La confianza en la policía en México es la segunda peor de Latinoamérica

México es el segundo país de Latinoamérica donde la población se siente menos segura y desconfía más de la policía, solo por detrás de Venezuela. Los datos de la macroencuesta realizada por Gallup, una empresa estadounidense de datos y análisis, revelan que los ciudadanos mexicanos apenas han mejorado su percepción de la policía y la seguridad en el último año, pese a los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador de sustituir a la Policía Federal con la Guardia Nacional, de carácter más militar que civil.

El estudio de Gallup establece un índice de percepción de la seguridad y el orden en diferentes continentes. Los encuestados en México, ante las preguntas de si confían en las fuerzas policiales, se sienten seguros por las calles o si han sido víctimas de robos o asaltos, han obtenido una puntuación total de 61 puntos, uno más que en 2018. México se sitúa como el noveno país con peor percepción de todos los encuestados por la empresa de datos. Le adelantan Afganistán (43), Gabón (52) o Liberia (54). Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, ha obtenido la peor calificación de América Latina y la tercera a nivel global con 54 puntos.

Los resultados no han sorprendido a los expertos que apuntan a un problema institucional de base. Arturo Alvarado Mendoza, autor y doctor en Sociología del Colegio de México, asegura que la policía actual está al servicio del Gobierno y que debe "empezar a atender los problemas de los ciudadanos y mejorar la relación con la población” para cambiar su percepción. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana estima que el 45,6% de los ciudadanos que estuvieron en contacto con la policía en lo que va de año ha sido víctima de un acto de corrupción por parte de las autoridades.

La encuesta se publica el mismo día en que la Guardia Nacional anunció que hay seis agentes detenidos por el asesinato de una mujer en una manifestación en Chihuahua. Este hecho se suma a la muerte a golpes de Giovanni López bajo custodia policial en Jalisco, sucedido hace unos meses. “No existe un mecanismo para proteger a la ciudadanía”, sentencia el sociólogo Arturo Alvarado. “AMLO no lo ha logrado todavía y se va a tardar mucho en conseguirlo. A nivel local se puede controlar con una intervención pero la policía debe saber que trabaja para el ciudadano, no para una institución”, señala y añade que con un modelo de policía comunitaria se resolverían muchos problemas.

Alvarado indica que el alto porcentaje de víctimas de delitos en México influye en la percepción de la policía, y el número sigue aumentando. En 2019, se produjeron 33 millones de delitos de orden común —aquellos que excluyen los relacionados narcotráfico, armas o migración irregular—, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad. “Si has sido víctima, tu percepción del problema se modifica” indica el sociólogo, quien cree que los alarmantes resultados de Gallup son más optimistas que otras encuestas más exhaustivas. “El trabajo preventivo y reactivo de jueces y de la administración no está funcionando”, lamenta y apunta a que los esfuerzos deben de centrarse en las autoridades locales. “Hay que fortalecer la policía local, ya que la mayoría de los delitos y regulación del orden está ahí, no en lo federal. Debe de haber un mecanismo federal de apoyo subsidiario y tiene que reformarse la idea de mando único”, apunta.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, una organización de defensa de derechos, libertades y víctimas, apunta a la precariedad laboral de los agentes de la seguridad como principal causa de la corrupción en la institución. “La policía en México ha estado abandonada por muchos años. Eliminaron el cuerpo federal y lo cambiaron por la Guardia Nacional, que por mucho que en la Constitución ponga que es civil, es militar”, subraya. “Los tratan mal, les corrompen, les pagan la mitad del sueldo por nómina y otra por bonos”, enumera pero incide en que el salario promedio de un policía está en 11.000 pesos mensuales (522 dólares), y que puede bajar en algunos casos a 6.000 en función del Estado en el que opere.