La libertad de morir

El 5 de mayo de 2023, la OMS, siete millones de muertos oficiales después (en verdad se calculan 20 millones), dio por finalizada la pandemia de covid-19. Mariana Mazzucato, presidenta del Consejo sobre la Economía de la Salud para Todos de esa organización, escribió en este diario acerca del rol que deberían tener los gobiernos ante una nueva pandemia. Hablaba sobre la necesidad de cambiar la relación entre el sector público y el privado para que, ante esa situación, las vacunas o medicamentos necesarios no se rijan solo por la ley del mercado. En la Argentina atravesamos una epidemia récord de dengue: 210.000 casos desde comienzos de año, cuatro veces más que en ese periodo de 2023, 160 muertos. Existe una vacuna. Se aplica en vacunatorios privados. Cuesta 130 euros. El sueldo promedio es de 190. El repelente, que evita la picadura del mosquito transmisor, está agotado. Semanas atrás, se ofrecían “rociadas” a cinco euros: uno pasaba por un sitio, le rociaban repelente, pagaba y seguía su camino. No hay campañas de prevención por parte del Gobierno. Nadie conocía al ministro de Salud hasta que días atrás dio una entrevista. Dijo que la vacuna no se incluirá en el plan de vacunación, pero que “si tu médico te hace una receta para que te inocules (...) está más que permitido. Es una decisión personal”. No hace falta receta: solo dinero. Agregó que el stock de repelentes depende de los fabricantes, pero que el Gobierno ―cuyo presidente, Javier Milei, cree que “el Estado es una organización criminal”―, ha tomado una medida: permitir su importación. El 27 de mayo se celebrará la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra para discutir, entre otras cosas, protocolos pandémicos. Los habitantes del planeta no saben qué será de ellos cuando llegue la próxima peste, pero si eso sucediera dentro de los siguientes cuatro años ―lo que dura el mandato de Milei―, los argentinos llevaremos ventaja: sabremos que vamos a morir.