editorial
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Qué hace Reynders en España

El comisario de Justicia elude señalar las responsabilidades del PP en el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes (a la izquierda), y el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, este viernes en Madrid.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes (a la izquierda), y el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, este viernes en Madrid.CGPJ (CGPJ/EFE)

La visita a España del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para acabar con los cuatro años de bloqueo del PP en la renovación del Poder Judicial ha resultado inoperante, porque no ha logrado ni un solo avance, e inquietante, porque ha contado a los periodistas una versión de sus entrevistas totalmente contraria a la que ha ofrecido el Gobierno. El PP ha aprovechado la visita de Reynders para insistir en que sin el cambio de modelo de elección, algo que este partido prometió hacer y pudo llevar a cabo durante sus últimos cuatro años de Gobierno con mayoría absoluta y nunca hizo, no habrá negociación para renovar el Consejo. Ese cambio del modelo de elección para que los jueces elijan directamente a los vocales judiciales del Poder Judicial sin pasar por las cámaras es, según Reynders, una norma basada en una recomendación del Consejo de Europa aprobada hace 12 años y que nadie reivindicó en España hasta que el PP decidió incumplir el mandato constitucional sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Una y otra vez, el PP encadenó una panoplia de coartadas y argucias de muy poco peso para eludir su obligación de renovar sin condiciones a los vocales del Poder Judicial que llevan casi cuatro años con el mandato caducado, incluido el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. Fue Lesmes quien inició hace apenas unos días el camino para presentar su dimisión ante la pertinaz resistencia del PP a cumplir con el mandato constitucional. Lesmes pretende dejar resuelto, antes de su renuncia, el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional que corresponden al Consejo. Pero una minoría conservadora de ocho vocales elegidos en su día a propuesta del PP siguen la pauta del partido que los nombró y bloquean también el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional.

La intervención de Reynders destila una presunta equidistancia, pero en su visita a España ha omitido denunciar al partido culpable de que una institución central como es el gobierno de los jueces esté viviendo una situación injustificable e inédita en la historia democrática del país. De paso, Reynders ha deslizado un ultimátum para que el Gobierno trámite una reforma legal para cambiar el modelo de elección del Poder Judicial antes de que España asuma la presidencia de la UE en el segundo semestre de 2023. La visita de Reynders ha permitido al PP presentarse ante la opinión pública como un partido dispuesto a la renovación del Poder Judicial a cambio de que se cambie la ley y olvidando sus cuatro años de incumplimiento de un mandato constitucional. La primera obligación de un partido que ha gobernado y volverá a hacerlo algún día consiste en asumir las reglas, cumplirlas e intentar cambiarlas después, pero no al revés.

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El precedente que sienta la visita de Reynders y la presumible pretensión de mediar en el desbloqueo, o incluso tutelarlo, degrada a la democracia española y desvía la atención sobre las responsabilidades políticas de la actual situación. La instrumentalización que el PP ha hecho durante años del Poder Judicial ha alcanzado también a la Comisión Europea. Lo que necesita la justicia española es que el PP deje de jugar a la vista de todos con una de las instituciones del Estado como si el sabotaje interior formase parte de la moderación y la responsabilidad que dice encarnar el líder de ese partido. Reynders no es necesario para desbloquear la situación, tampoco Alberto Núñez Feijóo lo necesita para cumplir con sus obligaciones constitucionales.

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