Policías precarios

Esta semana las autoridades reportaron que el Cartel Jalisco Nueva Generación recluta jóvenes ofreciendo puestos de “guardia de seguridad” con sueldos desde 4.000 pesos semanales. Otros testimonios apuntan a solo 3.000 pesos.

Los datos son reveladores de lo relativamente poco que debe ofrecerse para atraer a cientos de jóvenes que hoy no encuentran oportunidad laboral. Y de la precariedad laboral que existe entre trabajadores de la seguridad.

El salario promedio de un policía o agente de tránsito en México es de 13.000 pesos mensuales. Con jornadas extenuantes, en promedio de 60 horas semanales, los policías terminan teniendo un sueldo de apenas 50 pesos por hora. Entre guardias de seguridad privados, la paga es aún menor.

Con tales salarios, las personas dedicadas a mantener el orden público no pueden mantenerse a flote. En México, solo el 34% de los policías y guardias de seguridad pública tienen un salario digno, según los estándares de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es decir, solo ese porcentaje gana 17.000 pesos o más.

Así, México vive una enorme paradoja. La de pretender luchar contra uno de los crímenes organizados más poderosos y diversificados del mundo, con un ejército de trabajadores precarios, pobres e inestables.

Ser policía en México con frecuencia es tener uno de los peores trabajos. No es raro que los policías tengan que pagar la compra de su uniforme, la gasolina de sus patrullas o incluso sus reparaciones.

No sorprende que, como ha reportado la organización Causa en Común, sea común observar manifestaciones, emplazamientos y paros de policías por todo el país. En promedio, en México hay seis movilizaciones policiales al mes. Los motivos sobran: bajos salarios, falta de prestaciones, vehículos o equipamiento.

Para México, terminar con la precariedad salarial de los policías no es un tema social o ético. Es un asunto de seguridad nacional. Como ha mostrado el trabajo de Raúl Zepeda Gil, investigador de la Universidad de Oxford, una gran proporción de las personas que terminan convirtiéndose en sicarios suelen tener experiencia en corporaciones policiales y, además, tener trabajos precarios. Si a ese cóctel se le agrega un historial de violencia familiar, el resultado es explosivo.

El sicariato se frota las manos. Los trabajos precarios de policía y guardia son el principal alimento del crimen organizado. Su fuente de reclutamiento y carne de cañón.

Una buena parte de los policías mexicanos se enfrentan al crimen organizado con el miedo de no saber cómo van a recibir atención médica en caso de accidente. Con la angustia de no tener certeza de que alguien cuidará a sus familias si ellos faltan. En México, el 12% de los policías mexicanos trabaja sin seguridad social. En Hidalgo, el dato es del 63%.

Parece increíble que, teniendo esta información, pocos hablen con seriedad del tema. Los datos son demoledores. Algunos estimados, como el hecho por Ana Laura Reyes Millán, graduada del CIDE, indican que el 78% de los policías trabaja, no solo con bajos salarios y prestaciones, sino con ambigüedad sobre sus funciones, discrecionalidad sobre sus ascensos y horarios, e incluso problemas constantes de abuso verbal y físico.

Los policías mexicanos parecen una suerte de casta inferior, un grupo social al que nos hemos acostumbrado a violentar económica y psicológicamente, al tiempo en que les pedimos que nos protejan. La contradicción es esquizofrénica.

Resolver el problema de seguridad que tiene México requiere saldar la deuda histórica que el país tiene con sus policías. Y ello implica, no solo un firme compromiso del gobierno federal, sino también del sector privado.

Muchos de los esfuerzos exitosos de creación de policías locales profesionales se han gestado cuando el sector privado ha aceptado aumentar su pago de impuestos para financiar a un renovado cuerpo policial.

Tal fue el caso de Nuevo León, en 2011, cuando el gobernador Rodrigo Medina creó una fuerza policial profesionalizada llamada “Fuerza Civil”. En Chihuahua, los empresarios se impusieron un impuesto sobre la nómina para financiar acciones de combate a la delincuencia. Más recientemente, en Quintana Roo y Baja California, se crearon cuotas especiales al turismo para financiar policías locales.

Es tiempo de discutir, a nivel federal, cómo crear un impuesto extraordinario que mejore las percepciones y prestaciones de policías profesionales. Lograrlo no es descabellado. Como ha mostrado mi propia investigación académica con el profesor Bradley Holland, en momentos donde la preocupación por la inseguridad aumenta, los empresarios suelen ser más susceptibles de aceptar cargas fiscales más elevadas.

Derrotar a la delincuencia con policías desmotivadas y mal pagadas simplemente no será posible.