Un grupo de vocales conservadores se reúne para bloquear la renovación del Constitucional que promueve Lesmes

Los críticos con el proceso se movilizan para ampliar su grupo e impedir los 12 votos que permiten renovar el tribunal de garantías

Carlos Lesmes, en el centro, preside una reunión del pleno del Consejo General del Poder Judicial, el 11 de julio.
Carlos Lesmes, en el centro, preside una reunión del pleno del Consejo General del Poder Judicial, el 11 de julio.Consejo General del Poder Judicial / EFE

El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se prepara para ir al choque y no permitir que el nombramiento de dos magistrados del Constitucional prospere, y desde luego no al primer intento. Con el fin de ultimar esta iniciativa de bloqueo, dicho grupo celebrará este martes una reunión preparatoria del pleno que el órgano de gobierno de los jueces tiene convocado para el jueves. El objetivo de los vocales opuestos a los nombramientos es lanzar un rotundo mensaje de rechazo de la iniciativa por la que el Gobierno devolvió al Poder Judicial la competencia para designar a dos miembros del Constitucional, pero sin hacer lo mismo para que se puedan efectuar también nombramientos correspondientes al Supremo y otros órganos judiciales.

El actual Consejo del Poder Judicial tiene mayoría conservadora, pero el núcleo disidente y crítico con la renovación del Constitucional lo forman habitualmente siete vocales. Son los que votaron en contra de la aceptación de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado, el 21 de julio. García Ortiz, que tomó el lunes posesión de su cargo en el Supremo, recibió, sin embargo, el apoyo de los otros 12 miembros del Poder Judicial (actualmente, son 19 consejeros en total, tras la muerte de Victoria Cinto en junio y la jubilación de Rafael Fernández Valverde en marzo). Si se repitiera ahora el mismo esquema de votación, estaría asegurada la elección de los dos miembros del Constitucional que debe elegir el Consejo, porque son como mínimo 12 los apoyos que se precisan.

En cambio, si los siete miembros del núcleo duro del bloque conservador consiguen algún apoyo más, podrán dividir al Consejo en términos que hagan inviables dichos nombramientos, o que faciliten una candidatura igualmente conservadora. La cuestión está abierta, aunque una mayoría de los vocales le ha hecho llegar al presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, el mensaje de que están de acuerdo con que la ley aprobada no debe ser boicoteada. En paralelo, el grupo disidente tiene prevista este martes una reunión preparatoria del pleno a la que, en principio, están convocados los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán y Carmen Llombart.

Los miembros de este bloque consideran factible la obtención de apoyos entre vocales que no pertenecen a su grupo, pero que a su juicio podrían acabar votando a dos magistrados conservadores para el Constitucional. Se basan en que algunos de ellos —como Vicente Guilarte, Roser Bach y Enrique Lucas— votaron contra la reforma que impulsó el Gobierno con objeto de que el Poder Judicial no pudiese efectuar nombramientos mientras estuviera en funciones. Estos tres vocales basaron su rechazo a la mencionada iniciativa legal del Ejecutivo en que el Consejo no había sido consultado sobre la supresión de sus propias competencias.

En el Gobierno se evitan las declaraciones públicas sobre este asunto para no añadir más presión porque entienden que es una cuestión que debe resolver el Consejo General del Poder Judicial. El Ejecutivo está preocupado por la presión que atribuye al PP y su entorno sobre los vocales del sector conservador, e incluso algunos progresistas, para que no renueven a los dos miembros del Constitucional que les corresponden antes del día 13. El Gobierno está convencido de que el PP moverá hasta el final sus hilos para intentar que el CGPJ no cumpla con su obligación de nombrar, pero a la vez cree que hay un grupo importante de vocales conservadores y todos los progresistas que, en la línea marcada por Lesmes en sus declaraciones del lunes, quieren renovar el Constitucional como les exige la ley. En el Gobierno recuerdan que lo que debería pasar ahora no es nada extraordinario, es lo que se ha hecho siempre: que el Consejo nombre dos miembros del Constitucional de forma acordada, uno conservador y otro progresista, y después el Ejecutivo renueve los dos que le corresponden, como se ha hecho con todos los gobiernos anteriores, informa Carlos E. Cué.

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Para el bloque conservador, la reforma legal que ha devuelto al Consejo la competencia de los nombramientos del Constitucional no tiene otro propósito que el de “controlar” el tribunal de garantías, con manifiesto menosprecio hacia el Supremo y la consecuencia de que su labor se vea gravemente dificultada, por la imposibilidad de cubrir bajas o jubilaciones. El núcleo dirigente de este grupo, en todo caso, ha destacado por su oposición a todo tipo de iniciativas del Gobierno en la actual legislatura. A ojos del Ejecutivo, por tanto, su existencia y su actuación no se dirigen a la salvaguarda del sistema judicial, sino a entorpecer la tarea del propio Ejecutivo, por razones meramente ideológicas que anteponen a cualquier otra consideración el deseo de desgastarlo.

Para tratar de favorecer el acuerdo, se va a proponer en el pleno del jueves que se vote a la vez al magistrado que proponga el sector conservador y al que presente el bloque progresista. Ahora bien, el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, no llevará una propuesta en firme a votación hasta que no conste que se ha alcanzado un pacto sobre ese tándem. Lesmes declaró el lunes que esas designaciones “han de hacerse necesariamente”. Esa tarea le está suponiendo que se le atribuya el deseo de facilitar los objetivos del Gobierno a cambio de un puesto en el Constitucional, objetivo que desmintió el lunes calificando de “indecente” que se “prevaliera del cargo para obtener esa ventaja”. Lo que ha hecho Lesmes es hablar con vocales del sector conservador para tratar de convencerlos de que no deben bloquearse los nombramientos.

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