La financiación “singular” del PSC: un consorcio tributario y más recursos para Mossos, prisiones e investigación

Cataluña asume competencias que otras comunidades no tienen, por lo que requiere más recursos. Esa es la máxima con la que el líder del PSC, Salvador Illa, trata de argumentar la necesidad de sacar adelante un nuevo sistema de financiación para Cataluña. Consideran los socialistas catalanes que ese nuevo marco puede cerrarse dentro del régimen común que comparten el grueso de las comunidades, con la excepción de País Vasco y Navarra, y que se argumenta dentro de un principio de “solidaridad y justicia”, pese a las reticencias internas existentes en el PSOE por parte de algunos de sus barones, que ya lo han tildado de “privilegio”, al igual que el PP.

La propuesta del PSC entra dentro de los parámetros que en febrero pasado reclamó al unísono el mundo económico y empresarial catalán, que ve en la mejora de los recursos de los que dispone la Generalitat como un anhelo y la fórmula más factible para pasar página definitivamente al procés. El punto de partida es un aumento de los recursos que el Estado aporta al sistema de reparto, aumentando las proporciones de los impuestos cobrados que acaban en las tesorerías autonómicas, una cuestión compartida por la mayor parte de los expertos en financiación territorial. A partir de ahí, llama a que Cataluña participe de alguna manera en el control de la recaudación de los impuestos a través del consorcio tributario incluido en el Estatuto aprobado en 2005, que el Tribunal Constitucional no tumbó y que no se ha impulsado en 20 años. Esa opción dotaría de mayor agilidad a la Generalitat a la hora de elaborar Presupuestos y facilitaría la implementación de medidas legislativas de calado fiscal, aunque queda lejos de la reivindicación de ERC y Junts, que reclaman que la Generalitat sea el único sujeto que cobre tributos en la comunidad.

Hay otra cuestión que Illa no se cansa de repetir. Y es que, una vez repartidos los recursos destinados al reequilibrio territorial, el volumen de recursos per cápita de las comunidades más ricas no puede quedar por debajo del de las más pobres. Es lo que los técnicos denominan el principio de ordinalidad y que los sucesivos gobiernos catalanes han subrayado como una de las fuentes de sus quejas en los últimos años. Ese efecto se deriva de la amalgama de cuatro fondos diferentes (el de garantía de servicios públicos fundamentales, el de suficiencia, el de competitividad y el de cooperación) que reparten recursos en función de las peticiones de cada gobierno regional, desarbolando cualquier lógica de redistribución.

La dificultad básica para entender el modelo de financiación defendido por los socialistas catalanes es la “singularidad” de la que hablaron la pasada semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María José Montero, que es la que levanta ampollas en el resto de territorios. Illa y su equipo en el PSC lo circunscriben a la necesaria financiación especial que requiere la Generalitat, especialmente por las competencias propias con las que no cuentan otras administraciones. Los socialistas citan la seguridad, vinculada al cuerpo de los Mossos d’Esquadra, y la política penitenciaria, que tampoco tienen el resto de gobiernos territoriales. Pero a esas dos se podrían sumar las políticas de la lengua catalana, las de la investigación y el desarrollo y, en el futuro, si se acabara transfiriendo, la financiación del servicio de corta distancia de Renfe, Rodalies.

No son pocos recursos los que suponen esas partidas de gasto, según un repaso de los presupuestos autonómicos del año pasado. El coste de la dirección general de la policía autonómica, su plantilla y las competencias de tráfico (también transferidas a la Generalitat) se comieron cerca de 1.500 millones, el área de asuntos penitenciarios, más su personal y las actividades de reinserción superaron los 390 millones de euros y el presupuesto autonómico en investigación se aproximó también a los 300 millones de euros.

Para los socialistas, la mejora de la financiación autonómica también tendría que permitir que Cataluña continuara siendo una de las locomotoras económicas de España. En ese sentido, el programa con el que ganaron en las pasadas elecciones autonómicas contemplaba asegurar un grado de inversión estatal en infraestructuras en Cataluña equivalente a su peso en el PIB español, alrededor del 19%, tal y como asumía el Estatuto autonómico para los primeros siete años tras su aprobación, y que apenas en un ejercicio se cumplió.

La financiación singular de la que hablan Illa y Esquerra tiene poco que ver, empezando porque los republicanos quieren una negociación formal y bilateral Generalitat-Estado y acabando porque los republicanos quieren que la Generalitat, o su Agencia Tributaria de Cataluña, sea el único sujeto recaudador en Cataluña, encargándose de los 52.000 millones de euros que se pagan en la comunidad (datos de 2021). Es la base del modelo de los republicanos: tener la llave de la caja. Una vez controlado el dinero, haría una transferencia al Estado por lo que se gaste en la comunidad para sufragar sus competencias y las inversiones que realice. Y efectuaría otro traspaso de dinero como fórmula de solidaridad para el resto de comunidades que necesiten recursos. Cuál es la cuantía que se destinaría a redistribución territorial es una incógnita, pero ingresar 52.000 millones daría mucho margen a la Generalitat. Sus actuales Presupuestos se alimentan de 30.000 millones procedentes de la vía de impuestos, tanto de los que ya recauda la Generalitat como de los que se encarga el Estado.

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