Nuevas excusas para el bloqueo del CGPJ

El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial dura ya cinco años y cuatro meses. La crisis institucional está provocada exclusivamente por la negativa del Partido Popular a permitir que las Cortes voten a los nuevos vocales, una actitud que ha justificado con todo tipo de excusas. La última era que su desconfianza con el PSOE era tal que necesitaba la mediación del comisario europeo de Justicia, el conservador Didier Reynders. El Gobierno aceptó entonces reunirse en Bruselas bajo la supervisión de Reynders, pese al golpe para la imagen de España que suponía la escenificación. Después de tres reuniones ha sido aparentemente imposible terminar de alumbrar un pacto que, por otra parte, tanto Alberto Núñez Feijóo como su antecesor, Pablo Casado, llegaron a dar por hecho. Ahora, tampoco la mediación de Bruselas es suficiente.

Reynders, a quien el PP siempre ha creído favorable a sus posiciones en este debate o en la polémica sobre la proposición de ley de amnistía, fue defendido por Feijóo en diciembre como la persona “adecuada” y “procedente” para asumir la “supervisión” por la Comisión que reclamaba. El comisario ha anunciado que adelanta su excedencia para optar a encabezar el Consejo de Europa, y su tarea la heredará la comisaria Vera Jourova, quien conoce de primera mano el bloqueo judicial en España. La mediación ya no es importante, deslizó este lunes el PP, que colocó la responsabilidad en el Gobierno. El PP reconoce así que sus condiciones para negociar son una sucesión de metas volantes.

La situación del órgano de gobierno de los jueces, una institución de rango constitucional, es desoladora: reducido a 16 de los 21 miembros que establece la ley, en medio de un creciente desgobierno interno, con una mayoría de 10 vocales propuestos por el PP en tiempos de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y que hoy actúan como mera correa de transmisión del partido para servir de ariete judicial en la estrategia de oposición sin cuartel al Gobierno de coalición.

Feijóo tuvo hace año y medio en su mano dar luz verde a un acuerdo con el Gobierno que ya estaba cerrado. Se echó atrás por las presiones de los radicales de su partido, alentadas por medios de comunicación afines. Ahora, fracasadas sus aspiraciones de Gobierno tras las elecciones generales del 23-J, parece cómodo prolongando la parálisis, contra lo establecido en la Constitución y pese a las reiteradas advertencias de la UE y las quejas de los propios jueces.

El cálculo político del PP deteriora la democracia en España, pero además está afectando seriamente al propio funcionamiento de la justicia, con el correspondiente perjuicio para los ciudadanos. Los principales órganos judiciales del país acumulaban a principios de año un total de 94 vacantes (25 de ellas en el Tribunal Supremo) porque el Consejo General del Poder Judicial en funciones no tiene la capacidad de hacer nombramientos discrecionales.

Tras más de un lustro de obstruccionismo y con tres elecciones de enorme relevancia entre abril y junio, la actitud del PP permite intuir que se niega sine die a permitir con sus votos la renovación del órgano. Pese a ello, con mayor urgencia hay que instar a la responsabilidad a quienes tienen en sus manos, y Feijóo el primero, solucionar de una vez un daño tan grave a la democracia española.