El Gobierno defiende que la financiación singular a Cataluña es “compatible” con un acuerdo multilateral con todas las autonomías

El Gobierno continúa abonando el terreno para vencer la resistencia que existe dentro del PSOE a la concesión de una financiación “singular” para Cataluña, que a barones socialistas como el castellanomanchego Emiliano García-Page y el extremeño Miguel Ángel Gallardo les suena a “privilegios”, a cambio de que ERC facilite la investidura de Salvador Illa. Las negociaciones entre el PSC y Esquerra han comenzado hoy formalmente, mientras en paralelo el ala socialista del Ejecutivo insistía a través de su portavoz, Pilar Alegría, en que el modelo que proponen para los catalanes, y que no terminan de concretar, “es perfectamente compatible con una negociación multilateral con el resto de las comunidades autónomas [de régimen común], atendiendo a la singularidad de los territorios”. El Gobierno sí es rotundo en su rechazo a la fórmula que exige ERC, que cuando habla de una financiación singular se refiere a un concierto económico propio similar al de Euskadi o la Comunidad Foral de Navarra que incluiría una cuota de solidaridad con las comunidades más pobres. “Este Gobierno nunca ha hablado de conciertos [para Cataluña]”, ha zanjado Alegría.

La tesis de La Moncloa es que persigue un modelo económico “que atienda a las singularidades de las comunidades autónomas y permita financiar las necesidades de los territorios y atender a las competencias que tengan asumidas en el marco de la Constitución” y en el caso de Cataluña dentro del Estatut de autonomía. Ese es el planteamiento central del Gobierno, que remite al acuerdo de investidura con ERC del otoño pasado para justificar la financiación en competencias como la gestión de las prisiones o de los Mossos d´Esquadra. Pero a partir de ahí el Gobierno sigue sin profundizar en qué consistiría la financiación específica para Cataluña para malestar también de socios parlamentarios como Compromís. El Ejecutivo es consciente de que se mueve en un campo de minas en una cuestión especialmente delicada y sensible, y más como el rediseño de un sistema de financiación que caducó en 2014, y por esa razón Alegría ni tan siquiera ha respaldado la propuesta de Salvador Illa de crear un “consorcio tributario”. El primer secretario del PSC, vencedor de las elecciones del 12-M y aspirante a la presidencia de la Generalitat plantea un ente que recoge el Estatut y que supondría una gestión compartida de los impuestos entre el Gobierno y el Govern. Illa lo defendió en campaña electoral y razonó que “hasta podría recaudar todos los impuestos en Cataluña”, en el marco de una reforma de la financiación.

El Ejecutivo ha esgrimido que ha equilibrado la infrafinanciación por falta de recursos del sistema de financiación vigente inyectando 250.000 millones de euros más a las comunidades autónomas que en los seis años anteriores del Gobierno de Mariano Rajoy. “Este es un debate que hay que afrontar con serenidad, seriedad y con la realidad de los hechos”, ha enfatizado Alegría. La portavoz también ha recurrido a la hemeroteca para arremeter contra las contradicciones del PP en materia de financiación: Alberto Núñez Feijóo se mostró abierto a un posible concierto económico para Cataluña en 2016 y cuatro años antes el PP catalán llevaba en su propuesta electoral para las elecciones autonómicas un guiño a la “financiación singular” de esta comunidad autónoma en los mismos términos que ahora baraja el PSOE. “Trabajaremos para conseguir un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña, que responda al objetivo de resolver el problema sistemático de insuficiencia financiera de la Generalitat para atender a sus competencias” recogía el programa de la candidatura de Alicia Sánchez Camacho, que se debería basar en el “principio de ordinalidad y la solidaridad finalista”.

En su estrategia de defensa, el Gobierno ha optado por concentrar sus críticas al “dumping fiscal” que reprochan a Madrid y otras comunidades del PP que han secundado la política tributaria de Isabel Díaz Ayuso de eximir patrimonio o deducir al máximo donaciones y sucesiones. “Las comunidades del PP, lideradas por Ayuso, se están comportando de forma irresponsable. La Comunidad de Madrid ha recibido en seis años 108.000 millones de euros, más de 36.000 millones con respecto a Rajoy. Pero mientras todo esto sucede, vemos cómo su presidenta decide suprimir el impuesto de patrimonio y el de sucesiones. Esa supresión conlleva que se dejen de recaudar 1.400 millones de euros. Con esos millones se podrían poner en marcha 700 escuelas infantiles nuevas, 50 colegios o 20 hospitales. Sería importante que por parte del PP nos explicaran también cuál es su modelo”, ha apostillado Alegría.