La justicia entre tinieblas

La apertura del año judicial llega con la administración de justicia más deteriorada que nunca. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, exigió por cuarto año consecutivo el acuerdo para renovar al órgano de gobierno de los jueces. Pero también sugirió por primera vez que podría dimitir si ese acuerdo no se produce. El lunes se vio ya obligado a rechazar en declaraciones públicas la maniobra de un grupo de vocales conservadores del Consejo que amenazaba con bloquear los nombramientos previstos por la ley para renovar a los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponden al Consejo y para lo que sus votos son necesarios. La ley aprobada en el Parlamento el 27 de julio daba un plazo máximo al CGPJ para aprobar los nombramientos del tribunal de garantías que finaliza el 13 de septiembre. Si la maniobra de los conjurados prosperase y venciese el plazo sin haber renovado a los dos jueces del Constitucional, estaríamos ante un incumplimiento de la ley inédito en democracia por parte de la primera institución de la justicia española.

Lesmes preside el Consejo desde diciembre de 2013 por decisión del PP y es ex alto cargo en la Administración del Gobierno de José María Aznar, pero esta semana hubo de trazar una línea roja de decencia. Algunos de quienes lo rodean sembraron la idea tóxica de que su empeño en el nombramiento en tiempo y forma de los dos magistrados para el Constitucional obedecía a que él mismo quiere ocupar una plaza en ese órgano para sustituir al magistrado Alfredo Montoya, que dejó el puesto por enfermedad. Para hacer realidad esa teoría haría falta que el PP, contrario a que el Poder Judicial haga los nombramientos, propusiera a Lesmes, algo que no parece muy factible y resuena a teoría conspirativa lanzada estos días por los vocales conservadores rebeldes y determinados magistrados de la derecha judicial.

El asunto de fondo sigue siendo la conducta abiertamente obstruccionista que el PP ha practicado con una de las obligaciones centrales del principal partido de la oposición: la renovación de los órganos constitucionales. La función central del Consejo General del Poder Judicial consiste en designar a los jueces de altos tribunales como la Audiencia Nacional o los tribunales superiores de justicia. Hoy muchos de esos puestos indispensables para el funcionamiento de la justicia han caducado o no han sido renovados porque el PP lleva más de tres años y medio instalado en la insumisión ante un mandato constitucional que no admite regateos, pese a que haya sido una práctica común de este partido. Cada vez que el PP pasa a la oposición bloquea la renovación del Poder Judicial; lo hizo con José Luis Rodríguez Zapatero, y lo está haciendo a lo largo de esta legislatura con argumentos inconsistentes y meramente dilatorios.

Nunca antes el Tribunal Supremo funcionó con menos magistrados y tuvo más atasco en determinadas salas donde las jubilaciones o fallecimientos han dejado numerosas vacantes pero también miles de sentencias sin dictar. A ese bloqueo del PP se añade ahora la rebeldía de un grupo de vocales conservadores con el mandato caducado que se niega a acordar los nombres para ocupar los dos puestos en el Tribunal Constitucional, algo que hasta ahora el Poder Judicial había hecho siempre sin problemas y en plazo. El funcionamiento de la justicia vive condicionado por un partido político —con Mariano Rajoy, con Pablo Casado y con Alberto Núñez Feijóo— decidido a no ceder el poder (judicial) cuando pasa a la oposición, en un intento profundamente anómalo de perpetuar de por vida en los altos tribunales un sesgo conservador, es decir, que uno de los poderes del Estado esté siempre en manos de un único signo ideológico. Se trata de una flagrante vulneración del principio democrático inconcebible en el resto de países de la UE y contrario a la Constitución española.