Lesmes se moviliza para desactivar el intento de conjura de un sector conservador del Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afrontará este jueves el pleno convocado para elegir a dos magistrados del Constitucional, al que se llega con un alto grado de incertidumbre. El presidente del Consejo, Carlos Lesmes, reactivó el martes sus contactos con varios vocales para impedir que prospere cualquier intento de impedir la renovación del tribunal de garantías. En paralelo, sin embargo, los miembros del sector conservador del órgano de gobierno de los jueces mantuvieron en la noche una cena en la que se examinaron distintas alternativas, pero siempre desde el convencimiento de que no se dan las circunstancias para tales designaciones. La conclusión del encuentro fue que antes de hablar de candidatos se tiene que pactar cómo se los elige, es decir, con qué procedimiento de votación. Ello equivale a bloquear este primer pleno, aunque el grupo conservador subraya que aceptará “llegar a acuerdos debidamente consensuados” si se respetan “los tiempos de decisión del Consejo”, lo que deja abierta la posibilidad del pacto.

La cena del sector conservador partió del núcleo duro de dicho grupo, compuesto por siete vocales, los que en julio votaron en contra del nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Se trata de José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán y Carmen Llombart, quienes en esta ocasión extendieron la invitación a otros tres miembros del Consejo a los que atribuyen una visión igualmente crítica hacia la estrategia seguida por el Ejecutivo para conseguir la renovación del Constitucional. Estos tres vocales conservadores son Wenceslao Olea, Juan Martínez Moya y Vicente Guilarte, quien, sin embargo, dijo no haber sido convocado. De ellos, solo asistió Martínez Moya.

El propósito de la reunión era analizar el posible desarrollo del pleno extraordinario convocado para el jueves y tratar de conjurarse para dar una respuesta común ante este intento de renovación del Constitucional desde el órgano de gobierno de los jueces. En el sector progresista, las actuaciones del bloque conservador, incluida su reunión de anoche, han sido vistas como una maniobra exclusivamente tendente a imposibilitar, o como mínimo complicar en extremo, la posibilidad de que el Constitucional pase a tener una mayoría progresista. Ese sería el resultado de que ahora se renovara con la designación de los dos magistrados que le corresponde nombrar al Poder Judicial y los otros dos que debe nombrar el Gobierno.

El bloque progresista del Consejo sí es partidario unánimemente de nombrar a los dos magistrados del Constitucional, y, según fuentes de este sector, ya tiene el visto bueno de al menos cinco magistrados del Supremo que aspiran al tribunal de garantías. La idea es acudir al pleno del jueves con uno o dos candidatos, pero no quieren poner ningún nombre en firme sobre la mesa hasta conocer los candidatos del sector conservador. Para que salgan adelante los dos nombramientos, hacen falta 12 votos, y ningún bloque en solitario suma este número, por lo que el acuerdo pasa por que consejeros de una y otra sensibilidad se avengan a votar a su candidato y a uno del otro sector.

Mientras el Consejo actual podía hacer nombramientos discrecionales, este tipo de negociaciones era habitual y culminó con éxito en la mayoría de las ocasiones. Los pactos se planteaban con muchos días de antelación, a veces con semanas, pero esta vez está todo en el aire a 24 horas del pleno. Vocales progresistas admiten que daban por hecho que los conservadores, o al menos Lesmes, moverían ficha en agosto para buscar un acercamiento, pero el mes transcurrió sin llamadas y a finales de la pasada semana saltaron las alarmas. El lunes, dos vocales de este grupo intentaron indagar con el propio presidente del Consejo, pero no sacaron nada en claro, señalan estas fuentes., que consideran “muy difícil” que haya acuerdo el jueves. “Tenemos poco tiempo, nos hemos puesto tarde”. No obstante, la opción de que Lesmes consiga convencer a tres conservadores para alcanzar un acuerdo con los progresistas sigue abierta. Lesmes mantuvo el martes contactos con varios vocales para intentar que finalmente no se ponga en riesgo la oportunidad de que el Poder Judicial ejerza las competencias parciales que ha recuperado para efectuar nombramientos.

El presidente del Consejo ya dijo el lunes que se oponía a que el Consejo se declarara “en rebeldía”, y consecuentemente ha redoblado esfuerzos para conseguir que a lo largo del actual mes de septiembre se desbloqueen dichos nombramientos. Desde el sector progresista se le ha querido facilitar la negociación mediante la anticipación de los nombres que se pueden tener en cuenta para la negociación con los conservadores. De entrada, los cinco magistrados del Supremo que tienen el respaldo del grupo progresista son Pablo Lucas, José Manuel Bandrés, Ángeles Huet, Jacobo Barja de Quiroga y Eduardo Espín.

Los conservadores, en cambio, siguen aferrándose a la idea de que no hay candidatos que puedan presentar, porque algunos de los que han sido sondeados durante las últimas semanas han rechazado presentarse, entre ellos Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Supremo. Sin embargo, hay miembros del alto tribunal pertenecientes al ámbito conservador que sí han hecho llegar al Consejo el mensaje de su disponibilidad para ocupar una plaza en el Constitucional si obtienen el respaldo necesario para ello. En este grupo están Rafael Fernández Valverde, recientemente jubilado como magistrado de la Sala III del Supremo y como vocal del propio Consejo del Poder Judicial, Francisco Marín, Diego Córdoba e Inés Huerta, y en medios judiciales se da por hecho que podría haber más candidatos en cuanto se viera que las negociaciones avanzan.