Un mediador en Bruselas

El Gobierno y el Partido Popular se vieron ayer para reactivar las negociaciones de cara a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano constitucional que gobierna la justicia y que el pasado diciembre cumplió cinco años con el mandato caducado, una situación inédita en la democracia española. El ministro Félix Bolaños y el diputado del PP Esteban González Pons se reunieron en Bruselas con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en el papel de mediador. Esta escenificación fue exigida por el PP, que tiene a Bolaños a su disposición todos los días en Madrid, después de haber puesto el grito en el cielo porque los independentistas de Junts exigieran negociar la investidura de Pedro Sánchez en el extranjero y con un mediador internacional.

La teatralidad, aceptada por el Gobierno con tal de avanzar en la renovación, busca trasladar la imagen de una España presa de tal nivel de caos institucional que necesita de la UE para el funcionamiento del Estado de derecho. Es un relato irresponsable, que tiene muy poco recorrido tanto en Bruselas como en España, pero que aparentemente el PP necesita para justificarse a sí mismo cumplir con sus obligaciones constitucionales después de cinco años de boicot a la renovación del CGPJ. Llegados a este extremo, cualquier posibilidad de acabar con la situación de degradación del órgano de gobierno de los jueces debe ser bienvenida.

Los votos del PP en las Cortes son imprescindibles para la renovación, pues la Constitución exige la aprobación por tres quintos de las Cámaras. La reiterada negativa popular al acuerdo mantiene una mayoría de vocales conservadores e impide que la voluntad popular expresada en las urnas se traslade al órgano: la actual composición corresponde a la mayoría absoluta de Rajoy de 2011. Hay 43 candidatos ya elegidos por la judicatura que llevan años esperando esa votación parlamentaria. El PP ha disfrazado de excusas esta parálisis a lo largo de los años. La última, en octubre de 2022, fue la reforma del delito de sedición, un asunto sin ninguna relación, pero que dinamitó un acuerdo ya cerrado entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. El PP clama que el Gobierno no es un negociador fiable, pero los precedentes no dejan en buen lugar al partido de Feijóo.

El último argumento de los populares es que junto a la renovación se debe cambiar el sistema de elección —Bruselas ha dicho siempre que primero renovar y luego reformar— para que sean las asociaciones judiciales directamente las que elijan a los vocales, sin que las Cortes —el único poder soberano— tengan ninguna participación. Las asociaciones mayoritarias en la judicatura son conservadoras, luego este sistema también favorecería al PP. Desde 1985 no se ha cuestionado que sean las Cortes las que decidan entre las propuestas de los jueces. El PP, con mayoría absoluta, hizo modificaciones a la ley en 2013 y no incluyó estas reformas que, cuando gobierna el PSOE, resultan ser imprescindibles. No hay ninguna directriz europea que unifique cómo se deben hacer estos nombramientos.

El CGPJ no puede hacer nombramientos mientras está en funciones y hasta octubre se acumulaban 85 vacantes entre Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y tribunales superiores de justicia, lo que provoca graves retrasos y perjudica a los ciudadanos. El Gobierno y el PSOE se han abierto a la posibilidad de cambiar el método de elección, pero siempre que primero se haga la actual renovación. Hay que aceptar que, mientras el PP disponga de minoría de bloqueo, el actual sistema de elección no es operativo. Pero no se puede abordar su reforma bajo el chantaje de quien lo ha dinamitado.