El año en el que estalló la crisis de la justicia

En tiempos de crispación política y en pleno ciclo electoral, el poder judicial estaba llamado a ser el pilar estable del sistema. Pero la justicia ha entrado en combustión en 2023, asolada por incendios con múltiples focos que le han llevado a protagonizar una de las crisis institucionales más graves de la reciente etapa democrática. El poder ejecutivo y el legislativo lo han situado en medio de la actualidad con medidas como la proposición de ley de amnistía, los ataques a jueces por parte de representantes políticos o la falta de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha cumplido cinco años con el mandato caducado. Pero los fuegos se han avivado también desde dentro con pronunciamientos y movilizaciones insólitas impulsadas, en casi todos los casos, por las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras y por el CGPJ, liderado por un grupo de vocales propuestos por el PP que ejercen una oposición activa al Gobierno.

Nunca antes se había vivido un enfrentamiento tan palpable y sostenido en el tiempo entre el poder judicial y los otros dos poderes del Estado, sobre todo el ejecutivo. El choque no es nuevo y era previsible cierta tensión entre un Gobierno progresista de coalición y un poder de tendencia mayoritariamente conservadora y gobernado por un órgano elegido, en 2013, bajo la mayoría absoluta del primer Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero la confrontación ha ido a más y se ha desbocado en los últimos meses, sobre todo a raíz de la proposición de ley de amnistía a los encausados del procés y las referencias al lawfare (persecución judicial a los adversarios políticos) recogidas en el acuerdo firmado entre Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.

Esas dos medidas han provocado una respuesta crítica sin precedentes por parte del poder judicial. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria y de tendencia conservadora, difundió un comunicado en el que consideró que la amnistía es “el principio del fin” de la democracia. Ese pronunciamiento llegó cuando ni siquiera se conocía el contenido de la proposición de ley pactada entre el PSOE y sus socios parlamentarios, solo la intención de presentarla. Con la misma anticipación se expresó el CGPJ, donde los vocales conservadores forzaron la celebración de un pleno extraordinario del que salió una declaración institucional contra la medida de gracia. El texto, al que se opusieron los vocales progresistas del órgano, sostiene que la amnistía supone la “abolición” del Estado de derecho y lo convierte “en objeto de mercadeo al servicio del interés personal” de Sánchez.

Un pronunciamiento así difícilmente habría salido adelante con un órgano de gobierno de los jueces renovado. No solo porque no habría la actual mayoría conservadora (diez frente a seis), sino porque no es habitual que el CGPJ entre en un enfrentamiento tan directo con el Ejecutivo. Ni siquiera lo fue con el actual Consejo en sus cinco años de mandato oficial o en los primeros de prórroga, bajo la presidencia de Carlos Lesmes, un magistrado conservador (ocupó altos cargos en los Gobiernos de José María Aznar) que gobernó el órgano con mano firme (“autoritaria”, según se quejaban alguno de sus miembros) y frenó muchos arrebatos de los vocales más impulsivos. Pero la dimisión de Lesmes, en octubre de 2022, liberó a su grupo de esa autoridad y dejó el liderazgo de este sector en manos de un núcleo de vocales que exhiben en sus pronunciamientos e intervenciones públicas una clara animadversión hacia el Gobierno de coalición.

El bloqueo del CGPJ es la consecuencia más grave de la polarización política, pero, en los últimos meses, ese Consejo agonizante se ha convertido también en uno de los actores más posicionados de ese enfrentamiento. Para ello ha sido clave el retraso en la renovación, que ha ido descomponiendo el órgano y favorecido al ala más conservadora y crítica con el Ejecutivo, que ha ganado peso con las sucesivas salidas por dimisiones (dos), fallecimientos (uno) y jubilaciones (dos). Las bajas han caído todas del lado progresista (los vocales Victoria Cinto, fallecida en junio de 2022; Concepción Sáez, quien dimitió en marzo de este año; y Rafael Mozo, jubilado en julio) o en el sector más moderado dentro de los conservadores (además de Lesmes, el vocal Rafael Fernández Valverde, que se jubiló el año pasado).

Un ejemplo de la evolución del Consejo al que aluden miembros del órgano es lo ocurrido con la renovación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El grupo más crítico de vocales propuestos por el PP ya se opuso a su nombramiento en su primera designación, en julio de 2022, pero se impuso, por 12 votos a siete, el aval institucional defendido por Lesmes. Hace unas semanas, el grupo crítico consiguió por primera vez que el Consejo rechazara la designación de un fiscal general del Estado.

El propio presidente interino del órgano, Vicente Guilarte, designado en julio pasado por ser el vocal de más edad (70 años), ha llamado al orden en público a los suyos. “Asumamos también nuestra neutralidad, a menudo distorsionada, pues la independencia judicial es bidireccional: no a las injerencias suyas en lo nuestro, pero tampoco a las nuestras en lo suyo”, señaló hace unas semanas en un acto en el que, en presencia del nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, había pedido a los políticos que dejaran al poder judicial fuera de su enfrentamiento partidista. “Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz”, reclamó, días después de que en el Congreso y el Senado se escucharan ataques directos contra algunos jueces en boca de parlamentarios de Junts, pero también del PP.

Estos episodios han llevado a que Bolaños se haya afanado en sus primeros días en el cargo en defender la independencia y la labor de los jueces en público y en privado (llegó a llamar a algunos de los magistrados del Supremo señalados por la portavoz de Junts, Míriam Nogueras). El cambio de ministro supone un intento por parte del Gobierno de tender puentes y pacificar las relaciones entre los tres poderes. Para ello será clave la renovación del CGPJ, que el PSOE y el PP se han comprometido a abordar en los próximos días, aunque la condición impuesta por los populares de reformar el sistema de elección para que los jueces elijan directamente a los 12 vocales jueces, sin intervención de las Cortes, complica el pacto. Pero incluso con el CGPJ renovado, el Gobierno tendría enfrente al ala más conservadora de la carrera, liderada por la mayoritaria APM, a la que están afiliados alrededor de 1.340 de los 5.343 miembros de la judicatura (datos a 1 de enero de 2023), y que está en pie de guerra por la amnistía y las comisiones de investigación del Congreso en la que los independentistas pretenden que se cite a declarar a jueces a los que señalan de ejercer lawfare.

Estos dos asuntos provocaron hace unas semanas protestas sin precedentes ante tribunales de toda España, impulsadas por los jueces decanos que ampararon su iniciativa en el comunicado suscrito por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo el mismo día que el PSOE registrara la proposición de ley de amnistía. “El Estado de derecho en el que se fundaron la Unión Europea y nuestro orden constitucional exige el absoluto respeto a la división de poderes”, señaló el alto tribunal, que tendrá que estudiar la aplicación de la medida de gracia a los líderes independentistas encausados por el procés. El malestar en el Supremo venía ya abonado, además, por la precariedad que atraviesa el órgano debido al veto legal a nombrar nuevos magistrados mientras el CGPJ no se renueve. El año acaba con 86 vacantes en la cúpula judicial, 24 de ellas en el Supremo, que ha emitido varios comunicados en los que considera “insostenible” la situación.

El malestar laboral se ha extendido a todas las capas de la Administración de Justicia y llevaron a la anterior titular de esa cartera, Pilar Llop, juez de carrera, a acabar el mandato asfixiada por movilizaciones de prácticamente todos los operadores jurídicos, que reclamaban mejoras salariales y laborales. Llop consiguió cerrar un acuerdo con los letrados de la Administración de Justicia (con incrementos de sueldo de hasta 450 euros al mes) y frenar en el último momento una huelga de jueces, pero Bolaños ha heredado el conflicto que mantienen abiertos otros cuerpos, sobre todo el de los funcionarios, con los que el nuevo equipo de Justicia ya ha empezado a negociar para intentar cerrar uno de los frentes que pueden ahondar en la crisis de la justicia.