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El Gobierno no encuentra salidas para renovar un Poder Judicial bajo control del PP desde hace 10 años

La mayoría absoluta de jueces conservadores aprovecha el bloqueo impuesto por Feijóo para convertir el Consejo en un ariete contra las políticas de Sánchez

El excomisario de Justicia europeo, Didier Reynders, reunido en Bruselas con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños (a la izquierda) y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
El excomisario de Justicia europeo, Didier Reynders, reunido en Bruselas con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños (a la izquierda) y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.Pablo Garrigós (EFE)
José Manuel Romero

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva cinco años dando palos de ciego para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como manda la Constitución. El PP lo impide desde entonces con excusas variopintas. Las fórmulas aplicadas por Sánchez resultaron inútiles, pero agravaron el problema. El bloqueo que impone el PP continúa sin soluciones a la vista.

Es una situación desconocida en democracia. La cultura del consenso se impuso sin apenas trabas en el procedimiento de elección del Gobierno de los Jueces desde 1985 (cuando se reformó la Ley del Poder Judicial para la elección por las Cortes de los 12 vocales jueces) hasta 2013 (cuando PP y PSOE pactaron elegir un Consejo de mayoría absoluta conservadora).

Esa normalidad institucional es imposible desde 2018 por la estrategia que el PP puso en marcha ese año con Pablo Casado al frente y que continúa hoy vigente con la dirección de Alberto Núñez Feijóo. El actual líder del PP esgrime, como su antecesor, distintas excusas para justificar el bloqueo. Feijóo denuncia que Sánchez quiere “asaltar” el Poder Judicial. Y Sánchez responde que el PP de Feijóo tiene secuestrado desde hace cinco años al órgano de Gobierno de los jueces.

Aunque perdió el poder en 2018, el PP controla todavía un consejo que sigue dominado por unos jueces y juristas conservadores que suman mayoría absoluta, elegidos hace once años a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy con el voto a favor del PSOE. Nunca en 47 años de democracia ocurrió nada parecido: un órgano fundamental para el buen funcionamiento del Estado de derecho lleva cinco años con el mandato caducado y, además, maniatado por una reforma legal del Ejecutivo de Sánchez ―avalada por el Tribunal Constitucional― que prohibió que designara cargos judiciales con el mandato caducado. Esa reforma, uno de los palos de ciego aplicados al problema, buscaba forzar al PP para acordar la renovación. Con el veto a los nombramientos, jueces conservadores con aspiraciones a ascender en la carrera presionarían al PP para desbloquear el consejo. Eso pensó el Ejecutivo, pero el PP no se inmutó y el problema se gravó: hay decenas de cargos judiciales pendientes de renovar en tribunales superiores y audiencias provinciales, y hasta un 25% de las plazas de magistrado del Supremo sin cubrir. Hoy la justicia es bastante peor por falta de personal y de dirección en muchos tribunales.

El Gobierno de Sánchez ha decidido pasar, otra vez, a la acción. Si el próximo 30 de junio no hay acuerdo con el PP para elegir a los 20 nuevos vocales, el Ejecutivo acometerá reformas legales.

Éstas son algunas de las claves que marcarán el futuro del Gobierno de los jueces :

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La indeterminada fórmula de Sánchez. El presidente interino del Poder Judicial, Vicente Guilarte, es un abogado que entró en 2013 al consejo en el cupo de los juristas de reconocido prestigio por ser amigo del entonces presidente Mariano Rajoy. Guilarte escribió en diciembre pasado un artículo en EL PAÍS con su propuesta para desbloquear la situación. Consistía en quitar algunas atribuciones al CGPJ para el nombramiento de presidentes de tribunales superiores, audiencias provinciales, y presidencias de sala en la Audiencia Nacional, y mantener otras funciones ―elección de magistrados del Supremo― en manos de un órgano intermedio dependiente del consejo. Guilarte sostenía que, si le quitaban al CGPJ su competencia clave, los políticos tendrían menos alicientes para bloquear la renovación de este órgano.

Cuando Pedro Sánchez sugirió el pasado miércoles una reforma en ese sentido, sin dar más detalles, el PP y los medios de comunicación afines se lanzaron a interpretar que el presidente estaba proponiendo que los nombramientos de la cúpula judicial pasarán a depender del Gobierno, algo que este nunca dijo. Guilarte, censurado por otros jueces conservadores, intentó descalificar la propuesta de Sánchez con escaso éxito. La polémica desatada por la propuesta volvió a poner de manifiesto el escaso interés del PP por renovar el Poder Judicial.

Una Sala de lo Penal controlada por detrás. Pablo Casado, líder del PP en 2018, logró un acuerdo imbatible para renovar el Poder Judicial. Pese a que el PP se había quedado muy lejos de la mayoría absoluta en las elecciones generales, el PSOE acabó por ofrecerle nueve de los 20 vocales del futuro Gobierno de los jueces… y la presidencia, que asumiría Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo ascendido a ese puesto por los vocales del PP. Inicialmente la oferta socialista era de 10 vocales, pero sin la Presidencia.

Por si quedaban dudas de aquel acuerdo tan beneficioso para el PP, uno de sus dirigentes elaboró el argumentario a favor de la renovación, enviado a un grupo de WhatsApp por el entonces senador Ignacio Cosidó: “El pacto previo suponía (10 PSOE + 10 PP + el Presidente (Magistrado del Supremo) PSOE = 21 ) y sin derecho a veto de los candidatos propuestos por el otro (…). Con la negociación, el PP tiene 9 vocales + el Presidente = 10, y el PSOE tiene 11 vocales. Con otras palabras, obtenemos lo mismo numéricamente [que en la oferta inicial], pero ponemos un Presidente excepcional, que fue vetado por Rubalcaba en 2013, y ahora no. Un presidente gran jurista con muchísima experiencia en el Supremo, que prestigiará el Tribunal Supremo y el CGPJ, que falta le hace, y con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61. Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España. Otra consideración importante es que este reparto 50% para los próximos años, supone más de lo que nos correspondería por el número de escaños o si hubiesen entrado otras fuerzas políticas. En fin, un resultado esperanzador. Lo que leo estos días es de una ignorancia que raya el delito. Si alguien quiere más detalles, estoy encantado. Abzo fuerte”.

Manuel Marchena era el aludido en el mensaje y renunció por dignidad al cargo que el PP le regalaba. El rechazo de Marchena frustró el primero de los acuerdos sobre la renovación, roto por el PP en el último momento. El mensaje enviado por Cosidó resumía la estrategia del PP en política judicial: controlar “desde detrás” órganos clave, como el Tribunal Supremo.

El Gobierno de José María Aznar tuvo clara esta idea y aplicó su rodillo en el Consejo General del Poder Judicial, con mayoría absoluta de vocales conservadores, para desequilibrar la composición de la Sala de lo Penal del Supremo, la encargada de investigar y juzgar la corrupción de la clase política. Cuando Aznar llegó al poder (1996), siete magistrados progresistas y seis conservadores integraban la Sala de lo Penal del Supremo. Cuando Aznar dejó el poder (2004) había 10 magistrados conservadores y solo seis progresistas. La situación, 20 años después, es todavía más favorable al PP: de los 15 magistrados, sólo tres son de tendencia progresista.

La mayoría necesaria designar cargos judiciales. La formación que ahora preside Alberto Núñez Feijóo denunció una reforma legal del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que impedía hacer nombramientos de jueces sin una mayoría reforzada de 3/5 del pleno del Consejo General del Poder Judicial (13 vocales). El PP sostenía que la reforma favorecía que una minoría pudiera bloquear las decisiones importantes y reclamó volver a un sistema de mayoría simple. El Constitucional avaló la reforma socialista y concluyó que una mayoría más amplia para elegir cargos judiciales “refuerza la legitimidad de los nombramientos”. El PP combatió aquella reforma que imponía una mayoría cualificada para hacer nombramientos de cargos judiciales pero se aprovecha ahora, con sus maniobras de bloqueo, de la mayoría cualificada que la ley establece para renovar el consejo.

La propuesta de Podemos para nombrar a los 16 vocales por mayoría absoluta. Podemos ha presentado una proposición de Ley para cambiar el sistema de elección de los 20 vocales del Poder Judicial de manera que 16 de ellos ―12 de extracción judicial y cuatro juristas de prestigio― se elijan en el Congreso con mayoría cualificada de 3/5 en primera vuelta, o por mayoría absoluta (176 diputados) en segunda. Los otros cuatro juristas de prestigio los elegiría el Senado con el mismo sistema. El PP no puso objeciones de constitucionalidad a la proposición de ley cuando la Mesa del Congreso aprobó su admisión a trámite. El Gobierno teme que la Comisión Europea rechace una reforma legal que cambie las mayorías para la elección del Consejo. Pero en Bruselas no existe ninguna norma que imponga un determinado modelo de elección del Gobierno de los jueces. Ni siquiera el Reglamento de Condicionalidad de la Unión Europea, cuyo artículo 2 enumera los principios que concretan el Estado de Derecho, contiene una previsión de ese tipo. Podemos esgrime la sentencia del Tribunal Constitucional, que avaló el modelo ahora vigente, para justificar la reforma legal propuesta: “Existió consenso implícito sobre la necesidad de que los doce vocales procedentes de la Carrera Judicial expresasen no solo diferentes niveles de experiencia por su función y su edad, sino las distintas corrientes de pensamiento existentes en aquélla, pero ese consenso no parece extenderse hasta la determinación del procedimiento adecuado para alcanzar tal resultado, de forma que no se constitucionalizó una fórmula correcta, sino que los constituyentes se limitaron a remitirla a una futura Ley Orgánica”.

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