Sánchez y ERC reviven las polémicas del Estatut

Pedro Sánchez ha resucitado los viejos conflictos del Estatut de Cataluña. Y es que 10 años de procés independentista solo parecen haber servido para que se vuelva a hablar otra vez de financiación autonómica. Es decir, para que otras comunidades pongan el grito en el cielo ante la idea de darle un trato singular a los catalanes. Aunque lo relevante es que Esquerra Republicana está de momento abierta a explorar una eventual investidura de Salvador Illa, quién sabe si encontrará su particular pista de aterrizaje.

El camino no es fácil: republicanos y socialistas no parten del mismo punto. Los primeros aspiran a un concierto económico como el vasco. Esto es, autonomía para recaudar impuestos y gastarlos, pactando con el Estado cuánto devolverle por los servicios prestados. El PSC, en cambio, hace meses defendía la idea del consorcio tributario, una previsión del propio Estatut —y que debería haberse desarrollado hace 18 años— según la cual la Generalitat y el Estado pueden crear un organismo para que el Govern recaude impuestos, pero sin que ello implique un cambio en el reparto de los ingresos. Para negociar ese nuevo reparto, en cambio, haría falta la aprobación de una nueva ley que supondría un largo trámite, ya que debería pasar por el Congreso y contar con el apoyo de otros partidos. En resumen, ERC se las prometía felices, pero la realidad parece más cruda.

Así que la investidura de Illa pende ahora de la buena voluntad de entendimiento entre las partes o de otras cesiones por concretar. Y la realidad es que el partido está hecho un polvorín. Aún no se ha podido ratificar el acuerdo entre ERC y el PSC para la alcaldía de Barcelona: los militantes desbordaron las capacidades de la votación, y se sospecha que se movilizó una mayoría indignada por el pacto. En definitiva, ERC se abre a negociar, pero no tiene el control del resultado. Oriol Junqueras se fue lavándose las manos de la decisión final, amagando con regresar en otoño sin responsabilidad sobre lo que se acuerde, y Marta Rovira pilota una formación donde los cuadros y la militancia están divididos entre apoyar al PSC o ir a elecciones.

El caso es que algunas voces de Junts llevan días insinuando la posibilidad de reeditar la coalición Junts pel Sí. Con ello, ERC mitigaría su miedo a hundirse aún más en una repetición electoral —como ya prevén los sondeos—. Ahora bien, esa vía tiene las patas cortas. No es de esperar que el independentismo oficial pueda lograr una mayoría como en 2017 o 2021: los comicios europeos volvieron a demostrar que su votante está frustrado. Es más, la soberanista y xenófoba Aliança Catalana crece en las encuestas, probablemente gracias a ciudadanos que no necesariamente comparten solo los postulados contra la inmigración, sino que protestan por cómo los líderes independentistas se han “vendido” al Estado. El problema de esa vía es que a ERC le incomodaría recibir los votos de Aliança para gobernar dado el caso.

Aunque ERC tampoco se cierra a negociar con Junts. Necesita una coartada para eventualmente explicar que si no sale investido Carles Puigdemont es porque no tenía suficientes votos o porque era mejor evitar in extremis unas elecciones. Pese a ello, Puigdemont no parece un candidato realista: la amnistía raramente será efectiva antes de agosto. El embrollo sobre si el delito de malversación está incluido en la medida de gracia irá para largo, aunque la Fiscalía apoye su aplicación en este caso. De nada sirve que un miembro de Junts presida el Parlament —Josep Rull— si su candidato no cuenta con los apoyos precisos ni tampoco puede ser investido a distancia.

Se ha instalado en Madrid la idea de que Sánchez no puede ser presidente a la vez que Illa porque, en ese caso, Puigdemont dejará de apoyarle en el Congreso. Hay motivos para pensar que no es cierto. Tanto ERC como Junts saben que su votante ansía hoy algo más que promesas sobre independencia: está interesado en propuestas de gestión, cesiones competenciales o más financiación por parte del Estado. Por ello, si Junts se queda fuera del Govern de la Generalitat, probablemente se dispararán sus incentivos para no ser una fuerza residual en Madrid, pactando otras partidas presupuestarias con La Moncloa. El propio Puigdemont habló en campaña de inversiones, con su giro a lo Convergencia.

Pero más allá de la investidura catalana, se demuestra que España tampoco está preparada para recoger a una Cataluña posprocés. Desde el Partido Popular hasta barones regionales del propio PSOE, pasando por Chunta Aragonesista o Compromís, la idea de una financiación singular para los catalanes pone los pelos de punta en muchos lugares. Y es que a menudo nos preguntamos si los partidos independentistas están preparados para regresar a la gobernabilidad, pero raramente si la política española ha entendido algo de por qué estalló el procés hace 10 años. Sánchez y ERC resucitan las viejas polémicas del Estatut con su voluntad de diálogo: no convencen en el resto de España, aunque la pregunta es si convencerán con ello a las bases republicanas.