El PP pactó con el PSOE la reforma de la ley del Poder Judicial en otoño de 2021

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró en una entrevista a EL PAÍS publicada el pasado domingo que no tenía “el texto” del acuerdo entre el PP y el PSOE para modificar la ley orgánica del Poder Judicial, de forma que se pudiera desbloquear el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. Preguntado por si el partido había llegado a firmarlo, su líder desde el pasado 1 de abril dijo: “Nosotros no lo tenemos. Creo que se pactó una lista, eso es lo que me han dicho. Nada más”. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, está fechado en Madrid el 21 de octubre de 2021 y firmado por el entonces secretario general de los populares, Teodoro García Egea, y el recién nombrado secretario de reforma constitucional y nuevos derechos en la ejecutiva del PSOE, además de ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El texto dice: “El PSOE y el PP” han “alcanzado” un acuerdo para que ambos grupos parlamentarios presenten conjuntamente una proposición de “reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para el desbloqueo del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional causado por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial” después de “la elección por las Cámaras de todos los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia Española de Protección de Datos” [el acuerdo sobre esta última institución se anuló posteriormente]. Pero el PP de Feijóo se desvincula totalmente de esos pactos firmados por la dirección anterior del partido y los califica de “marrullerías políticas”.

El objetivo de ese acuerdo era, según fuentes de la negociación, garantizarse la renovación de los magistrados del Constitucional mientras se seguía buscando un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. “Todo es posible”, llegó a decir García Egea, “con voluntad e intención de ceder”. Es decir, para facilitar el acuerdo global, lo trocearon, y en esa larga negociación para renovar el CGPJ —que lleva con el mandato caducado desde hace más de tres años— fuentes del Gobierno aseguran que se tuvieron que “comer” nombres que no les gustaban, como el del letrado Enrique Arnaldo, que había mantenido un fluido contacto con exdirigentes del PP señalados por corrupción. Su nombramiento escoció en las filas socialistas y en las del socio de coalición del Ejecutivo, Unidas Podemos. El diputado del PSOE Odón Elorza llegó a decir: “No reúne las condiciones de ejemplaridad. Muchos votarán con una pinza en la nariz”.

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Entrevista a Alberto Núñez Feijóo

Ese acuerdo, coinciden fuentes conocedoras de la negociación tanto de la parte socialista como de la del PP, estaba concebido para no ejecutarse, como “cláusula de salvaguarda”, porque el pacto para renovar todo el CGPJ estaba casi hecho. De 20 nombres, añaden, solo faltaban dos. En concreto, los que proponía Podemos —el PP rechazaba a José Ricardo de Prada, uno de los autores de la sentencia del caso Gürtel—. Fuentes del PP aseguran que habían acordado con el Gobierno cambiar la ley para reformar el sistema y que fueran “los jueces los que eligen a los jueces”, pero fuentes del Ejecutivo lo desmienten tajantemente, por considerarlo una línea roja. Esa fórmula, explican, consolidaría una mayoría conservadora permanente en el Consejo al margen de lo que votasen los ciudadanos. En realidad, el PP y el PSOE ya habían estado a punto de lograr un acuerdo —que incluía a De Prada— en 2018, pero en aquella ocasión se frustró al filtrarse unos wasaps en los que el entonces portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, se jactaba en un chat interno de controlar el Supremo “desde detrás” gracias al acuerdo.

Pero el pasado febrero, la guerra interna del PP fulminó a su líder, Pablo Casado, y a su secretario general, Teodoro García Egea. Fuentes del Gobierno aseguran que, antes de que Feijóo fuese nombrado oficialmente presidente de los populares —1 de abril—, pero cuando ya se sabía que él iba a ponerse al frente del partido, Bolaños se reunió con Cuca Gamarra en el Congreso para abordar, entre otros, los acuerdos relativos a la renovación del Constitucional y del CGPJ. Según estas fuentes, la portavoz parlamentaria del PP tenía el acuerdo firmado con García Egea y la intención de Feijóo era terminar con el bloqueo que había impedido renovar en tiempo y forma al órgano de gobierno de los jueces. Tras el congreso de Sevilla en el que el PP enterró definitivamente a Casado, el nuevo líder del PP acudió a La Moncloa para entrevistarse con Pedro Sánchez. Ambos acordaron designar nuevos interlocutores para proseguir con las negociaciones. Los populares tardaron algo más de lo acordado en dar su nombre, porque, de hecho, no nombraron a un secretario de Justicia, cargo que hasta entonces había ocupado Enrique López. Fue Esteban González Pons, nombrado vicesecretario, quien asumió esa cartera dentro del partido. En la parte socialista continuaba Bolaños.

A partir de aquí, fuentes del Gobierno sostienen que González Pons conocía y tenía el documento del acuerdo previo firmado entre Bolaños y García Egea y que se limitó a pedir algo de tiempo para hablar con asociaciones de jueces. Fuentes del PP de Feijóo sostienen, sin embargo, que ni Casado ni García Egea les habían hecho llegar ese documento, que fue el ministro de la Presidencia quien se lo enseñó y que en esa reunión informaron a Bolaños de que querían empezar a “negociar de cero” y que no iban a participar en “las marrullerías políticas” que hubiera pactado el equipo de Casado. “Igual que un Gobierno no se siente vinculado por lo que hubiera hecho el anterior, como ocurrió con la Guerra de Irak [la primera decisión del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero fue retirar las tropas], un partido, tampoco”, aseguran. Otras fuentes del PP contradicen esta versión y aseguran que el nuevo equipo de Feijóo conocía ese acuerdo previo con el PSOE porque consultó sobre ello al entorno de Enrique López, el anterior negociador. Fuentes del Gobierno insisten en que el equipo de Feijóo manifestó su intención de desbloquear la renovación del Poder Judicial, “hasta que algo cambió”: “han decidido que les conviene esperar a ver si ganan las elecciones para poner ellos directamente a los jueces”. Exdirigentes populares comparten esa teoría: “Creen que Sánchez está muerto y que la gente está muy enfadada con la situación económica, pero Sánchez ya ha muerto y resucitado varias veces”.

Entre otros asuntos de relevancia política, el Tribunal Constitucional tiene pendiente el fallo sobre la ley del aborto —el borrador de la sentencia no se ha llevado a pleno ante la incertidumbre de la renovación del tribunal—, la ley de Educación conocida como ley Celáa —nombre de la anterior ministra—, la ley de eutanasia, la pérdida del escaño del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez y el recurso presentado contra las fórmulas alternativas de juramento o promesa del cargo por parte de numerosos diputados al inicio de la legislatura. Mientras, el Gobierno ha seguido adelante con su reforma legal y el Poder Judicial ya da por hecho que la renovación del Constitucional se llevará a cabo en septiembre con el nombramiento de cuatro magistrados: dos a propuesta del organismo y otros dos a propuesta del Ejecutivo.