Feijóo: “El decreto energético es un acto de autoritarismo, pero el PP va a cumplir”

El presidente del Partido Popular reconoce que es “muy difícil” gobernar en España si su formación no sube en Cataluña: “Nos ha faltado empatía”. Sobre su relación con Díaz Ayuso: “A quien más molesta es al Gobierno”

Alberto Núñez Feijóo, en la sede del PP de Galicia, en Santiago de Compostela, el viernes tras la entrevista para EL PAÍS.Foto: Óscar Corral (EL PAÍS) | Vídeo: CRISTINA M. SICILIA

La mesa de Manuel Fraga llama poderosamente la atención en el despacho de Alberto Núñez Feijóo (Os Peares, Ourense, 61 años) en Santiago. Feijóo tiene buen color después de unos días de asueto en la ría de Vigo, y tras esta conversación irá a un encuentro con Mariano Rajoy, del que es discípulo aventajado tanto para lo bueno (un tono sereno y cierta facilidad para la distancia corta) como para lo malo: desdibuja una y otra vez los contornos de su relato político y está decidido a ir a la contra, a lomos de las encuestas, en los 16 meses que deben quedar para las elecciones. Atrás queda la promesa de su primer discurso, con aquella voluntad de desterrar las hipérboles: Feijóo arremete contra Pedro Sánchez hasta el punto de tildar de “autoritario” el decreto de energía. Su política económica es la del PP de toda la vida, bajar impuestos, pese a que el déficit y la deuda hacen prácticamente inviable esa jugada. La primera regla de la política es ganar elecciones; ahí Feijóo se ve fuerte y solo se pone un pero: el PP necesita más votos en Cataluña. Y a poco más de un año de la cita con las urnas, endurece el tono por varios flancos y fía parte de su apuesta a la próxima crisis, con la inflación, el cierre del grifo del gas por parte de Vladímir Putin y la sobredosis de incertidumbre de los últimos tiempos.

Pregunta. Hace 15 años, Aznar le decía a Rajoy que el poder no se hereda, que hay que conquistarlo con un proyecto político. A veces da la impresión de que juega usted a no definirse, en línea con Rajoy. ¿Cómo define su proyecto más allá de hacer oposición dura?

Respuesta. Es difícil ocultar la trazabilidad de un político que lleva 30 años en la cosa pública. Soy un convencido constitucionalista, un autonomista y un reformista.

P. En su día mostró disposición a reformar el Poder Judicial. El PP llegó a un acuerdo para modificar la ley. ¿Qué le impide cumplir ahí la Constitución?

R. Si usted tiene ese texto se lo agradeceré. Yo no lo tengo.

P. ¿Llegó a firmarlo el PP?

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R. Nosotros no lo tenemos. Creo que se pactó una lista, eso es lo que me han dicho, nada más.

P. El hecho es que la renovación del Poder Judicial se ha bloqueado dos veces: en ambas, con el PP en la oposición. ¿No ve un patrón ahí?

R. El PP tenía un compromiso: no renovar el Constitucional sin reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para darles a los jueces la posibilidad de elegir a los jueces y a las Cortes la capacidad de elegir a juristas de prestigio. Acepté no condicionar la reforma a una nueva ley. Planteamos por escrito unos requisitos. Y cuando estábamos negociando, el Gobierno modificó unilateralmente la ley; ha intervenido en las competencias del CGPJ. Hay cosas que no son normales: convertir a una ministra de Justicia en fiscal general de un día para otro; cesar a la directora del CNI a petición de los independentistas, al director del INE porque no gustan sus datos, nombrar a un director del CIS que pertenecía a la ejecutiva del PSOE. El desprestigio de las instituciones no había ocurrido antes; Sánchez las ocupa con un desparpajo difícil de superar.

P. Su partido ha llegado a poner en duda la legitimidad del Gobierno. Usted prometió huir de las hipérboles.

R. Me parece infantil que Sánchez haya dado instrucciones de insultarnos a portavoces y ministros porque las encuestas y hasta el CIS digan que en este momento ganaríamos las elecciones.

P. Sus diputados tampoco se quedan cortos: acusan al Gobierno de complicidad con ETA.

R. Lo que ha hecho el Gobierno con Bildu no había pasado en 44 años de democracia. Que el Gobierno tenga como aliado a Bildu, que esté en la comisión de secretos oficiales y sea coautor de la ley de memoria es algo de lo que el PSOE se arrepentirá. Un partido que no ha pedido perdón por los casi 900 asesinatos y 10.000 heridos de ETA no puede formar parte del bloque de gobernabilidad.

P. ¿Se puede ejercer la crítica legítima sin llegar a decir que el Gobierno colabora con una banda terrorista que no existe?

R. ETA no existe; sus consecuencias sí.

P. Hace 11 años que no mata.

R. Todavía se hacen fiestas por las excarcelaciones de los etarras. ¿Esto puede ser normal?

P. ¿No está a favor de acercar a los presos de ETA?

R. Hay elementos objetivos que pueden desaconsejar el acercamiento. Y eso no puede ser moneda de cambio para sacar leyes.

P. La normativa que permite los acercamientos es clara. ¿Insinúa que el Gobierno la incumple?

R. Los fiscales están recurriendo algunos acercamientos.

P. Hablaba de autonomismo. ¿Cómo va a conciliarlo con los pactos con Vox y con dirigentes que hablan de recentralización?

R. Autonomismo es respetar los Estatutos; es respetar las competencias de las comunidades, y que las comunidades respeten las del Estado. Es proteger las lenguas cooficiales. En España hay nacionalidades, pero no un Estado plurinacional. Y la Constitución permite que haya partidos independentistas; otra cosa es que el Gobierno le otorgue a Bildu y a ERC un trato vip y le dé a Podemos la política económica. Han pasado de moda los extremismos en política y vuelve la centralidad, que es donde está mi proyecto.

Alberto Núñez Feijóo posa apoyado sobre la mesa que ha heredado del fundador del PP, Manuel Fraga, en su despacho en Santiago.
Alberto Núñez Feijóo posa apoyado sobre la mesa que ha heredado del fundador del PP, Manuel Fraga, en su despacho en Santiago.ÓSCAR CORRAL

P. En Europa el centroderecha apoyó los estados de alarma; el PP votó en contra dos veces. Se oponen a medidas de ahorro energético que usted mismo planteó, algo que no hacen Le Pen o Salvini. Draghi y la derecha británica han aprobado impuestos energéticos. El PP parece siempre a la contra, lejos de esa centralidad.

R. No hagamos demagogia.

P. Son hechos: el PP se ha opuesto incluso a medidas para rebajar el precio del carburante.

R. Sánchez prefiere pactar con ERC y Bildu y responde a cada mano tendida con un guantazo. No ha negociado con las autonomías. Y en cuanto al impuesto, nuestra línea roja es que no se pueda repercutir a los consumidores. Planteamos la bajada del IVA del gas y prefirieron la excepción ibérica, que supone que hayamos subvencionado a Francia con 230 millones.

P. ¿Está contra ese pacto en Bruselas?

R. Con esa medida estamos subvencionando a Francia. ¿El decreto de escaparates ahorra 230 millones?

P. ¿No está a favor de la medida de los escaparates?

R. Tres semanas antes de su aprobación hablé de un plan de ahorro para evitar restricciones.

P. Y ahora el PP lo quiere llevar al Constitucional.

R. Fui el primero en plantear medidas obligatorias para la Administración y voluntarias para los ciudadanos. No hubo respuesta. Después, el Gobierno dijo en Bruselas que no estaba dispuesto a hacer ningún tipo de ahorro porque no se le había consultado.

P. Había varios países contra el plan de Bruselas de una rebaja del 15%. España negoció, obtuvo el 7% y presentó medidas que coinciden en parte con las suyas.

R. Se publica ese decreto sin hablar con nadie. Se convoca a las autonomías cuando ya está en vigor, y no se acepta ninguna alegación. Todas las autonomías se han quejado de las medidas: cuando las critica el PNV no pasa nada, pero cuando lo hace el PP es deslealtad. ¿Por qué no puede un comerciante mantener el escaparate encendido al menos hasta la una de la madrugada? La política energética de Sánchez está basada en la ideología, no en la tecnología. Ni siquiera hemos discutido sobre la energía nuclear.

P. La moratoria nuclear no arregla el problema a corto plazo.

R. Yo escucharía a los expertos y pondría los intereses generales por encima de los ideológicos: la UE ha dicho que la nuclear es una energía verde.

P. ¿Y quién pagaría eso?

R. Las empresas.

P. ¿Ha hablado con ellas?

R. No saben si comprar combustible porque, en principio, desmantelarán las centrales en 2027. Y no hay política energética más allá de montar follones con nuestro proveedor de gas, Argelia, en el peor momento. El decreto es mitad improvisación y mitad trágala, un acto de autoritarismo impropio de un Estado autonómico.

P. Esa acusación de autoritarismo parece una de esas hipérboles que usted quería desterrar de la política.

R. No. Este decreto es un acto de autoritarismo: no se negoció con quienes lo tienen que aplicar.

P. ¿Y decir que se va a desobedecer no es como mínimo una irresponsabilidad política?

R. El PP no va a desobedecer.

P. Eso dijo Isabel Díaz Ayuso.

R. Y su consejero dijo que cumplirá. Quienes incumplen leyes son los socios del Gobierno: incumplen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y pactan ese incumplimiento con Sánchez.

P. ¿Si gobierna obligaría a dar el 25% de clases en castellano?

R. El Gobierno y los partidos han pactado no recurrir esa ley al Constitucional; eso es grave. Pero volvamos al decreto: el PP cumplirá. Aunque sea un decreto improvisado, inútil, sin negociar con nadie. Y que ha dejado lo importante fuera: qué hacemos con la cerámica del Mediterráneo y con la industria electrointensiva.

P. ¿Le molesta que Díaz Ayuso inicie esas polémicas por su cuenta, que parecen arrastrarlo?

R. No siempre estamos de acuerdo en todo. Pero a quien más le molesta Isabel Díaz Ayuso es al Gobierno. Para el PP es un activo político en Madrid.

P. La economía va a ser clave en las elecciones. ¿Qué escenario ve?

R. Este ha sido el Gobierno que ha dispuesto de más dinero en democracia, con más fondos europeos. Y lleva 24 subidas de impuestos y un aumento de deuda de 20 puntos de PIB. La renta per capita ha crecido menos que en Europa. Es verdad que ha habido una pandemia y desde febrero hay un conflicto a las puertas de Europa, pero ningún Gobierno ha tenido tantos recursos. La política económica es un fracaso. Hasta los socialistas alemanes han actualizado la tarifa del IRPF con la inflación.

P. Usted critica el aumento de deuda, y a la vez pide rebajas de impuestos. ¿Cómo se hace eso? En 2011, Rajoy se presentó con una promesa de rebaja generalizada de impuestos e hizo la mayor subida de la historia. Hace cuatro años, con la economía creciendo, el PP volvió a prometer rebajas fiscales. ¿Vale esa receta para todo, en todo momento?

R. Lo que hizo Rajoy fue reconocer deudas a proveedores de miles de millones, sacarlas de los cajones y pagarlas. Recibimos un déficit de más del 10% del PIB.

P. Y después con Rajoy la deuda pasó del 70% al 100% del PIB, cuando no iban a meter ni un euro en la banca. Se escapa usted: ¿cómo se financian los servicios públicos con esas rebajas fiscales?

R. Nosotros hemos mantenido siempre los servicios públicos. Son sagrados. Yo propongo una bajada del IVA de la electricidad que el Gobierno ha copiado. Una bajada del IVA del gas que el Gobierno ha preferido pasar por alto a cambio de la excepción ibérica, que subvenciona a Francia. Y una bajada temporal del IRPF a las rentas de hasta 40.000 euros.

P. Si bajan los impuestos baja la recaudación, y usted mismo alerta del déficit y la deuda. ¿Cómo cuadra ese círculo?

R. La recaudación está muy por encima de lo previsto. Las rentas bajas están pagando la inflación, ¿por qué no devolver a las familias lo que pagaron de más? Alemania lo ha hecho, los socialistas lo aprobaron en Euskadi y Navarra, y el PP allá donde gobierna.

P. Más allá de lo fiscal, ¿ve entonces una crisis acercándose?

R. Me interesa más lo que dicen al respecto el Banco de España, Bruselas o el FMI que lo que dice el Gobierno.

P. El FMI ve crecimientos del 2% en 2023. Está lejos de ser la crisis brutal que el PP auguraba.

R. Sánchez vaticina el 2,7% y cada previsión va a peor. Este Gobierno no está hecho para gestionar una crisis, sino para sustentar a Sánchez en el poder. No tiene una política económica europea, sino la que dicta Podemos.

P. ¿La vicepresidenta Nadia Calviño no es suficientemente europea?

R. Muchas políticas económicas no han pasado por Calviño; como otras medidas, parecen una huida hacia adelante. Y le recuerdo que los socialistas dejaron en 2011 a España con las cajas quebradas y al borde del rescate.

En muchas cuestiones es más fácil hablar con el PNV e Iñigo Urkullu que con Vox
Alberto Nuñez Feijóo

P. ¿La situación le parece igual que la de 2011? Ese paralelismo recuerda a aquel “que caiga España, que nosotros ya la levantaremos”. ¿Ese catastrofismo supone alimentar una especie de profecía autocumplida?

R. No digo nada que no digan las instituciones multilaterales. Vamos a lo importante: íbamos a crecer un 7% y vamos a ver si llegamos al 4% en 2022. La inflación iba a ser del 1,7% este año, y estamos en el 10,8%. Este Gobierno recorta el poder adquisitivo un 10,8%, lo nunca visto.

P. La inflación es general: es global. ¿Usted subiría las pensiones con la inflación?

R. Mi objetivo es bajar la inflación.

P. ¿Pero subiría las pensiones con el IPC?

R. Las políticas de este Gobierno generan inflación; bajando la inflación todo se puede hacer. El PP ha subido las pensiones siempre. El PSOE, no. Y con el voto del actual presidente del Gobierno, entonces diputado.

P. Ha tenido muy buena relación con el lehendakari, Iñigo Urkullu. Si llega a La Moncloa y necesita completar la mayoría, ¿le gustaría contar con el PNV?

R. Tengo buena relación con la mayoría de los presidentes autonómicos socialistas, que a mi juicio tienen más talla política que Sánchez. Y tengo una relación muy cordial con Urkullu. Coincidimos en políticas industriales, fiscales, energéticas; discrepamos en la visión del Estado. Pero mi objetivo era y es conseguir una mayoría suficiente para gobernar. Es lo que he hecho siempre. Y en las últimas andaluzas lo logramos. Hablar con el PNV es mucho más fácil que hablar con el PSOE.

P. ¿Y es más fácil que hablar con Vox?

R. En muchas cosas sí, es más fácil. Porque el PNV cree en las autonomías y nosotros también. Yo respeto a los votantes de Vox y a sus dirigentes: no va a encontrar aquí descalificaciones contra Vox; lo que va a encontrar es un llamamiento a la concentración del centroderecha reformista en España. El mejor aliado electoral del PSOE es la existencia de Vox. Vox se presenta a las elecciones y tiene votos: no compartimos ni su visión de Europa, ni su visión de las autonomías, ni su visión de la Constitución, ni otras cuestiones.

P. Pero pactan con ellos.

R. Hemos pactado en Castilla y León. Antes intentamos pactar con el PSOE: la respuesta fue “vayan ustedes a nuevas elecciones”. ¿Esa era la solución?

P. ¿Podrían repetir entonces el pacto con Vox en las generales si hubiera riesgo de repetición electoral? ¿En qué condiciones?

R. Ya he explicado mi proyecto político, que se basa en tener una mayoría suficiente para gobernar. No voy a renunciar a mi propia biografía política. Que se nos pregunte continuamente si el PP estaría dispuesto a pactar con Vox cuando el PSOE gobierna con Bildu me parece un mal chiste.

P. En Cataluña y Euskadi el PP presenta resultados muy pobres. ¿Se puede gobernar España sin tener una presencia potente en esas dos comunidades, que en los últimos tiempos han provocado desequilibrios en la política española pero otras veces tienden a estabilizarla?

R. Hay cuatro grandes motores electorales: Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia. De esos cuatro motores, tres están funcionando bien. En Cataluña hemos tenido unos muy malos resultados. Es muy difícil gobernar España si el PP no sube en Cataluña. Cataluña ha tenido en los últimos años una generación de malos políticos, que han dividido la sociedad, que no cumplen las leyes, que le exigen al Gobierno central modificaciones del Código Penal, que no se recurran leyes que se aprueban en el Parlament e incluso que no se cumplan las sentencias del Supremo. Vamos a decirles a los catalanes que respetaremos los resultados de las elecciones: siempre lo haremos. Seguro que hemos cometido fallos y no hemos tenido un mínimo de empatía para hacer ver nuestros planteamientos en Cataluña. Pero nuestro objetivo es representar el espacio constitucionalista catalán: todos aquellos que se sienten catalanes sin que eso dificulte el sentirse españoles están invitados.

"El objetivo es la ingeniería social para ideologizar España"

El PP ha votado tradicionalmente en contra de conquistas sociales, e incluso litiga en las altas instancias jurídicas mientras está en la oposición, pero luego difícilmente desanda ese camino al llegar al Gobierno. Cuestionado sobre qué haría si llega a La Moncloa y el Tribunal Constitucional avala la ley del aborto, o sobre la ley que regula la eutanasia, el presidente del PP se muestra tajante: “Sobre leyes que afectan a cuestiones morales, éticas, a creencias personales, si queremos que tengan vocación de permanencia es bueno hablarlas con quienes no piensan como tú e intentar llegar a acuerdos. Hay una discusión sobre si una menor que no puede conducir sí puede abortar. ¿Esa no es una discusión legítima? En muchos países eso es ilegal”. ¿Reformaría entonces Alberto Núñez Feijóo esa ley si alcanza la presidencia del Gobierno? “Le estoy diciendo que una menor de 16 años necesita el consentimiento de los padres para poder abortar. Eso es lo que pienso”, replica.


Sobre la eutanasia, el líder popular considera que Galicia es “una de las comunidades con testamento vital y con unas declaraciones de últimas voluntades más avanzadas. En determinados supuestos procede el testamento vital básico. Sin duda”. “Pero aquí el objetivo es una ingeniería social para ideologizar España. Yo nunca utilizaría leyes que colindan con aspectos morales y creencias personales para imponer mi ideología. Intentaría consensuarlas. La ley del aborto de Felipe González duró décadas. La de Zapatero se hizo de forma unilateral, y ha durado menos”. ¿Se opone el PP a esas conquistas sociales, pero las deja después intactas cuando llega al Gobierno? “Lo que intento plantear es que esa uniformidad ideológica me parece corta de miras y se hace para huir de las necesidades reales del país: hoy somos más pobres, el 28% de la población está en riesgo de pobreza”, pese a que ese porcentaje es similar al que cosechó el Gobierno de Mariano Rajoy en plena Gran Crisis.

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