Por una independencia digital europea

Los recientes enfrentamientos entre varios gobiernos democráticos y los gigantes tecnológicos X (antes Twitter), de Elon Musk, y Telegram, de Pável Dúrov, ponen de relieve un problema crucial que tiene que abordar Europa: la urgente necesidad de reclamar su soberanía digital. Lo ocurrido en Brasil y en Francia forma parte de una batalla global por controlar la esfera pública digital, que es una cuestión fundamental para la propia legitimidad de la democracia. Europa no solo debe hacer cumplir sus normas, sino también tomar la iniciativa y ser capaz de crear unas infraestructuras digitales independientes, gobernadas de forma democrática y que defiendan los valores comunes.

La negativa de Musk a cumplir las órdenes judiciales en Brasil, que ha llevado al bloqueo parcial de X en el país, es una señal preocupante de que los gigantes tecnológicos se comportan cada vez con más impunidad ante los gobiernos y los tribunales. El hecho de que se haya suspendido la sección 2 de la orden del juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal de Brasil, que pretendía bloquear el acceso a las VPN y otras herramientas que permiten sortear las prohibiciones gubernamentales, muestra a las claras lo complejo que es regular unas entidades tan poderosas.

Este desafío es paralelo a las tensiones actuales en Europa, donde la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) ha enfrentado directamente a las grandes tecnológicas con los reguladores europeos. Thierry Breton, comisario de Mercado Interior de la UE, ha subrayado que las plataformas como X no pueden ser espacios sin ley. Es fundamental que haya una normativa estricta para garantizar que no ponen en peligro la seguridad pública.

La detención en Francia de Pável Dúrov, consejero delegado de Telegram, pone de relieve el delicado equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad de las plataformas. El arresto de Dúrov, relacionado con la acusación de que Telegram no hace nada para impedir las actividades delictivas, ha suscitado un debate sobre los límites de la libertad de expresión. Algunos libertarios sostienen que es un precedente peligroso, pero su postura pasa por alto la importantísima necesidad de proteger las normas y las responsabilidades sociales.

Los grupos de extrema derecha, en pleno ascenso en Europa, están manipulando estos casos en su propio interés y mezclan la responsabilidad tecnológica con la negación de derechos. Estos incidentes nos recuerdan que las democracias nunca deben permitir que haya unas empresas tan poderosas como para poder plantar cara a los gobiernos y los tribunales. Cuando las empresas alcanzan esa dimensión, pueden distorsionar el discurso público, influir en las elecciones, evadir impuestos y ahondar las divisiones sociales, lo que constituye una amenaza directa para la democracia.

El debate sobre la responsabilidad de las plataformas y el equilibrio entre el poder público y el privado no es nuevo. En los años noventa, en Estados Unidos, el Gobierno del presidente Clinton autorizó el uso comercial de internet y facilitó así la creatividad económica estadounidense. Las excepciones normativas, como la Ley de Telecomunicaciones de 1996 y la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, hicieron que internet quedara exento de muchas normas vigentes. Esa medida allanó el terreno al rápido crecimiento de las plataformas digitales, pero también sentó las bases del poder monopolístico y los problemas de regulación a los que nos enfrentamos en la actualidad. La concentración de poder de la economía digital hace más difícil conseguir unas infraestructuras digitales al servicio de las necesidades públicas y que protejan los derechos fundamentales.

A medida que Europa avance en la elaboración de su nueva “Constitución digital”, con normativas como la DSA, la ley de inteligencia artificial y el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, debe demostrar que tiene no solo la capacidad de hacer respetar esas normas, sino también la ambición de ir más allá. Europa debe garantizar la independencia digital, que es esencial para la prosperidad, la seguridad y la democracia.

Para ello, Europa debe crear sus propias infraestructuras digitales públicas, unos espacios sujetos al control democrático y que sirvan al interés público, una especie de BBC de la era digital. Igual que las instituciones públicas tradicionales, como la BBC, se crearon para ofrecer una información imparcial y proteger los intereses públicos, Europa necesita hoy equivalentes digitales capaces de funcionar sin el ánimo de lucro de las empresas ni el intervencionismo excesivo de los gobiernos. Estas nuevas esferas públicas digitales garantizarían que los ciudadanos puedan participar en los procesos democráticos, tener acceso a informaciones fiables e intervenir en el discurso público al mismo tiempo que se respetan los valores de transparencia, responsabilidad y servicio público.

Si no se hace nada, las consecuencias serán nefastas. Cuando personajes como Elon Musk utilizan sus plataformas para dar un altavoz a las opiniones de extrema derecha, apoyar a líderes divisivos como Trump y Bolsonaro e incitar a la violencia contra los inmigrantes y los grupos marginados, no están ejerciendo la libertad de expresión, sino socavando los principios fundamentales que representa la democracia. La respuesta europea, con normativas como la DSA, es una medida necesaria, pero no debe quedarse ahí. Con la construcción y el cultivo de infraestructuras públicas digitales verdaderamente independientes, Europa puede salvaguardar sus valores democráticos y garantizar que internet siga siendo un espacio al servicio del bien público, en lugar de convertirse en un instrumento de quienes quieren erosionar los cimientos de la democracia.

Si Europa encuentra el equilibrio entre la gobernanza pública y la innovación privada y fomenta unos entornos en los que las nuevas empresas tecnológicas puedan prosperar dentro de un marco regulador que proteja los derechos y los datos, estará defendiendo sus valores democráticos al tiempo que promueve un ecosistema de innovación sano y dinámico, que supere la hegemonía de las grandes empresas tecnológicas. Esta estrategia está en consonancia con las recomendaciones del Informe Draghi sobre competitividad, encargado por la presidenta Von der Leyen, que hace hincapié en la necesidad de que haya inversiones europeas en bienes públicos, entre ellos las infraestructuras digitales, para reducir la brecha de productividad en una nueva era geopolítica.

Las consecuencias para Europa son muy serias. En esta batalla están en juego su soberanía digital y la legitimidad de sus instituciones democráticas. La creación de infraestructuras digitales independientes y gobernadas de forma democrática es no solo necesaria, sino crucial para el futuro de la democracia en el continente. Hay que actuar ya, porque de ello depende el futuro de la propia democracia.