Alberto Núñez Feijóo exigió el pasado diciembre a Pedro Sánchez, durante el último encuentro en privado entre el jefe de la oposición y el presidente del Gobierno, que la Comisión Europea desempeñara un papel de mediadora como condición sine qua non para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, bloqueado desde hace más de cinco años. El líder del PP acudió a esta fórmula para reengancharse a la negociación tras la última ruptura argumentando que no podía fiarse del Gobierno. El comisario de Justicia, Didier Reynders, asumió el rol de juez entre las partes pero, tras el anuncio de que adelantará su excedencia diez días para aspirar a la Secretaría General del Consejo de Europa, el PP resta importancia a esa tarea de intermediación, que en adelante ejercerá la vicepresidenta comunitaria Vera Jourová.

Los populares dejan ahora en un segundo plano el papel que juega el mediador de la Unión Europea. “Reynders no es lo importante, lo importante es Bolaños. Estamos a un tuit de que haya un acuerdo”, enfatizan fuentes de la dirección del PP, para indignación de los negociadores del PSOE. De hecho, Ferraz insiste en que están “negociando con el formato elegido por el PP, el mediador elegido por el PP y los plazos asumidos por el PP”, censuran fuentes de la dirección del PSOE. “No hay excusas o dilaciones posibles”, aseguran.

El tuit al que aluden en el gabinete de Feijóo pone la piedra sobre el tejado de Félix Bolaños. Los populares piden al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia un anuncio público y de compromiso férreo por parte del Gobierno para cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ. “El PP no se va a mover”, insisten fuentes de la cúpula popular. Mientras La Moncloa no asuma esa condición, los populares aseguran que nada sirve la figura del mediador, pese a la exigencia expresa de Núñez Feijóo. Génova se dirigió en un primer momento a Reynders para “convencer” a los socialistas sobre esa modificación legislativa, que es un asunto sobre el que el ministro Bolaños defiende estar alineado con la posición comunitaria. “Lo que dice la Comisión, que es la posición del Gobierno de España, es que hay que renovar ya, con carácter urgente el Consejo General del Poder Judicial”, afirmó el ministro en marzo. “Y, acto seguido, iniciar un proceso de diálogo para buscar los mejores estándares en relación con los vocales jueces del Consejo. Esa es la posición del Gobierno de España y de la Comisión Europea”, concluyó.

La ley establece desde 1985 que el Congreso y el Senado eligen a los 20 vocales del Consejo. Los 12 vocales jueces son seleccionados por ambas cámaras de una lista que proporcionan los propios jueces a través de la recogida de avales o de las propuestas de las asociaciones judiciales. El PP reclama que esos 12 vocales del CGPJ sean designados directamente por los miembros de la carrera judicial, quitándole así todo poder decisorio al Parlamento. “Nos hemos comprometido a negociar. Si hay voluntad real de acordar los dos aspectos, debería haber posibilidades”, afirmó este lunes el portavoz de Partido Popular, Borja Sémper, en rueda de prensa. Los “dos aspectos” suponen tanto la renovación pactada de los vocales entre ambas partes con el sistema actual, como el acuerdo sobre la nueva fórmula pero con unos plazos tasados. “Queremos una garantía de que es la última vez”, advierten desde el entorno de Feijóo. “Ahora dicen ‘ya lo iremos viendo”, agregan.

Hay fuentes gubernamentales que creen que al PP le puede pasar en este asunto como con la petición que hicieron a la Comisión de Venecia para que tomara partido en la ley de amnistía. El órgano consultivo del consejo avala el espíritu de la norma, pero critica entre otras cuestiones su trámite de urgencia. Las principales asociaciones de jueces, conservadora y progresista, hicieron la semana pasada un llamamiento para que se alcance un acuerdo y, en los últimos días, el Gobierno y el PSOE han redoblado la presión sobre los populares con el argumento de que la situación de la justicia es insostenible. “El PP bloquea la Constitución. Volvería a hacer un llamamiento a la responsabilidad. Mucha intención [en renovar], no tienen”, criticó este lunes la portavoz del PSOE, Esther Peña, en rueda de prensa, informa Manuel Viejo. ”Agradecemos que la Comisión Europea haya comunicado que continúa en su papel de mediadora para renovar el CGPJ. Estamos negociando con el formato elegido por el PP, el mediador elegido por el PP y los plazos asumidos por el PP. Esperamos cerrar un acuerdo muy pronto que ponga fin a esta crisis”, aseveraron fuentes de la dirección socialista.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013, tres años después de las recomendaciones dadas por el Consejo de Europa para avanzar en la despolitización de la justicia, una reforma del Poder Judicial que mantuvo en manos del Parlamento la elección de los 20 vocales. En cualquier caso, Reynders pide a España “renovar” primero y “reformar” después. En octubre de 2022, el acuerdo para desbloquear el Poder Judicial tras la llegada de Feijóo a Génova estaba prácticamente cerrado. Según el PP, faltaban algunos flecos como la redacción final de la proposición de ley por la que el Congreso ordenaba al nuevo CGPJ que en seis meses debía elaborar un informe no vinculante sobre el nuevo método de elección de los vocales para que los jueces ganaran peso en el sistema. Aquel acuerdo saltó por los aires según los populares por la inminente reforma de los delitos de malversación y sedición en el Código Penal, como una justificación más de la larga ristra de excusas aducidas por el PP.

Empiezan las comparecencias en el Senado

El recurso al comisario de Justicia por parte del PP no se limita a la negociación del CGPJ. Este martes arrancan el la Comisión conjunta de Constitucional y Justicia del Senado las comparecencias de expertos jurídicos solicitadas por la ley de amnistía y, en un primer momento, los populares planearon llamar a la Cámara alta a Reynders, pero terminaron por descartar esa baza precisamente por su labor de mediación entre el Gobierno y el PP y porque tendría que renunciar pronto a su cargo, como ha ocurrido este lunes. Las ocho personas propuestas por la formación de Feijóo para opinar en contra de la medida de gracia son finalmente juristas y catedráticos de Derecho del ámbito jurídico español.