Venezuela, bajo el reino del terror policial

El terror se ceba en los barrios pobres de Venezuela. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional está en el punto de mira por tomarse la justicia por su mano: acumula centenares de denuncias por supuestas ejecuciones extrajudiciales y una amplia lista de abusos. Los defensores de derechos humanos han alertado de que cualquiera, delincuente o inocente, puede ser ajusticiado sin mediación de tribunales por mero capricho de oficiales. Carmen Arroyo, de 52 años, afirma que el propósito de este escuadrón es mantener el control social. Su único hijo, el barbero Cristián Charris, fue asesinado por los policías en el barrio de Petare, al este de Caracas, en septiembre de 2018. “Ellos decían que había robado a otro oficial días antes, pero él estaba trabajando en la peluquería cuando eso ocurrió. Más de 600 personas firmaron una carta diciendo que mi hijo era honesto”, argumenta. Pocos reconocieron a los oficiales, vestían de negro y usaban máscaras, tenían fusiles y sus vehículos carecían de placas.

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, escuchó esta historia y otras parecidas cuando estuvo en Venezuela, en junio pasado. “Hablé con la señora Bachelet. Ella se había reunido con el fiscal general, Tarek William Saab, que decía no tener denuncias de ejecuciones extrajudiciales, pero que nosotros le mostramos otra realidad”, recuerda Miriam Gamarra, madre de un joven asesinado por policías en el distrito capitalino de Las Adjuntas.

Más información

Maduro cierra filas con las fuerzas especiales de la Policía que la ONU pide disolver

Bachelet cierra su visita a Venezuela con un emplazamiento al diálogo entre Maduro y la oposición

Su hijo fue arrestado por participar en las protestas antigubernamentales de 2017. Tras ser liberado, el hombre de 21 años no pudo conseguir un empleo. Nadie quería contratarlo por sus antecedentes penales. El 13 de mayo, oficiales de laS FAES entraron a su casa y le preguntaron su nombre, él respondió: “Luis Alfredo Ariza Gamarra”. Fue fotografiado en el salón de su vivienda, luego llevado afuera. En la calle, los testigos escucharon un disparo. “Le pusieron un arma, una gorra y dijeron que se trató de un enfrentamiento”, añade su madre.

Un total de 6.856 personas han fallecido por “resistencia a la autoridad” entre enero de 2018 y mayo de 2019, según el Ministerio Público. La ONU considera que es un número “inusualmente alto” y concluye que los cuerpos de seguridad son los presuntos responsables de cuantiosas ejecuciones extrajudiciales. En su análisis sugiere disolver a las FAES.

La recomendación ha sido desechada por Nicolás Maduro. El mandatario venezolano gritó a los cuatro vientos todo su apoyo al cuerpo armado en julio, pocos días después de conocerse el contundente informe del equipo encabezado Bachelet. “¡Qué viva las FAES!”, exclamó en un acto de graduación de oficiales, donde aprobó unos nueve millones de euros para reforzar la Policía Nacional.

Carmen Arroyo recopiló testimonios sobre la muerte de su hijo. Todos son anónimos, pocos desafían a las fuerzas de seguridad gubernamentales por miedo a represalias. Los que presenciaron el asesinato coinciden en que la escena del crimen fue manipulada para proteger a los policías. Su caso se encuentra paralizado en los tribunales, no hay detenidos. “Ni siquiera tengo acceso a una copia del expediente, pese a que me corresponde como víctima. Difícilmente se hará justicia con este Gobierno, porque necesitan meter miedo a las personas de las zonas populares para que no protestemos. Mucha gente es valiente y está denunciando, aunque él (Maduro) reafirme a sus asesinos”, explica.

La represión creció al ritmo que descendió la aprobación del chavismo. La Operación de Liberación del Pueblo, un programa de seguridad creado en julio de 2015, acumuló un pavoroso récord de denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales. La actuación fue rechazada por organismos internacionales después de más de 40 masacres y cientos de crímenes. Asediado por las críticas, Maduro modificó su nombre a Operación de Liberación Humanista del Pueblo y su acción fue desapareciendo. En consecuencia, las FAES se posicionaron como el nuevo represor en los barrios.

Sus detractores dicen que es un escuadrón de la muerte diseñado a la medida del régimen. Pero W. C., un oficial que desertó de la temible policía, culpa a grupos progubernamentales de estar detrás del ensañamiento. “Los ajusticiamientos, extorsiones, secuestros y otros delitos se han disparado desde que infiltraron a colectivos dentro de los comandos, porque ellos obedecen las directrices del régimen. Los policías estamos formados para servir y proteger al pueblo. Eso es a partir de octubre de 2017, aproximadamente”. El actual jefe de la FAES, José Miguel Domínguez, es señalado en una investigación del portal Runrunes como exlíder de un colectivo del barrio de Catia, en Caracas, por estar supuestamente vinculado con homicidios desde 2000.

Cofavic, una ONG defensora de los derechos humanos, cuenta unos 9.500 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2018, un tercio cometidos entre 2017 y el año pasado. Casi la totalidad de las víctimas son hombres menores de 25 años. “Esto demuestra que no son hechos aislados, sino que ocurren de manera sistemática y que, lamentablemente, tienen un elemento común y transversal: la impunidad institucional”, explica Liliana Ortega, directora de la organización.

El país está sumido en una crisis de derechos humanos. A excepción del Gobierno de Maduro, decenas de países y organismos multilaterales advierten el desmoronamiento de la justicia. Ortega detalla las trabas en las averiguaciones sobre violencia del Estado. “Las líneas de investigación son precarias (…) La representación de las víctimas en las investigaciones es también muy débil. Hay una serie de carencias que son fueros de impunidad. Eso produce una multiplicación de estos crímenes en Venezuela, porque la impunidad tiene un efecto multiplicador”, zanja.