Conjura en el CGPJ

Las noticias procedentes de la institución más importante del poder judicial siguen siendo funestas: nada invita a rebajar la alarma que este periódico ha expresado repetidas veces. La conspiración armada por un grupo de vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial para dilatar la renovación del Tribunal Constitucional tiene una finalidad irreconciliable con un sistema democrático en el que los jueces actúan con independencia del poder ejecutivo para cumplir con la ley (en lugar de conculcarla). España ha vivido la experiencia de encarcelar a dirigentes políticos en activo por desobedecer abiertamente la ley, como sucedió en Cataluña y sentenció en su momento el Tribunal Supremo con altas penas de cárcel por sedición. Hoy son juristas y magistrados del órgano de gobierno de los jueces nombrados en su día a propuesta del PP —José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán— quienes han impedido cumplir la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en el Parlamento el 27 de julio para renovar los miembros del Constitucional que le corresponden al Consejo antes del 13 de septiembre, es decir, hoy termina el plazo.

Este lunes este grupo se limitó a comunicar los dos nombres que participarán con el sector progresista en una nueva comisión destinada a negociar “las bases” sobre las que debe discurrir “el diálogo” a partir de este martes. No es solo una práctica dilatoria: es un sabotaje perpetrado desde la cúpula del poder judicial que prolonga la mayoría conservadora que hoy tiene el Tribunal Constitucional y que legítimamente debería pasar a ser progresista, en una alternancia preservada durante más de 40 años de democracia. La incomprensión europea ante la actual situación se ha expresado en diversas ocasiones por voces autorizadas. Volvió a ponerse de manifiesto con una carta de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, dirigida al presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. En ella le instaba sin reservas a acabar con la “desesperada situación” del poder judicial español, en alusión a los casi cuatro años del bloqueo, y recordaba también que en ningún caso el funcionamiento de las instituciones del Estado puede formar parte del debate político y, menos aún, “ser rehén de ese debate”.

La renovación del Constitucional se debe completar con los dos nombres que corresponde proponer al Gobierno, y esa ha sido la práctica común, tanto con gobiernos socialistas como populares. Incluso fue un gran capitán de la derecha como Jose María Aznar, quien dejó en suspenso el nombramiento de dos jueces de este tribunal porque su mandato de presidente estaba en funciones tras perder las elecciones el PP frente a José Luis Rodríguez Zapatero en 2004.

No hay precedentes en esta democracia de un obstruccionismo ilegal e irresponsable como el que se está produciendo en este momento y que sume al CGPJ en un desprestigio corrosivo e inédito. La ejemplaridad social esperable en tan altos representantes del poder judicial no está en entredicho; está directamente descartada tras la decisión de expresar sus diferencias con el Gobierno incumpliendo una ley aprobada por los representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados. Es imposible digerir civil, moral y políticamente que quienes tienen en el cuerpo central de sus funciones la aplicación de la ley la ignoren cuando les afecta.