineficiente”, porque, aunque aumenta el presupuesto, también lo hace la congestión judicial. Los autores del informe vuelven a reclamar, además, que se desligue el nombramiento y cese del fiscal general del Estado del período de mandato del Gobierno, reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal con la reforma de su estatuto y establecer para los nombramientos discrecionales del Ministerio Fiscal unas reglas claras de evaluación y un baremo objetivo de méritos.

Otro de los elementos que destaca el texto es el aumento de la vinculación política de los magistrados del Tribunal Constitucional. Cuando se observan los datos históricos, señala el informe, el número de magistrados constitucionales con vinculaciones políticas, incluidos los que han ostentado cargos a propuesta de partidos, ha crecido notablemente. Según el estudio, más del 60% de los magistrados actuales del tribunal de garantías ha tenido vinculación política, una proporción que se ha disparado desde 2017 (entonces era del 35%). “La percepción de independencia del órgano también se puede ver mermada por la consolidación de la tendencia observada en el informe a votar por bloques alineados ideológicamente en casos sensibles políticamente”, recoge el texto de la Fundación Hay Derecho.