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El PP saca adelante la reforma del Poder Judicial con toda la oposición en contra

Los grupos consideran que el Gobierno ha cometido “un atraco” contra la independencia judicial

El Grupo Socialista recurrirá la reforma de Gallardón ante el Tribunal Constitucional

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, conversa con el diputado socialista Manuel Chaves durante el pleno del Congreso. EFE

Una de las reformas más polémicas del Gobierno, la del Consejo General del Poder Judicial, ha sido aprobada esta mañana en el Congreso de los Diputados con el rechazo unánime de la oposición. Los votos del PP, junto a UPN, han bastado para sacar adelante las nuevas reglas que regirán el funcionamiento y composición del órgano de gobierno de los jueces. 

Pasado el mediodía el marcador del Congreso ha arrojado esta votación: Síes, 183; noes, 140. Los portavoces han tildado la norma de “atraco a la independencia del Poder Judicial”, porque arrebata al órgano de gobierno de los jueces su poder y le exime de control parlamentario, convirtiéndose en una delegación del Ministerio de Justicia.

El PSOE, en voz de su portavoz de Justicia, Julio Villarrubia, ha anunciado que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional. No estará solo, porque parte de la oposición quiere sumarse a esta denuncia como ya ha señalado la portavoz de UPyD, Rosa Díez, y el portavoz de Justicia de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares. La protesta de la oposición por este cambio del CGPJ es compartido por todos los actores del mundo judicial.

La nueva norma estará vigente cuando el próximo mes de septiembre se renueve el Consejo, que será elegido por las Cortes por una mayoría de tres quintos; solo con los votos del PP con su actual amplia mayoría le basta y le sobra. El nuevo Consejo no actuará como ahora con miembros a plena dedicación, sino que solo seis serán titulares y, por tanto, con dedicación exclusiva; los demás, hasta 20, serán a tiempo parcial y tan solo serán remunerados por sus asistencias.

“Es más fácil controlar a seis que a 20”, ha señalado el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, muy beligerante al igual que Julio Villarrubia, portavoz de Justicia del PSOE. Los nombramientos de los jueces y magistrados para los distintos tribunales quedan en manos del Gobierno, según la visión del diputado socialista.

Prejuicios, es lo que ve el diputado del PP Leopoldo Barreda en las críticas de la oposición, además, de no terminar de asumir que el PP ganó las elecciones y tiene una mayoría parlamentaria que le han dado las urnas. Por lo demás, todo son ventajas, según el PP: “Más eficacia, más agilidad, más ahorro, más pluralismo”. El comienzo del procedimiento para la renovación comienza al día siguiente de la entrada en vigor de esta ley, y las Cámaras tendrán un mes para elegir entre las propuestas de las asociaciones.

Prejuicios o no, Villarrubia del PSOE proclama que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “ha hecho la contrarrevolución más allá de lo que la Constitución permite”. Las 26 enmiendas que se han introducido en el Senado han sublevado aún más a la oposición porque, a decir de Gaspar Llamazares, “convierte el Consejo en una delegación del Ministerio de Justicia”.

Ni en el Congreso ni el Senado se han atendido las demandas de los grupos nacionalistas de contemplar los consejos autonómicos, que contemplan varios estatutos de autonomía, como han lamentado Emilio Olabarria del PNV, Montserrat Surroca, de CiU y Joan Tardà, de ERC.

Varios portavoces han utilizado el término “atraco” para describir lo que ha ocurrido con el órgano de gobierno de los jueces. “Asalto y atraco”, ha dicho Olabarria; “se ha llegado hoy al final del atraco a la independencia del Poder Judicial”, ha dicho Rosa Díez. “Se ha terminado con el bipartidismo porque el PP se ha quedado con todo”, ha sentenciado Díez.

En ausencia del ministro de Justicia durante el debate, lo que fue criticado, aunque sí ha participado en la votación, el diputado de Esquerra Joan Tardà ha sentenciado: “El Mariscal Gallardón ha conseguido una aplastante victoria contra la independencia de los poderes del Estado”.

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