El concierto, derecho natural

Cataluña ha actuado casi siempre de rompehielos en los logros competenciales para las comunidades autónomas. Los nacionalistas catalanes y vascos han aprovechado su fuerza en votos para obtener mayores cotas de poder a cambio de apoyar investiduras o dar estabilidad al gobierno central de turno. Y eso ha sucedido con el PP y con el PSOE. Es lo que el nacionalismo español, cuando está en la oposición, suele llamar “el chantaje nacionalista” y que en el resto del mundo civilizado acostumbra a denominarse simplemente política.

Hay partidos como Esquerra Republicana que han negociado diálogo, indultos y amnistía a cambio de su apoyo al Ejecutivo central. Otros, como Junts per Catalunya, han hecho lo mismo con más teatralidad y abundancia de excesos retóricos. En Cataluña ya casi todo el mundo es consciente de la realidad: lo que está en disputa es simple y llanamente la hegemonía del independentismo.

Ahora que está en juego el Gobierno de la Generalitat, que se dirimirá entre el ganador de las elecciones, el socialista Salvador Illa, y el expresident Carles Puigdemont, la retórica independentista de Junts vuelve por sus fueros. El último episodio ha sido la disposición de Pedro Sánchez a negociar una financiación singular para Cataluña. Puigdemont ha saltado de la silla en la red social X: “Es decir, que solo se nos concederá lo que reclamamos no porque sea justo —de lo contrario se nos habría atendido mucho antes— sino porque el partido que ahora gobierna España necesita hacerse con el gobierno de Cataluña al precio que sea”. Hay que evitar que el PSOE haga “chantaje” a ERC.

Lo paradójico del caso es que la financiación singular, entendida como pacto fiscal —propuesta de Artur Mas a Mariano Rajoy— o concierto, fue rechazada por los ancestros de Carles Puigdemont. Jordi Pujol y Miquel Roca consideraron en 1980 que era impopular recaudar los impuestos de los ciudadanos en la recién estrenada democracia y creyeron que era mejor que lo hiciera Madrid. Eso contaba el exconsejero de Economía del Gobierno vasco Pedro Luis Uriarte en su libro El concierto económico vasco: una visión personal. Jordi Pujol lo niega con vehemencia, pero atendiendo a que se acogió a la amnistía fiscal de Montoro para regularizar la situación fiscal de su familia, no es extraño que el pánico escénico se hallara bien instalado en CiU, donde se santiguaban cada vez que se mentaba a la Agencia Tributaria.

Que Cataluña tiene problemas de financiación es un tema sobradamente conocido. Que el País Vasco y Navarra cuentan con el concierto por tradición carlista y Constitución democrática es de dominio público. También sabemos que el PIB de Euskadi es del 5,9% de total de España, mientras el catalán supera el 19%. Y ello no es un elemento menor. El propio Pujol asegura que lo persuadieron desde el Gobierno central de Adolfo Suárez para que no reivindicara el concierto ante la compleja situación de la transición.

El caso es que Puigdemont pretende ahora desvincular de la negociación política el asunto de la financiación. Quiere evitar que Pedro Sánchez “chantajee” a ERC. Retórica para su objetivo: volver a presidir la Generalitat. No es fácil, ya que para ello pide a los socialistas catalanes que se abstengan y a Esquerra —a la que dejó en la estacada en 2022 al abandonar el Govern— que vote a su favor. El PSOE debería, mientras, abstenerse de hacer política con las cosas que forman parte del derecho natural catalán.