Trump firma una orden para limitar la inmunidad de las redes sociales por los comentarios de sus usuarios

El presidente Trump ha firmado este jueves por la tarde una orden destinada a limitar la inmunidad de la que gozan las compañías de redes sociales por los contenidos que los usuarios comparten en sus plataformas. La medida constituye la última ofensiva de Trump en su batalla contra las grandes compañías tecnológicas, como Twitter y Facebook, a quienes atribuye un supuesto sesgo progresista.

“Estamos aquí hoy para defender la libertad de expresión de uno de los mayores peligros”, ha dicho Trump antes de firmar. “No existe un precedente en la historia de Estados Unidos en que un número tan pequeño de corporaciones controle una esfera tan grande las interacciones humanas”.

El presidente ha mostrado su particular relación de amor odio con Twitter, red social que utiliza a diario desde primera hora de la mañana y sobre la que ha construido su carrera política, cuando un periodista le ha preguntado si le gustaría cerrarla, como ha dicho en alguna ocasión. “Si fuera legal, si pudiera cerrarla legalmente, lo haría”, ha dicho.

La orden, según un borrador obtenido por Reuters, acusa a las redes sociales de “censura selectiva” y pide a las agencias federales una revisión de la sección 230 de la ley de Decencia de las Comunicaciones, que protege a las compañías tecnológicas del contenido creado por los usuarios. Ordena a los reguladores federales revisar “las prácticas injustas y engañosas” de Twitter y Facebook, y sancionar a las compañías que, a juicio del Gobierno, no sean ecuánimes en sus prácticas editoriales. Además, invita a limitar el gasto federal en publicidad en dichas plataformas. “Ordeno a mi Administración que desarrolle políticas y procedimientos para asegurar que los dólares del contribuyente no van a ninguna compañía de redes sociales que reprime la libertad de expresión”, ha dicho Trump.

Este mismo martes, Twitter, herramienta que el presidente utiliza intensamente como principal vía de comunicación política, decidió por primera vez calificar una serie de tuits de Trump como información dudosa, colocando una advertencia debajo del mensaje en la que recomienda a los usuarios buscar información contrastada. En los tuits, que según la red social violan su “política de integridad cívica”, el presidente mentía sobre potenciales fraudes en el voto por correo, que se está estudiando ampliar en caso de que la pandemia de la covid-19 impida celebrar las elecciones de noviembre con normalidad. Una medida de la que recela un presidente cuyas posibilidades de reelección, según los analistas, serían mayores con una participación baja.

El presidente respondió el miércoles a la decisión de Twitter acusando a la compañía de interferir en el proceso electoral. “Las grandes tecnológicas hacen todo lo que les permite su considerable poder para censurar de cara a las elecciones de 2002. ¡Nunca sucederá!”, advirtió en la misma red social a la que denunciaba.

El fundador y director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, defendió la decisión de su compañía y asumió la responsabilidad por la misma. “Hay alguien responsable en última instancia por nuestras acciones como compañía, y ese soy”, dijo, en un hilo de tuits. “Seguiremos señalando la información incorrecta o cuestionada sobre las elecciones globalmente. Y reconoceremos y asumiremos la responsabilidad de cualquier error que cometamos”. Su contraparte en Facebook, Mark Zuckerberg, entró también en la polémica, y arremetió contra Dorsey en una entrevista en la cadena de televisión Fox. Las empresas tecnológicas, dijo, “no deberían ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en Internet”.

El Gobierno no había hecho el jueves aún público el contenido de la orden ejecutiva. Pero la sección 230 que, según Reuters, pretende cambiar suscita no poca controversia. Se trata de una norma federal de 1996, año en que Zuckerberg tenía 11 años y Google no existía, destinada a proteger a la entonces incipiente industria de Internet. “Ningún proveedor o usuario de un servicio de ordenadores interactivo deberá ser tratado como el publicador o emisor de ninguna información de otro proveedor de contenido informativo”, establece. El precepto permite a las compañías tecnológicas escrutar sus plataformas en busca de contenido abusivo sin miedo a ser demandadas, pero también eludir la responsabilidad por contenido peligroso, falsedades o discursos de odio que sus plataformas esparcen. Ya hay una iniciativa en el Senado para reformar la ley, pero está en sus fases iniciales.

Las compañías tecnológicas han recibido importantes críticas por su fracaso en el control de las noticias falsas y los discursos delictivos que distribuyen en sus plataformas. En Estados Unidos y también en la Unión Europea y en el Reino Unido, Gobiernos y cámaras legislativas han abierto procesos de escrutinio a sus prácticas. Un cambio legislativo como el que propone el presidente Trump tendría importantes implicaciones en el terreno de la libertad de expresión, y los expertos advierten de que seguramente será peleado por los afectados en los tribunales.