El grupo parlamentario del Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición de ley para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El PP insiste en que sean los propios jueces y magistrados quienes designen a los 12 vocales de extracción judicial, que se incrementen los requisitos para ingresar en la carrera y que se introduzcan incompatibilidades con el desempeño de un cargo público. Algunas de las medidas que recoge el texto, sin embargo, estaban dentro del acuerdo que la formación de Alberto Núñez Feijóo pactó con el Gobierno en octubre, en el marco de las negociaciones para renovar el Poder Judicial y que acabaron saltando por los aires con la salida unilateral de los populares.

El PP mantiene la negativa a renovar el mandato de los miembros del Poder Judicial, caducado desde hace más de cuatro años pese a la obligación que dicta la Constitución. “La propuesta de Feijóo es dotar de más independencia al poder judicial”, ha dicho Juan Bravo, vicesecretario económico del PP, este martes en una entrevista en TVE, en la que ha reiterado que esa renovación no se ha producido porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo lo que “había prometido que no iba a hacer”; esto es, la supresión del delito de sedición y su sustitución por un nuevo tipo penal de desórdenes públicos agravados.

Según la propuesta de los populares, serían los propios jueces y magistrados los que elijan a los 12 vocales del turno de procedencia judicial. Una condición que el PP ya había demandado con anterioridad, pero que no había materializado en una proposición de ley concreta. Por lo que el texto presentado en la Cámara baja, registrado el 30 de diciembre y avanzado por El Mundo, supone un paso más en sus aspiraciones. También exigen que no puedan aspirar a estos puestos quienes hayan ocupado un cargo electo o político en los últimos cinco años.

La iniciativa de los populares, no obstante, recoge que el Congreso y el Senado seguirían eligiendo a los ocho vocales del turno de jurista por mayoría de tres quintos. Se introducen además otros requisitos para poder acceder a otros puestos de la carrera judicial. En concreto, se eleva a 15 años el tiempo de ejercicio requerido para poder optar a una plaza en los distintos Tribunales Superiores de Justicia, y 20 años para el Tribunal Supremo. “Hemos registrado una proposición para que recuperemos el verdadero sentido de la separación de poderes que recoge la Constitución. Pero, sobre todo, para proteger también al poder judicial de políticos como Pedro Sánchez, que lo único en lo que piensan es en cómo pueden controlar otros poderes y los controles que tienen los organismos independientes”, ha afirmado Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria del PP, en una conferencia de prensa, también este martes.

El debate sobre el sistema de elección de los jueces ha sido recurrente desde que este órgano se constituyó. El Tribunal Constitucional avaló en 1986 en una sentencia el método aprobado en 1985, que consiste en que desde el Congreso y el Senado designan, a partir de una lista de candidatos, a los 12 jueces y magistrados que serán vocales del CGPJ.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido a la propuesta de los populares, desde Sevilla: “Llevamos más de cuatro años con ese incumplimiento [de la Constitución], que se está produciendo por un partido que tiene vocación de gobierno. Y, por tanto, hacer un llamamiento a la reputación de todas las instituciones para que se renueven. El Consejo General del Poder Judicial ha de recuperar la normalidad, como hemos hecho a final del año con el Tribunal Constitucional”. Una crítica a la que se ha sumado el PSOE en redes sociales: “¿Qué nos van a traer los Reyes Magos? Excusas y más excusas para seguir bloqueando el CGPJ”, han censurado los socialistas a través de Twitter.

En la proposición de ley presentada por el PP, los populares justifican su propuesta por la “línea reclamada por las instancias europeas a sus países miembros con el fin de mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, la percepción de la independencia judicial y el compromiso de las fuerzas políticas en contribuir a la mejora calidad democrática”. Bruselas ha exigido a España que acometa una reforma en el sistema de elección de los jueces, pero también ha demandado que primero se renueve el actual Consejo General del Poder Judicial, algo que Feijóo ha rechazado hacer desde que llegó a la presidencia del principal partido de la oposición. El líder del PP llegó a afirmar a principios de diciembre que mantenía bloqueada la renovación del Poder Judicial “para protegerlo” del Gobierno de Sánchez.

Un cambio que piden desde 2011

El PP ya incluyó como promesa en su programa electoral de 2011, cuando Mariano Rajoy concurrió como candidato a la Presidencia del Gobierno, que fuesen los jueces quienes designasen a los magistrados. Pero, una vez dentro del Ejecutivo, y con mayoría absoluta, no llevaron a cabo estos cambios. En su lugar, nombraron a los nuevos vocales, ya en 2013, de acuerdo al sistema vigente.

Cinco años después, en 2018, el PSOE y el PP de Casado pactaron la renovación del Consejo con una mayoría progresista y presidido por Manuel Marchena, magistrado de tendencia conservadora, también conforme a la normativa actual. El pacto no fraguó porque se filtró un mensaje que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, envió a los senadores populares, justificando el acuerdo porque así el partido iba a poder “controlar la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás”. Marchena renunció y así empezó la larga senda del bloqueo institucional que llega hasta la fecha dejando un reguero de excusas aducidas por los populares para no renovar el CGPJ.

Poco después de la salida de Marchena, los populares también plantearon una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ similar a la registrada ahora mediante enmiendas incorporadas a una iniciativa planteada por Ciudadanos para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. El texto fue rechazado en diciembre de 2018 por 176 votos y apoyada por los 164 parlamentarios presentes del PP y el partido naranja. La proposición de ley registrada por el PP a finales del año que acaba de terminar tampoco tiene visos de prosperar al no contar, en principio, con los apoyos necesarios en la Cámara baja.